Aunque el país obtiene 65 puntos en el Índice de Transparencia en Infraestructura, un informe de CoST evidencia deficiencias en proyectos hospitalarios.
Por German Carranza
Guatemala obtuvo 65 de 100 puntos en el primer Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI), elaborado por la Iniciativa de Transparencia en Infraestructura (CoST). La calificación ubica al país cerca del promedio regional en apertura de datos sobre obras públicas.
Además, CoST presentó los hallazgos de su Décimo Informe de Revisión Independiente de Proyectos, enfocado en infraestructura hospitalaria.
Un índice para medir la transparencia
El índice evaluó 60 proyectos de 30 instituciones públicas, seleccionadas por su alta inversión.
El análisis incluyó sectores como salud, educación, desarrollo, ámbito municipal e infraestructura, entre otros. También tomó en cuenta distintos tipos de entidades: instituciones descentralizadas y autónomas, gobiernos locales y el gobierno central.
La metodología mide cuatro dimensiones clave:
- Ambiente facilitador
- Capacidades y procesos
- Participación ciudadana
- Divulgación de información
En el resultado nacional, Guatemala obtuvo 65 puntos. Ese puntaje la coloca por debajo de Costa Rica (67), pero por encima de Honduras (63), Panamá (48) y El Salvador (37).
En el ranking por entidad, la municipalidad de Guatemala lidera la lista con 81.12 puntos, seguida por la municipalidad de Huehuetenango con 80.58.
Entre las conclusiones del informe destacan varios problemas estructurales.
- El marco normativo ofrece condiciones legales adecuadas para la transparencia y las plataformas de contratación concentran información importante. Sin embargo, esto no se traduce en mejores resultados.
- El informe advierte sobre la falta de personal técnico, la alta rotación de funcionarios y procesos poco sistematizados.
- La participación ciudadana a lo largo del ciclo de vida de los proyectos sigue siendo baja.
Obras de salud en pandemia: sobrecostos y sin usar
El Décimo Informe de Revisión Independiente de CoST analizó seis proyectos de infraestructura hospitalaria ejecutados entre 2020 y 2023.
“Identificamos inconsistencias desde el diseño hasta el uso de las obras”, explicó Fernando Castañaza, consultor del equipo que realizó la revisión.
En la etapa de planificación, los proyectos no contaban con estudios de diseño completos. En muchos casos solo se publicó el nombre del diseñador, sin planos ni especificaciones técnicas.
Tampoco hubo evidencia de que los concursos exigieran criterios orientados a garantizar la operatividad y el mantenimiento de los hospitales.
A esto se suma que los presupuestos no incluyeron costos de mitigación de riesgos ni de impacto ambiental.
“Estas deficiencias ponen en entredicho el uso de cientos de millones de quetzales del erario y pueden traducirse en obras poco funcionales que no benefician plenamente a la población”, advirtió Castañaza.
Deficiente planificación
En uno de los proyectos, con un costo superior a Q252.8 millones, se destinaron Q18 mil para el diseño. “Un presupuesto que difícilmente permite estudios de suelo, planos detallados o análisis especializados”, explicó el consultor.
Los contratos registraron modificaciones significativas en monto y plazo, sin explicaciones. El informe documenta sobrecostos de entre 15 % y 19 % en cuatro proyectos y ampliaciones de plazo que oscilaron entre 17 % y 90 %.
El informe también señala que no se aseguraron recursos para la operación y el mantenimiento de los nuevos hospitales, un riesgo que compromete su funcionamiento a largo plazo.
Incluso acceder a información adicional fue complicado. Solo el 5% de las solicitudes hechas a las instituciones obtuvo respuesta. Para Castañaza, esto refleja “una muy baja respuesta de las entidades, una limitada publicación de información y un incumplimiento de la normativa vigente”.
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