Los fondos dedicados a estas obras en 2021 se quintuplicaron en comparación a los destinados cinco años antes. Sin embargo, no devolver el agua al planeta pasará factura en unos años.
Por Carmen Maldonado Valle
Tomar agua del planeta es parecido a prestar dinero sin intereses. El cobrador no querrá obtener más de la cuenta, sino que se le pague tanto como se le pidió. Si esto no sucede, se queda sin fondos y se requerirá acudir a otro prestamista de ser necesario.
Lo mismo sucede con perforar pozos en Guatemala: son sostenibles cuando se devuelve a la Tierra tanta agua o más de la extraída para llegar a los hogares, pero en este caso no hay un prestamista alternativo y si se acaba el recurso, no hay más qué hacer.
Esa escasez ya llegó y se muestra de modo paulatino en el país, pues según el censo de 2018, para entonces uno de cada cuatro hogares no tenía acceso a agua. Para intentar solucionarlo, Guatecompras muestra una inversión anual cada vez mayor en pozos mecánicos por parte de las municipalidades, y así es como pasaron de destinar Q41 millones 566 mil 799 a esto en 2016 a Q223 millones 953 mil 192 en 2021. En cinco años, el presupuesto dedicado a excavar para encontrar agua creció cinco veces.
Esta práctica no está mal, explica la hidróloga, Sharon van Tuylen, pero sí se vuelve dañina cuando no se realizan los mismos esfuerzos para devolver el agua al subsuelo y así lograr un equilibrio. Lo define como un fondo común de donde todos absorben como si fuera infinito, cuando en realidad se agota. Esto fue comprobado por la Fundación para la Conservación del Agua de la Región Metropolitana de Guatemala (FUNCAGUA).
En 1978, se debían cavar 162.9 metros para encontrar agua. En 2020, cuando Funcagua midió, la distancia aumentó a 269.6 metros (una cuadra más, pero hacia abajo). “El problema no es quedarnos sin agua, sino quedarnos sin agua limpia. No pagamos la deuda al subsuelo, pero ¿cómo vamos a exigirle un control de esto a públicos y privados si en Guatemala no hay una ley específica?”, pregunta la directora de la entidad, María José Iturbide.
Si los recursos limpios en el acuífero se acaban, casi no habrá alternativas, porque según el Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), al menos nueve de cada diez fuentes naturales están contaminadas. La situación no apunta a resolverse en el corto plazo, porque en 252 de los 340 municipios el ministerio de Ambiente no registra plantas de tratamiento autorizadas.
El país tiene al menos 13 cuerpos legales donde se menciona el manejo de los recursos hídricos, incluidos la Constitución, el Código de Salud, el Código Municipal, el Código Penal y reglamentos como el de descarga de aguas residuales, la ley de protección del medio ambiente y política de promoción del riego.
No existe una ley de aguas y ninguno de los anteriores norma la instalación de pozos. Lo más cercano es el capítulo V del Código Civil, donde la única regulación es guardar dos metros entre cada perforación en áreas urbanas y 15 metros en el campo. También se debe cuidar no hacerlos a menos de 100 metros de una fuente natural o a menos de 40 metros de un edificio ajeno, pero esta prohibición se elimina al obtener un permiso en el municipio.
No se establece un responsable para supervisar el cumplimiento de estas condiciones y, como el resto de los reglamentos, no determina cómo se devolverá el agua extraída del acuífero. No hay un límite de pozos establecido y como los funcionarios pueden hacer solo cuanto la ley les permita, no se les puede exigir un registro de estas estructuras ni mediciones de agua subterránea. “El problema empieza en no tener regulación, continúa en falta de información y eso dificulta saber cómo actuar para no acabarnos el agua limpia”, continúa Iturbide.
Plan A y B son iguales
Para el especial “Agua que no has de beber”, Ojoconmipisto monitoreó la administración acuífera en las dos ciudades más pobladas de cada departamento. De las 44 alcaldías, 37 brindaron información sobre su principal medio de abastecimiento.
De ellas, 13 dependían por completo del agua subterránea, dos no tenían datos y 22 dependían de cuerpos hídricos naturales. Al preguntarles qué harán si se secan, 16 no sabían, cuatro comprarían pipas y 12 optarían por abrir otros pozos o hacer más profundos los existentes hasta encontrar agua.
Lo último ha sido una práctica frecuente en las últimas dos administraciones, pues desde 2016 han destinado Q821 millones 851 mil 525 a hacer o ampliar pozos mecánicos, divididos en 535 eventos adjudicados, según Guatecompras. Uno de los más recientes es el de San Mateo, Quetzaltenango, valorado en Q76 mil.
El alcalde, Elvin Cifuentes, ve en esto una solución para abastecer a los pobladores porque después de la perforación envía el agua a un tanque de mampostería para acumularla, clorarla y así llevarla hasta los hogares. “No la devolvemos al suelo, ahí sí le quedo mal. Para nosotros esa es la manera de captarla y no tenemos cómo cambiarla”, admite.
La falta de manejo sustentable de los recursos hídricos se traduce en cada vez más lugares sin acceso a agua limpia. De acuerdo con el Banco Mundial, esto perjudica a todas las poblaciones, pero más a las del corredor seco, porque las sequías se prolongarán y eso pondrá en peligro el riego de los cultivos y el acceso al saneamiento. La situación se agravará para 2050, cuando se prevé una disminución de un 30 por ciento en las lluvias a causa del cambio climático.
No todo es caso perdido porque “siempre es buen momento para hacer recarga hídrica y educar a los vecinos para no desperdiciar el agua, pero el manejo sustentable por parte de las municipalidades debe empezar ahora y no hasta estar sedientos”, concluye van Tuylen.
De las alcaldías anteriores (las más pobladas), solo dos dijeron tener un plan maestro para manejar el agua con responsabilidad y tres —Sololá, Tecpán y Salamá— hacen campañas de reforestación para captar la lluvia a través de los árboles.
Mientras el resto de las comunas se une, la inversión en pozos sigue en ascenso. En los primeros cinco meses de 2022, 17 municipalidades en Petén, Guatemala, Jutiapa, Alta Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango y Quiché adjudicaron 40 eventos para hacer más perforaciones. En esto gastaron Q69 millones 277 mil 254.
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