Quetzaltenango mantiene un litigio con Banrural por la falta de pagos de intereses en sus cuentas municipales por Q40 millones. Esto no ha sido un obstáculo para que ocho de las diez comunas con mayores ingresos del país depositen sus recursos en esta entidad bancaria.
Por María José Longo, Mirna Alvarado y Melani Coyoy
Edición: Bill Barreto
El Banco de Desarrollo Rural (Banrural), denunciado penalmente por la municipalidad de Quetzaltenango por retrasos en el pago de intereses en sus depósitos bancarios, recibió en 2022 alrededor de Q855.33 millones (US$ 109.66 millones) del Ministerio de Finanzas en concepto de aportes del gobierno central a las diez municipalidades con más ingresos del país.
Periodistas de Ciclos CAP solicitaron información a estas diez comunas sobre las condiciones de las tasas de interés de sus cuentas y las razones por las cuales escogen a un determinado banco para guardar los fondos municipales. Sin embargo, solo cinco de las municipalidades consultadas para este reportaje entregaron información parcial al respecto.
La denuncia contra Banrural era desconocida para la mayoría de vecinos de Quetzaltenango, la segunda ciudad más grande de Guatemala. Muchos solo se dieron cuenta del cambio de banco cuando en julio de 2021 intentaron pagar los servicios de agua potable, recolección de basura, boleto de ornato o Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y les indicaron que solo lo podrían hacer en las agencias del Banco Industrial (BI).
En junio de 2021 había vencido el contrato para la administración de los fondos municipales de la comuna de Quetzaltenango con Banrural, que estuvo vigente durante diez años. En una nueva convocatoria, tres entidades se postularon y la elegida por el concejo municipal fue la propuesta del BI, banco que ofreció una tasa de interés del 3 por ciento por depósitos superiores a Q150 millones (alrededor de US$18 millones), mientras que Banrural ofrecía un 2 por ciento.
Cuando la municipalidad quetzalteca decidió trasladar el dinero del banco, advirtió que había alrededor de Q40 millones (US$5.1 millones) en intereses no depositados por Banrural durante una década. Por lo que en enero de 2022 presentó una denuncia penal que a la fecha sigue vigente.
Este antecedente provocó que este equipo de reporteras se planteara indagar en dónde depositan su dinero las diez municipalidades del país con mayores aportes del gobierno central y qué tasa de interés obtienen por sus depósitos.
Cuentas municipales bajo la lupa
Las diez municipalidades que recibieron los mayores montos por parte del gobierno central en concepto de aporte constitucional, sumaron Q1,016,71 millones (US$129.11 millones) en 2022. De los cuales el 84 por ciento fue depositado en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y el 16 por ciento restante en el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), según registros del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) consultados vía solicitudes de información pública.
Las municipalidades a las que se les requirió información para esta publicación fueron: Guatemala, Quetzaltenango, Mixco, Villa Nueva, San Pedro Carchá, San Juan Sacatepéquez, Santa Catarina Pinula, Guastatoya, Zacapa y Puerto Barrios. Las comunas que, según los reportes de Finanzas Públicas, tuvieron los mayores aportes del gobierno central en 2022.
Fondos municipales depositados en entidades bancarias durante 2022
El Código Municipal establece que las comunas están autorizadas a decidir en qué banco depositar sus recursos. Sin embargo, esta decisión debe ser tomada por los integrantes del concejo municipal con las dos terceras partes de los votos, según el artículo 107. Además, según este mismo artículo, estos depósitos deben contratarse “con una tasa de interés que esté por arriba del promedio de tasa pasiva que reporte el Banco de Guatemala al momento de realizar la operación”.
Es decir, las municipalidades deben depositar sus fondos, según el Código Municipal, en los bancos que ofrezcan una tasa superior a la que se otorga al público en general. Los datos de la tasa pasiva son registrados por el Banco de Guatemala mes a mes como parte de su política monetaria y son de consulta pública.
