Reforma a Ley de Contrataciones arqueó cejas, pero la Anam confía que entrará en vigencia

14 mayo 2021

Miguel Ovalle sostiene que la nueva normativa busca favorecer a proveedores locales. En tanto cámaras y centros de pensamiento lo consideran un retroceso en materia de transparencia.

El presidente de la Anam, Miguel Ovalle y el mandatario del Congreso, Allan Rodríguez, se fueron de gira en los últimos días a distintos municipios para hablar de la nueva Ley de Contrataciones. Foto: Facebook Anam.

Por Isaias Morales

La Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) descarta que el presidente Alejandro Giammattei, vete las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado (decreto 4-2021) del 28 de abril. Es decir, confía en que cobrarán vigencia.

Entre estas modificaciones destaca la opción de comprar hasta Q100 mil sin realizar concurso en tanto el proveedor les presente factura a las municipalidades y otras entidades que manejen fondos públicos. Los alcaldes que dirigen la Anam y los diputados que aprobaron estos cambios figuran entre las voces que los defienden.

Pero las cámaras de Comercio y del Agro la calificaron como “un retroceso en materia de transparencia”. Por ello pidieron al presidente Giammattei vetarla porque a su criterio genera “incentivos para la discrecionalidad y la corrupción”.

Por su lado, la Cámara Guatemalteca de la Construcción aún no tienen una postura sobre el tema. Su presidente Erwin Deger Asturias dijo a Ojoconmipisto que actualmente revisan los pros y contras de esta legislación, pero el martes 17 de mayo se reunirán para manifestar si están a favor o en contra.

El presidente de la Anam, Miguel Ovalle, rechazó el comunicado de las cámaras e invitó a que se establezca una mesa de diálogo para defender la reforma que la entidad que cabildeó desde el año pasado.

Otras organizaciones y centros de pensamiento como Acción Ciudadana, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales (CIEN), y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) también se sumaron a criticar las reformas.

En cambio, Ovalle insiste en defenderla. “Es una propuesta que salió de la municipalidad de Salcajá (la cual dirige desde hace 12 años), de la práctica, salió de su equipo técnico y financiero que es ético y transparente. No creo que el Presidente la vete porque es el único que ha visitado los 340 municipios y se ha dado cuenta de los problemas que tenemos las municipalidades para ejecutar nuestro presupuesto”, manifestó.

Estos cambios promovidor por la Anam no han sido los únicos que intentaron ser aprobados en el Congreso en los últimos cuatro años. El 2 de mayo de 2017 un grupo de siete diputados de la anterior legislatura (2016-2020), entre ellos Delia Back, presentó la iniciativa 5269 la cual apoyó Edwin Escobar, el entonces presidente de la asociación.

La propuesta es similar a la de Ovalle, ya que se resumía elevar los techos de los montos en la compra de baja cuantía y la directa con oferta electrónica. En la primera buscaban elevarla a Q90 mil y en la segunda a Q150 mil. Esta se quedó estancada en segundo debate en el Organismo Legislativo en 2019.

Ovalle fue vicepresidente de la Anam entre 2018 y 2020 y logró la presidencia para el período 2020-2022. El 25 de enero, cuando ganó la contienda para dirigir la asociación, prometió cambiar la compra directa a Q150 mil. El 2 de febrero la propuesta de cambiar el techo del monto lo subió a Q200 mil

La iniciativa 5703 la presentaron integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales, entre ellos el diputado de Prosperidad Ciudadana y exalcalde de Pachalum, José Quezada, el 18 de febrero del año pasado. Luego la sala de trabajo la analizó y emitió dictamen favorable entre el 6 de junio y 30 de julio. Esta no prosperó posterior al segundo debate desde el 10 de octubre y se retomó hasta este año el 28 de abril cuando se aprobó con 88 votos.

Al cierre de esta nota el decreto 4-2021 la Secretaría General de la Presidencia aún no lo recibía para analizarlo. Según la Constitución el presidente Alejandro Giammattei dispone de 15 días una vez que reciba el documento y a partir de eso lo sancionará o vetará para que el Organismo Legislativo pueda realizarle cambios.

Recuerda ver este video: Tres puntos que deja fuera las reformas a la Ley de Contrataciones

Mirja Valdes

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