A petición del sector de la construcción, la municipalidad de Guatemala presentó un proyecto de acuerdo municipal para restringir la entrega de planos de edificios a quien lo solicite.

Por Jimena Porres
En la sesión del concejo municipal del miércoles 6 de mayo, Cristian Omar López Contreras, jefe de la Unidad de Información de la municipalidad de Guatemala, presentó el proyecto de acuerdo: «Normativa para la Gestión de lnformación Confidencial y Reserva Municipal”. Es decir, buscan restringir el acceso a la información de proyectos de construcciones.
Consta de 14 artículos y la fecha de su aprobación dependerá del alcalde Ricardo Quiñónez. Nació de la “preocupación” de la la Cámara Guatemalteca de la Industria de la Construcción (CGIC), por el incremento de solicitudes de planos arquitectónicos, estructurales, memorias de cálculos, diseños electrónicos e información técnica de proyectos. “El riesgo identificable es la vulneración de la propiedad privada, derechos de autor y la seguridad de los activos de estas empresas”, explicó López.
Reconocieron que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que todos los actos administrativos son públicos. Citaron el Artículo 24 que garantiza la inviolabilidad de los documentos privados, aunque esta se refiere a proteger “el secreto de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas, radiofónicas, cablegráficas y otros productos de la tecnología moderna”.

Según López, para que la municipalidad de Guatemala tenga la certeza y la idoneidad de la debida custodia, resguardo y conservación de estos documentos, es necesario crear el acuerdo. Lo sustenta en los Artículos 39 que protege los activos tangibles e intangibles de las empresas, y el 43 que establece la libertad de la industria y la protección de los derechos de autor resguardados por su marco legal establecido.
“Para que la municipalidad de Guatemala pueda darle una certeza jurídica a esta normativa es imperativo establecer un acuerdo municipal en el cual debemos de tener las primacías”, presentó López. Definir qué es una información confidencial, aquellos secretos profesionales comerciales o industriales. Información reservada, acceso restringido temporal por resoluciones dadas por el consejo municipal a través de una prueba de daño debidamente justificada. Datos sensibles, características físicas morales, circunstancias de la vida privada de cada persona; prueba de daño, análisis de proporcionalidad el riesgo es mayor al interés de conocer; infraestructura crítica, sistema cuya interrupción compromete los servicios esenciales.
Los riesgos del acuerdo
Según Lilian Sierra, exsecretaria de Acceso a la Información Pública (Secai), el acuerdo no es necesario. “La Constitución es clara al establecer que los datos confidenciales son los asuntos que son de seguridad nacional o el tema de los datos personales”. La información técnica sobre los edificios no lo son. “Es demasiado exagerado ponerlo en un acuerdo si ellos dicen que el riesgo identificado es esta vulneración a la propiedad privada de derechos de autor y seguridad de los activos”.
La concejala VIII por el partido Semilla, Ninotchka Matute, explicó que los planos de los edificios pueden registrarse como propiedad intelectual y tener derechos, pero que esto ya está regulado en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Durante la sesión, Matute cuestionó la motivación de “movilizar la estructura municipal para restringir el acceso a información que debería ser accesible, sobre todo cuando se corre el riesgo de desastres naturales o de ocupación de terrenos”.
López respondió que la ley no tiene un reglamento para que puedan basarse en otorgar o restringir dicha información. “La facultad de establecer qué, o bajo qué mecanismos debemos entregar o restringir la información la tiene el Concejo Municipal”.
Sierra dice que lo mejor para garantizar el acceso es hacer una evaluación de cada caso, no restringir a nivel general. “Los vecinos piden los planos porque sienten que el edificio causará un daño a sus viviendas”, ejemplificó.
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Precedente peligroso
La síndica II por el partido Unionista, María Elena Cruz Urrutia, dijo que si los vecinos piden información general de los proyectos sí la darán. “Se les va a decir que tiene 14 niveles, tiene cinco sótanos, tiene parqueo para 40 vehículos, tiene acceso para personas con discapacidades. Lo que se protege es el diseño”.
Dijo que ya tuvieron un caso de que el diseño fue copiado por otra firma de arquitectos. “Según nos han comentado, no tengo las pruebas, pero eso es lo que comentaron”.
“Consideramos que nos va a dar sobre todo al personal administrativo la certeza de qué se puede entregar y qué no se puede entregar”, finalizó Cruz.
Sierra ve esta discrecionalidad como un peligro. Si la comuna ya ha entregado los planos a través de información pública, por jurisprudencia, lo debe seguir haciendo. “No, hoy se la doy; mañana si no me conviene, no se la doy”.
Además, podría significar un retroceso en el acceso a información. “Porque si lo hace la MuniGuate, lo querrán hacer las demás alcaldías”.
Para Matute esto es resguardar intereses privados. “La municipalidad se pone de alfombra ante los requerimientos de los constructores”.
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