Moisés Gómez, economista de la división de investigación del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos (Usac), resalta las dificultades para conocer a cabalidad la tasa de interés anual o mensual que ofrecen los bancos a las municipalidades.
“Ocurre que los bancos autorizados conforme a esta ley pueden pactar libremente con los usuarios las tasas de interés, comisiones y demás cargos que apliquen en sus operaciones y servicios, así lo dice el artículo 42 (tasas de interés comisiones y recargos) del decreto No.19-2002 Ley de bancos y grupos financieros”, aseguró Gómez.
“Por mi experiencia he visto cantidades menores, Q5 millones y Q7 millones con una tasa de interés más alta, de un 5.5% o un 6%. Pero como no tenemos datos exactos del manejo de este tipo de cuentas, provoca duda la diferencia entre una cuenta individual menor y lo que pagan a la municipalidad por una cantidad mayor”, agregó.
Las respuestas sobre las arcas municipales
Cinco de las diez municipalidades consultadas para este reportaje respondieron de manera parcial a las solicitudes de información pública referidas a los saldos de sus cuentas bancarias, tasas de interés y procesos para decidir la apertura de cuentas en un banco específico. Estas fueron las comunas de Guatemala, Quetzaltenango, San Pedro Carchá, Guastatoya y Villa Nueva.
La municipalidad de Mixco pidió prórroga para la entrega de la información, pero la incumplió y entregó información parcial dos meses después del plazo de la prórroga. Las municipalidades de Zacapa, de San Juan Sacatepéquez, y Santa Catarina Pinula, ambos municipios del departamento de Guatemala; y de la cabecera departamental de Izabal, Puerto Barrios, nunca respondieron a lo solicitado.
Quetzaltenango, Quetzaltenango
La municipalidad de Quetzaltenango informó sobre la sesión del concejo en la que se decidió trasladar los fondos del Banrural al Banco Industrial. El resto de comunas respondieron que no se cuenta con los registros en las actas del Concejo o que la apertura de las cuentas se realizó en administraciones anteriores.
Según los datos proporcionados, la comuna quetzalteca recibía de Banrural, en enero de 2022, una tasa del 3 por ciento, mientras que la tasa de interés pasiva establecida por el Banco de Guatemala en ese periodo era del 3.95%.
Se pidió vía solicitud de información pública copia del contrato administrativo que se suscribió originalmente entre Banrural y la municipalidad de Quetzaltenango, alrededor del cual la comuna denunció al banco por falta de pago de intereses; sin embargo, el pedido fue denegado por la municipalidad “debido al proceso legal entre las partes”.
De igual forma se solicitó copia del nuevo contrato administrativo entre la comuna y el Banco Industrial para verificar las condiciones del mismo, pero también fue negada. La municipalidad argumentó que dicho contrato “se encuentra en proceso de análisis y verificación de las partes para la respectiva firma”.
Pese a la falta de suscripción de un contrato administrativo, la municipalidad de Quetzaltenango posee una cuenta con Q282.91 millones (US$36.18 millones) en el Banco Industrial (BI) y, aunque sigue recibiendo los aportes estatales en sus cuentas en Banrural, los traslada luego a su cuenta en el BI.
Guatemala, Guatemala
La comuna de Guatemala detalló que a través del artículo 38 del acuerdo COM-36-2022 del concejo nunicipal, se nombró a un directivo de la municipalidad para abrir o cerrar sus cuentas bancarias. En el artículo se específica que la persona designada es el director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal -DAFIN-. Sin embargo, el criterio para la apertura o cierre de las mismas se deja a discreción de este funcionario, ya que no hay registro de una posterior votación para abordar este tipo de decisiones en el concejo.
Dentro de la respuesta de la solicitud realizada para este reportaje, la comuna explicó que en el periodo de 2019 a febrero del 2023 no habían creado una nueva cuenta bancaria.
