Por solicitud del sector construcción, la municipalidad de Guatemala creó una normativa para volver los planos arquitectónicos de los edificios, información confidencial.
Por Jimena Porres
Con ocho votos a favor y cuatro en contra, el concejo municipal de Guatemala aprobó la Normativa para la Gestión de Información Confidencial y Reservada Municipal. El acuerdo busca establecer lineamientos para la “adecuada gestión de la información pública”.
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Durante la presentación, el jefe de la Unidad de Información Pública, Cristian Omar López Contreras, dijo que nació de la preocupación de la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC). La entidad observó el incremento de solicitudes de planos arquitectónicos, estructurales, memorias de cálculos, diseños electrónicos e información técnica de proyectos.
El documento define la información confidencial como aquella entregada al sujeto obligado (la municipalidad de Guatemala) bajo garantía de confidencialidad o secreto profesional, comercial o industrial. Está basado en la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, así como los aplicables del artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública.
La normativa toma en cuenta la información que no se considera confidencial: dictámenes, opiniones técnicas, licencias, autorizaciones, contratos y convenios. Señala que la divulgación de datos confidenciales no podrá entregarse a personas distintas a las titulares, excepto en los casos de autorización expresa de los propietarios, orden emitida por autoridad judicial y mandato legal.
Norma redundante
Ninotchka Matute, concejala VIII por el partido Semilla y uno de los votos en contra, explicó que la alcaldía debería legislar a favor del acceso a la información. “No por el contrario y restringirla cuando la ciudadanía lo requiere”.
En ciudades como Nueva York o Berlín, los planos de los edificios son información pública. Pueden consultarlos en el portal de registros públicos de los ayuntamientos. La alcaldía capitalina dijo que esto es para proteger el diseño, sin embargo estos ya lo están en el Colegio de Arquitectos y el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala.
Para la extitular de la Secretaría de Acceso a la Información Pública, Lilian Sierra, la normativa es una extralimitación. “El ente rector que es la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), puede hacer un análisis, poner un recurso de revisión y si es necesario invalidarla”. En cuestiones de jerarquía de la ley, este acuerdo es de menor categoría.
Además, el reglamento malinterpreta el término de secreto profesional. “Cuando yo voy con un abogado, el psicólogo o al doctor, eso se califica como secreto profesional”. Pero en el caso de las constructoras que hacen una gestión ante la municipalidad, al momento de entrar en una institución pública se vuelve información pública.
