El nuevo fiscal Gabriel García Luna deberá enfrentarse a un sistema que promueve la desestimación de casos. Estas son las denuncias municipales que esperan su gestión.
Por Pilar Rodríguez
El nombramiento del nuevo titular del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, tendrá efecto en las municipalidades. “Prácticamente ninguna denuncia de corrupción, fuera a nivel de gobiernos pasados o de gobiernos locales, prosperaba”, recuerda Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana.
“Esa famosa eficiencia, incluso el 116%, tenía que ver con esa política de ignorar o no conocer las denuncias, simplemente desestimarlas y dejar a cero la mora”, describe. Contabiliza, además, centenares de denuncias sin resolver. El nuevo fiscal deberá afrontar esa desestimación sistemática.
Lo que más se denuncia
Samari Gómez, abogada y consultora independiente, explica que las denuncias por presuntas irregularidades en municipalidades suelen darse con patrones similares. Las enumera:
- Retrasos en la ejecución de obras
- Cuestionamientos sobre la calidad de los proyectos
- Posible sobrevaloración de materiales
- Fraccionamiento de contratos
- Señalamientos por contrataciones vinculadas a autoridades municipales
“La mayoría de ellas tienen que ver con incumplimiento en tiempos de ejecución de obra, calidad en la ejecución, sobrevaloración en materiales y algunos temas relacionados con fraccionamiento de obra pública”, amplía.
Los casos pendientes
Marroquín indica que uno de los casos pendientes de atender en el MP es el de Santiago Atitlán, Sololá. En octubre de 2025, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró vacante el puesto del alcalde luego de que las autoridades ancestrales y parte de la corporación municipal desconocieron al jefe edil. Lo señalan por presuntos abusos de autoridad, corrupción y negligencia administrativa.
Menciona también el caso de La Antigua Guatemala. En 2025, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció ante la Fiscalía Contra la Corrupción a la comuna por una posible malversación de fondos relacionada con la adquisición de 53 vehículos sin proceso de licitación.
Cuando se bloquea el acceso a la información
Gómez considera que, ante los casos en los que instituciones públicas bloquean el acceso a la información pública y estos casos son remitidos a una fiscalía, lo que se espera es «un MP objetivo, imparcial y que realice investigaciones rigurosas que sancionen a quienes verdaderamente incumplan las leyes».
Espera que se le dé el mismo tratamiento a todas las denuncias .»Tan importante es un caso de violación como un caso de retención de información», analiza. «Se consideran conductas delictivas ambas y deben ser investigadas y sancionadas, en caso corresponda».
Denuncias desestimadas y obstáculos en el proceso
La abogada Gómez explica que uno de los principales problemas identificados durante el acompañamiento legal es el alto número de denuncias desestimadas. “El 99 % de las denuncias de 2024 fueron desestimadas”, afirma.
Identifica un patrón en varios de los casos en los que participó directamente: las primeras diligencias de investigación dependían de información proporcionada por las propias municipalidades denunciadas.
El argumento para desestimar es porque la propia alcaldía informa que lo que se está denunciando no es cierto, sostiene. “Es contradictorio preguntarle al propio señalado sobre aquello de lo que se le acusa. Claro que es una diligencia necesaria, pero la investigación no puede quedar solamente ahí”.
Más allá del relevo en el MP
Para Gómez, el nombramiento de nuevas autoridades en el MP no resolvería por sí solo las limitaciones observadas. El desafío, indica, no solo pasa por cambios de liderazgo sino por políticas de investigación criminal que permitan investigaciones más profundas y objetivas.
Marroquín concuerda, señala deficiencias en otras instituciones como la Contraloría General de Cuentas. Los casos de posible corrupción suelen salir primero a la luz por denuncias ciudadanas y cobertura mediática antes que por auditorías oficiales.
Analiza que dicha institución también requiere cambios de liderazgo y de procesos para prevenir irregularidades antes de que se consuman.
