La organización Diálogos presentó una propuesta de diez ejes para que el MP recupere su institucionalidad, sobre todo la confianza de la población.
Por Pilar Rodríguez
La sociedad civil está a la espera de la recuperación de la institucionalidad en el Ministerio Público (MP). El tanque de pensamiento Diálogos presentó este 28 de mayo un “decálogo” para la nueva administración del MP bajo la dirección del recién nombrado fiscal general, Gabriel García Luna.
El insumo propone diez acciones. Entre otras “contemplan el saneamiento administrativo y financiero, la restauración de la carrera y la ética fiscal, el rediseño del plan de persecución penal”.
Daniel Haering, analista político e investigador del tanque de pensamiento a cargo, dirigió la conversación y participó en un panel junto a Julio Prado, abogado y experto en derecho penal.
La intención de las acciones propuestas tiene una meta: devolver a los ciudadanos la confianza en el sistema de justicia guatemalteco.
Reemplazar cantidad por eficiencia
Dentro de las acciones que Diálogos propone, se encuentra la recuperación y reestructura de la política territorial del ente investigador.
En la actualidad, las agencias del MP en todo el país “funcionan como sedes burocráticas subutilizadas cuya principal función es desestimar casos menores para inflar estadísticas”, aseguran.
“La gestión de Porras presume presencia en los 340 municipios, pero dejó agencias inoperantes, con personal mínimo y sin vehículos”, explican en el documento. “Se debe implementar un protocolo de gestión territorial para transformarlas, de modo que dejen de ser filtros de desestimación y pasen a ser nodos que recopilen inteligencia criminal local”, proponen.
Tenemos esta nota: Los expedientes municipales que aguardan al nuevo Fiscal General
Anteriormente, Ojoconmipisto reportó sobre los desafíos estructurales que enfrenta la celeridad de la justicia.
En la conversación, Samari Gómez, abogada y consultora independiente, explicó que las denuncias más comunes a nivel municipal suelen ser sobre retrasos en la ejecución de obras, cuestionamientos sobre la calidad de los proyectos, posible sobrevaloración de materiales o fraccionamiento de contratos. “El 99 % de las denuncias de 2024 fueron desestimadas”.
Gómez opinó que el nombramiento de nuevas autoridades en el MP no resolvería por sí solo la desestimación sistemática de las denuncias que recibe el ente investigador.
Haering concordó: recuperar la confianza de la población en el sistema de justicia y alcanzar resultados, mencionó durante el panel, no es trabajo únicamente del Ministerio Público. Para obtener resultados, deben involucrarse instituciones como la Contraloría General de Cuentas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria e incluso la recién creada Superintendencia de Competencia.
Los demás ejes
Además de sugerir una renovación en la política territorial, el tanque de pensamiento también trabajó otros nueve ejes que pueden ayudar a la reconstrucción del MP:
- Reducir compras directas y arrendamientos sin justificación, y transparentar contrataciones.
- Reinstalar a algunos de los más de cien fiscales despedidos sin justificación y depurar contrataciones por afinidad política. Con ello, revertir la destrucción al mérito profesional en la carrera fiscal.
- Reestructuración de las fiscalías.
- Diseñar un plan de persecución penal basado en evidencia y análisis territorial, enfocado en macrocriminalidad, corrupción y crimen organizado.
- Revisar y cerrar expedientes considerados espurios contra periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y autoridades indígenas.
- Implementar modernización tecnológica en los sistemas de análisis criminal
- Crear nuevos modelos de gestión de casos, sustituir el modelo basado en desestimaciones rápidas por uno centrado en investigación de calidad, litigio efectivo y estándares mínimos antes de archivar denuncias.
- Garantizar la transparencia de datos y demostrar resultados en la persecución de casos que afectan directamente a la ciudadanía.
- Restablecer vínculos con organizaciones sociales y de derechos humanos, crear canales seguros de denuncia, fortalecer la protección y atención integral a víctimas y testigos.
