Todos pueden concursar en el municipio para ejecutar un proyecto, pero tienen prevalencia quienes pagan por la papelería porque “cumplieron con todos los requisitos”.
Por Carmen Maldonado Valle
En San Miguel Acatán, Huehuetenango, realizar una obra no es un gasto por completo porque para participar en los concursos convocados por la comuna, esta cobra a los proveedores para obtener el formulario donde expondrán sus propuestas. Quienes no quieran el documento también pueden participar, pero tienen menos posibilidades de ser adjudicados.
Los cobros se hacen cuando se convoca a dos modalidades: cotizaciones, cuando el proyecto costará entre Q90 mil y Q899 mil 999, y licitaciones, cuando superará los Q900 mil. La entidad publica las bases y especifica en ellas qué requiere, no solo respecto al servicio o producto a adquirir sino también en cuanto a los documentos a presentarse para tomar en cuenta la propuesta.
Uno de ellos es el formulario donde el interesado ordena qué incluye su oferta y da a conocer el precio por su trabajo. Este, en el caso de las cotizaciones, cuesta Q1 mil, y si se trata de una licitación, Q2 mil. Ambos se adquieren en el palacio edil y no se reembolsan si el proveedor no resulta adjudicado.
“Cada corporación municipal puede decidir cómo gestionar sus ingresos y la nuestra decidió cobrar por los formularios. Es legal porque no obligamos a nadie a adquirirlos”, justifica Baltazar Nicolás, el director de planificación. Quienes no quieran comprar el documento también pueden ofertar, pero la junta calificadora les bajará puntos.
A decir de Nicolás, cuando los oferentes adquieren su formulario, se les da una forma 7-B autorizada por la Contraloría General de Cuentas y así el cobro es lícito. Estos documentos también los tienen municipalidades como la de Villa Nueva donde, según la dirección de comunicación, se utilizan como “recibos de ingresos varios” para entregar a quienes pagan arbitrios.
Los pagos por parte de los proveedores no siempre se hicieron, porque los concursos en Guatecompras anteriores a la administración actual no presentan esta condición. Además en 2020, cuando aparecieron por primera vez, el precio por los papeles era menor: Q600 por los de cotización y Q1 mil por los de licitación.
El costo aumentó en noviembre de 2020. La primera cotización donde se aplicó fue por la compra de repuestos para maquinaria, donde participó un oferente (Repuestos y Servicios del Camionero, S. A.), mientras la primera licitación donde ocurrió esto fue la construcción de un mercado, también con una interesada en ejecutar la obra (Marly Martínez Vásquez), registra Guatecompras. Al preguntarle al director de planificación por qué cambió el precio, negó saber la razón.
El artículo 4 de la Ley de Contrataciones del Estado (LCE) describe a Guatecompras como el portal donde se incorporarán “de manera continua y dinámica las herramientas y formularios electrónicos necesarios para cada fase de los procesos de adquisición pública” y la consulta de la plataforma será “pública, irrestricta y gratuita”.
Para Marvin Flores, analista de transparencia de Acción Ciudadana, el cobro por los documentos para ofertar va en contra de la LCE porque “la razón de ser de Guatecompras es crear una competencia justa, pero en vez de eso en esta institución pasan dos filtros: el de quienes pueden comprar el papel y el de quienes pueden ir hasta Huehuetenango porque no obtienen el formulario de otro modo”, explica.
También lo ve como una violación al artículo 10 de la ley de acceso a la información pública. En él se establece que los datos relacionados con procesos de cotización y licitación deben publicarse porque se trata de información de oficio. Por estas prácticas, añade Flores, la comuna se arriesga a una sanción administrativa por parte de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
En tanto, se intentó consultar al subcontralor de calidad del gasto público, José Ramírez Crespín, sobre la legalidad de los cobros, no respondió las llamadas y por mensaje de texto prometió avisar cuando saliera de una reunión, pero al cierre de esta nota no sucedió. Al revisar las auditorías hechas por la CGC a la municipalidad desde 2020, esto no se encuentra en los hallazgos.
A la fecha, la alcaldía de San Miguel Acatán ha adjudicado 19 cotizaciones y siete licitaciones donde han participado 27 proveedores. Según Nicolás, todos han comprado un formulario, entonces la entidad ha obtenido Q31 mil por vender papelería. José Heberto González es el jefe edil.
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