La municipalidad de Guatemala, la de mayor presupuesto en el país, también explicó que posee 20 cuentas en diferentes bancos del sistema repartidas de la siguiente manera: nueve en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), siete en el Banco Industrial, dos en el Banco G&T Continental, una en el Banco América Central y otra en el Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Además, entregó el detalle de los estados de cuenta bancarios y aseguró que no tienen cobros de intereses pendientes, pero en sus respuestas no aclaró el monto de los intereses que percibieron por los saldos de estas cuentas.
Villa Nueva, Guatemala
Citando el numeral 6 del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta municipalidad respondió que no brindaría la información correspondiente a sus cuentas bancarias, los saldos que hay en las mismas o el procedimiento para decidir en qué banco depositan sus fondos y los intereses que reciben.
En este artículo se establece que si la información está contenida en algún documento o registro, los sujetos obligados a brindarla deben proporcionarla siempre y cuando esta no esté bajo reserva o sea considerada confidencial.
La comuna de Villa Nueva respondió que “no se encontró punto de acta relacionado a lo solicitado”, es decir, al requerimiento de copia de las actas del concejo municipal en el periodo 2019-2023 en el que se decidió en qué banco la municipalidad coloca su dinero.
Sin embargo, por requerimientos de información realizados al Ministerio de Finanzas Públicas se estableció que hay registro de depósitos por Q99.78 millones (US$12.76 millones) en Banrural, pero no hay reportes de la tasa de interés que recibe la comuna o si tras la recepción de estos fondos en cuentas de Banrural éstos son trasladados a otros bancos.
Gustatoya, El Progreso
La municipalidad de Guastatoya tiene dos cuentas en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural) y siete en el Banco G&T Continental, según los reportes proporcionados por la misma comuna para este reportaje. Los ingresos de aportes los reciben en cuentas de Banrural, que en 2022 registraron un saldo de Q84.16 millones, según reportes del Ministerio de Finanzas.
Esta comuna negó la información sobre los saldos de las cuentas de la municipalidad y el pago de intereses recibidos por estos depósitos, así como la tasa que reciben por ellos. Esto con base en los artículos 22 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública que establece como confidenciales los registros designados así por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
Sin embargo, la confidencialidad de las operaciones que establece la Ley de Bancos aplica a “los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos”, según el artículo 63 de esta normativa, y no a la municipalidad de Guastatoya a la que se le requirió la información.
La comuna también informó que no cuenta con contratos administrativos para el depósito de sus cuentas en los bancos, ni registros de éstas en las actas del concejo municipal en el periodo comprendido entre 2019 y 2023. Por último, señaló no tener intereses pendientes de cobro con ningún banco.
San Pedro Carchá, Alta Verapaz
Al consultar vía solicitudes de información pública a la municipalidad de San Pedro Carchá sobre el estado de las cuentas municipales, la comuna remitió a la información de oficio que se encuentra en su portal electrónico.
De acuerdo con los registros, a marzo de 2023 estas cuentas tenían un saldo de Q7.5 millones (US$959 mil), de los cuales Q7.48 millones (US$956 mil) se encontraban en la cuenta única del tesoro de esa comuna. Por otra parte, los registros del Ministerio de Finanzas reportan aportes por Q64.2 millones (US$ 8.21 millones) a cuentas de Banrural para esa municipalidad en 2022.
La comuna también respondió que en los archivos municipales no se encontraron las actas de reuniones del concejo entre 2019 a 2023 en las que se haya decidido la entidad o entidades bancarias donde colocaron sus fondos. Tampoco detalló las tasas de interés que recibe en las cuentas vigentes.
El secreto mejor guardado
A la municipalidad de Mixco se hizo la solicitud electrónica con las mismas consultas sobre las cuentas municipales y se llamó a la Oficina de Información Pública para darle seguimiento. El 19 de abril solicitaron una prórroga de 10 días más para la entrega de la información, pero al terminar ese plazo no habían entregado una respuesta.
