Uno de los riesgos de la nueva reforma a la Ley de Contrataciones del Estado es que compren a cualquier proveedor sin estar precalificado. El 53 por ciento de las adjudicaciones de las municipalidades son por compra directa. Ahora esto cambiará porque podrán hacerlo por la modalidad de baja cuantía.
Por Isaias Morales
Las 340 municipalidades, sus empresas y fideicomisos podrán comprar bienes o servicios hasta Q100 mil sin necesidad de celebrar un concurso. Bastará con publicarlo en Guatecompras sin cualquier requisito más que una factura del proveedor.
Lo anterior fue uno de los cambios que más críticas generó desde que los diputados del Congreso aprobaron el decreto 4-2021 que reforma la Ley de Contrataciones del Estado. Lo aprobado también modifica los techos de montos de la compra directa, cotización y licitación.
La siguiente tabla resume los principales cambios:
Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, considera que la compra directa hasta Q90 mil sí generaba transparencia. “Dejan un registro de la adquisición del proceso, y cualquiera puede competir, pero las empresas necesitaban un registro de precalificados (RGAE) para participar”, explicó.
El exfuncionario se refiere al artículo 43 de la ley que permitía comprar cualquier bien o servicio hasta por Q25 mil. “Nadie les va a poder decir nada, no podrán tener ningún tipo de reparo de la Contraloría. Antes, si adjudicaban láminas al que ofertó Q60 mil cuando había una opción de Q35 mil, más barata, por lo menos tenían qué explicar (a los auditores), a los otros participantes y la ciudadanía”.
Al respecto Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), indicó que hasta diciembre de 2015 no existía la compra de baja cuantía y que el Congreso lo implementó en 2016, algo que a su criterio no funcionó. “La compra directa permitía hacer una oferta electrónica, pero sacaba (de competencia) a los negocios locales porque en los departamentos no están acostumbrados a usar los mecanismos electrónicos (para vender insumos). Primero, porque no tienen los recursos y segundo porque los dueños no tienen la capacidad académica”, expresó.
Al consultarle a Ovalle por qué no propuso algún mecanismo de control para evitar que empresas con un giro comercial distinto o sin la experiencia lvendan al Estado, dijo: “uno debe entender que si uno va a comprar a una carnicería va a comprar carne, no botas de cemento. Lo que he dicho en diferentes ocasiones es que el que es mañoso es mañoso”.
El también alcalde Salcajá aseguró que esta es una oportunidad para que sus iguales hagan buen uso, y más ágil, de los recursos a pesar de las dudas que despierta la modificación. “Es una oportunidad para que los alcaldes les tapemos la boca a aquellos que nos han tachado de corruptos y no con palabras”.
Ricardo Barrientos, investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es crítico con este cambio porque incentiva a no ejercer control sobre la manera en que se compra. A su juicio los alcaldes realizan con mayor frecuencia las compras de baja cuantía y la Contraloría los ha sancionado por fraccionar estas adquisiciones, algo que ahora desaparecería, indica.
Una práctica para evadir concursos grandes
Las compras hasta Q25 mil son mecanismo para evadir otros procesos. Por ejemplo, en 2020 la alcaldía de Agua Blanca, Jutiapa, remodeló una calzada sin realizar cotización, sino con 69 compras de baja cuantía.
Otro caso fue el de Alotenango que entre enero y octubre de 2020 no realizó ningún concurso. Todas fueron en la modalidad de baja cuantía que sumaron un monto de Q4 millones 924 mil en ese período.
Según el Portal de Datos Abiertos del ministerio de Finanzas, el 53 por ciento de las compras que se realizaron entre el 1 de enero al 15 de abril de este año se hizo por compra directa con oferta electrónica. Ahora los que se hagan a partir de que entre en vigor esta nueva reforma lo harán por baja cuantía.
Las reformas a la Ley de Contrataciones entrarán en vigencia ocho días después de que se publique en el Diario de Centroamérica. A partir de esa fecha las municipalidades podrán gastar más dinero en menos tiempo.