Privacidad versus transparencia: el ajuste en Guatecompras protege datos de particulares, pero siembra dudas sobre el alcance de la fiscalización social.
Por Pilar Rodríguez
El Ministerio de Finanzas (MInfin) cerró un portal de consulta en Guatecompras bajo el argumento de proteger la privacidad. La decisión dejó a la ciudadanía con menos herramientas para seguir el rastro a las compras del Estado y reavivó una pugna de fondo: el límite entre el acceso a la información pública y la protección de datos personales.
La actualización no es un hecho aislado, sino parte de una serie de ajustes a plataformas estatales que limitan la fiscalización ciudadana. El 28 de abril, la SAT modificó la consulta del Registro Tributario Unificado (RTU) al exigir la fecha de nacimiento de la persona o la de constitución de la empresa junto con el NIT. Un dato que antes bastaba para obtener el documento.
Para justificar el impacto del «botón verde» de proveedores, el Minfin organizó un taller explicativo dirigido a periodistas. Aunque las autoridades insisten en que los cambios técnicos aplicados en Guatecompras son independientes de las decisiones tomadas en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, preside el directorio del ente recaudador.
Cambio de doble filo
Para Lilian Sierra, que dirigió la Secretaría de Acceso a la Información (Secai) de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (2020-2022), el cambio debe analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, señala que la Ley de Contrataciones del Estado establece en su artículo 4 Bis, que la información relacionada con las adquisiciones públicas debe estar disponible en Guatecompras. Su consulta debe ser pública, irrestricta y gratuita.
Sin embargo, considera que esto no significa que el Estado deba mantener públicamente disponible información de todas las personas que cuentan con Número de Identificación Tributaria (NIT). En especial cuando no son proveedoras del Estado ni buscan hacer negocios con instituciones públicas.
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“También se sometían, a mi criterio, abusos al divulgar información que no es de personas que son proveedores del Estado o que buscan hacer negocios con el Estado. Esa información la han dado las personas para fines tributarios”, señaló.
Durante años esa base de datos también fue utilizada por periodistas y ciudadanos como una herramienta para localizar personas y obtener información. No obstante, considera que el uso de esos datos para otros fines no necesariamente justifica que permanezcan expuestos públicamente.
Sierra sostiene que la información necesaria para fiscalizar las compras públicas no desapareció con el cambio. Los ciudadanos todavía pueden consultar en Guatecompras y en la plataforma de datos abiertos del Minfin:
- Quiénes son proveedores del Estado
- Quiénes han participado en concursos
- Quiénes se han adjudicado contratos
Frenos al acceso público
En Guatemala, acceder a la información pública ya es un camino cuesta arriba debido al incumplimiento de la Ley. Según la exencargada de la Secai, la constante rotación de personal y la falta de capacitación a los funcionarios sobre sus deberes de transparencia agravan este problema.
Por ley, la información del Estado pertenece a todos y ocultarla es la excepción. Sin embargo, Sierra señala que el país no tiene una autoridad con ‘dientes’ para garantizar este derecho ni sanciones reales que frenen a quienes niegan los datos.
Las sanciones previstas no siempre generan un efecto disuasorio, incluso cuando los casos llegan a los tribunales las consecuencias pueden limitarse a multas o penas conmutables.
La paradoja de la información
Mientras algunas instituciones restringen información que debería ser pública, también existe el riesgo contrario de que divulguen datos que no deberían estar disponibles para cualquier persona.
Por ello, la analista considera que la discusión sobre Guatecompras no debe reducirse a si se cierra o se abre el acceso a los datos. También debe preguntarse qué información es necesaria para fiscalizar las adquisiciones públicas y cuál corresponde proteger por tratarse de personas que no tienen relación comercial con el Estado.
“Tal vez sentimos que no son pertinentes porque esa información nos servía para otros fines más allá de las adquisiciones públicas, pero considero que desde el punto de vista de protección de datos se han vulnerado derechos de personas que no tienen una relación de negocios con el Estado. Ya sea como proveedores de bienes o servicios”, explicó.
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A esto se suma otra consideración: mantener bases de datos con información de personas que no son proveedoras del Estado representa un costo para las instituciones. Esos datos ocupan espacio en los servidores o servicios de almacenamiento en la nube utilizados por el Gobierno.
El cambio en Guatecompras abre un dilema central: cómo garantizar que la ciudadanía fiscalice las compras y contrataciones públicas. La meta es cumplir con esa transparencia sin exponer, como pretexto, los datos personales de gente ajena al Estado.