La municipalidad de Mixco entregó la información requerida dos meses después de que venció el plazo de la prorroga, a pesar de la demora, entregó los datos incompletos, no informó sobre la tasa de interés bancarios por las cuentas de la comuna.
El balance financiero de la comuna de Mixco, al 31 de marzo de 2023, registraba en 26 cuentas bancarias Q75.5 millones, la mayoría del dinero en la Cuenta Única del Tesoro Municipal que tiene Banrural, son Q67.1 millones.
En la respuesta tardía a la solicitud de información pública, la comuna entregó solo la página dos del acta del Concejo donde se aprobaron los servicios bancarios, el documento es de fecha 17 de febrero de 2010. No se detalla el nombre del banco y tampoco el acuerdo sobre los intereses. Además, la Oficina de Información Pública entregó una hoja más que es ilegible.
De igual forma, el equipo de periodistas del CAP envió el 31 de marzo la solicitud electrónica de información pública a la municipalidad de Zacapa; para esto se utilizó la dirección de correo que tienen registrada. La comuna no respondió al pedido y en consultas telefónicas con la recepcionista de la Unidad de Información Pública, se indicó que únicamente atendían preguntas sobre el pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y colgó.
Tampoco hubo respuesta a los requerimientos de información realizadas vía correo electrónico y llamadas telefónicas a las municipalidades de San Juan Sacatepéquez, Guatemala; Puerto Barrios, Izabal; y Santa Catarina Pinula, Guatemala.
Restricciones a la información sobre las cuentas municipales
Otto Vargas, auditor, contador y coordinador de la Mesa de Competitividad de Quetzaltenango, considera que “las municipalidades deberían informar a la población qué se hace para guardar su dinero, bajo qué convenios se contratan los servicios bancarios y cuáles son las diferencias entre los ahorros comunes y los de este tipo ”.
Con esto concuerda Edgar Camposeco de la facultad de Economía del Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. “Las municipalidades, de acuerdo a las normas de control interno gubernamental, no pueden utilizar efectivo (excepto caja chica). Por consiguiente, los recursos deben estar en cualquier banco autorizado por el sistema bancario”, explica.
“No hay un dato exacto de los intereses, los mismos pueden ser más o menos (variables) si el banco le ofrece otro tipo de servicios, como por ejemplo, el cobro de servicios municipales a “costos bajos”. En ese caso debe firmarse un convenio por aparte”, dijo Camposeco.
El experto en finanzas señala que es importante que la población comience a fiscalizar y utilizar las herramientas legales para obtener información sobre los intereses que se pactan entre las municipalidades y los bancos porque esto tiene un impacto directo sobre los fondos municipales que provienen de la ciudadanía.
Para el especialista en información pública, Silvio Gramajo, la negativa de las municipalidades a brindar registros como los convenios suscritos entre las municipalidades y los bancos podría recaer en el delito de retención de información, establecido en el artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Gramajo también resaltó el mal uso de algunas municipalidades de la causal de confidencialidad contenida en la LAIP sobre el tipo de información confidencial según la Ley de Bancos y Grupos Financieros. “Esta causal se puede utilizar si, por ejemplo, se solicita información de personas o sociedades al Crédito Hipotecario Nacional o al Banco de Guatemala, pero la información pedida es sobre recursos públicos en instituciones públicas, así que no aplica”, explicó Gramajo.
El especialista también resaltó que la Ley de Acceso a la Información Pública busca transparentar la toma de decisiones políticas y que las autoridades ediles no pueden tomar atribuciones que no se encuentren fijadas por la ley. “Si los concejos municipales han tomado decisiones no contempladas en la ley se exponen a hallazgos de la Contraloría General de Cuentas”, comentó Gramajo.
Este texto se realizó en el marco del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP) sobre Democracia en Centroamérica.
