Esto sucede previo a las elecciones, cuando Guatecompras y el RTU eran herramientas que permitían investigar candidatos.
Por Ojoconmipisto
Con tres meses de diferencia, el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) modificaron sus portales y con ello limitaron el acceso a información pública necesaria para investigaciones periodísticas. Todo esto ocurre en un año preelectoral.
El Minfin retiró información pública disponible en el apartado de proveedores de Guatecompras, y la SAT estableció un requisito adicional para proporcionar el RTU (Registro Tributario Unificado). Finanzas lo hizo a partir del 21 de julio pasado y la Superintendencia, el 28 de abril. Ambas hablan de proteger la información de los contribuyentes.
La fecha de nacimiento
Desde el 28 de abril, la SAT no permite consultar el RTU de una persona o de una organización, salvo que se tenga la fecha de nacimiento o de constitución. Este documento permite confirmar la actividad económica de una persona o el nombre del contador de la empresa.
El caso de B410 –por el número de compañías involucradas y que fue denunciado en agosto 2025–, se logró gracias a que la SAT confirmó que era la misma persona la que llevaba la contabilidad de varias empresas involucradas. Lo mismo sucedió con los representantes legales. Esos datos figuran en el RTU versión pública que se descarga en este vínculo.
Más información del casoB410 en esta nota: Diez municipalidades contrataron proveedores fraudulentos
El RTU de una persona particular contiene información pública como el CUI, fecha de nacimiento, nacionalidad, sector económico en el que labora, régimen del IVA e ISR. La versión privada, donde está la fotografía e información sensible como el domicilio y el ingreso anual, solo puede descargarlo la interesada en su propia agencia virtual.
La SAT respondió, en un oficio, que lo hizo “como medida de seguridad para la protección de la información de los contribuyentes en las consultas públicas disponibles en el Portal SAT, para que el interesado digite la fecha de nacimiento o constitución y el sistema valide que corresponde a la registrada en el RTU Digital”.
Sin embargo, esto no es así. Antes del 28 de abril se podía obtener el RTU solo con el NIT que, al igual que el DPI, es un número único.
Los datos en el recuadro verde
El Minfin optó, a partir del 21 de julio de 2026, dejar en el apartado de proveedores de Guatecompras solo los nombres y razón social de quienes son o han sido proveedores del Estado. Esto, que en teoría se lee como una precisión, deja fuera información pública (CUI y NIT de terceros) que permite cruzar datos e identificar a posibles actores vinculados con casos corrupción.
A manera de ejemplo: Carlos René Ayala Morales aspiró a una curul en 2015 con Viva y en 2019 con Fuerza. Su nombre adquirió relevancia cuando fue detenido en diciembre del año pasado por el caso B410. Su empresa PCS Constructores fue una de señaladas de estafar al Estado.
Si se busca su nombre en el apartado de proveedores de Guatecompras, no hay información disponible porque no figura como tal. Para llegar a él, se necesita conocer el nombre de la empresa donde figura como representante legal.
PCS Constructores ha ganado, entre el 8 de marzo de 2024 al 20 de agosto de 2026 45 concursos que suman Q74.1 millones.
La misma historia se repite con Mario Alejandro Ceballos Sosa, el dueño de CEBCO, la constructora que estuvo a cargo de la construcción del paso a desnivel de la avenida Petapa. Se trata de una firma que en su primer año como proveedor obtuvo un contrato en 2011 por Q44,025, un segundo en 2021 por Q24,900 y cuatro en 2022 que suman Q189.1 millones.
Su nombre no se encuentra cuando se hace la búsqueda en el apartado de Guatecompras. Ahora el sistema responde con 52,623 nombres de proveedores que tienen en su apellido Ceballos y/o Sosa, o las combinaciones con Alejandro y Mario.
Si no se conoce la razón social de las compañías, nombres como Carlos René Ayala y Mario Alejandro Ceballos pasarían desapercibidos.
Los nombres van y vienen
Entre el 21 de julio y el 10 de agosto, si se consultaba la información de una persona que no es proveedora del Estado o de un representante legal de una empresa que sí lo es, aparecía este recuadro:
En la semana del 10 de agosto, la situación cambió y es la que se mantiene. Al buscar el nombre de una persona, el sistema responde con un sinnúmero de nombres de proveedores que llevan alguna combinación de los nombres y los apellidos de quien se busca. En este caso: 48,688 nombres, pero no el de quien se busca.
El viceministro de Transparencia del Minfin, Carlos Melgar, explica los cambios de esta manera: “Personas que no son ni han sido proveedores del Estado cuestionaban por qué sus datos aparecían en los resultados de búsqueda y solicitaban que su información fuera retirada. También se tenía conocimiento que personas y entidades ajenas al ámbito de las compras públicas –como bancos– utilizaban esa sección para otros fines”.
La decisión del Minfin se basa en la descripción que hace el artículo 4bis de Ley de Contrataciones del Estado. Establece que en Guatecompras debe estar “publicado todo lo el proceso de compra, venta y contratación de bienes, suministros, obras y servicios” que requieran las entidades del sector público. Esto figura en la norma desde diciembre 1992.
Lilian Sierra, que dirigió la Secretaría de Acceso a la Información (Secai) del Procurador de los Derechos Humanos en 2020-2022 y ahora es consultora de ICEFI, explica que en su momento el PDH recomendó al ministerio de Finanzas revisar si la información publicada en Guatecompras cumplía lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública, vigente desde abril 2009. Pero la decisión se tomó hasta julio 2026.
A su criterio, la decisión del Minfin es una corrección y no puede ser interpretado como una limitación al acceso a la información pública.
Ojoconmipisto presentó una serie de preguntas al departamento de Comunicación del MinFin, el 7 de agosto. Respondió el 17 de agosto con el comunicado de prensa.
Se realizaron seis preguntas al departamento de Comunicación del Ministerio de Finanzas Públicas, la semana del 7 de agosto, las cuales fueron respondidas hasta el 17 de agosto en el comunicado de prensa.
