Se sabe que los disturbios se originaron por la inconsistencia en los datos de COVID-19, aunque vecinos y autoridades entrevistadas por la PDH apuntan otro motivo.
Por José Pablo del Águila
Luego de presentar el tablero de alertas de COVID-19 por municipio el domingo por la noche, un grupo de vecinos de San Lucas Tolimán, Sololá, provocó un incendio en la municipalidad sin que se reportaran heridos. Se quemaron nueve dependencias municipales, entre ellas la biblioteca municipal. El área afectada representa la mitad del edificio de la comuna, estima el alcalde, Jonatán López.
En una verificación, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) constató que las oficinas más dañadas fueron las de Planificación, Tesorería y la Dirección de la Mujer.
La versión difundida de momento es que los disturbios se originaron poco después de que el Presidente Alejandro Giammattei presentara el tablero de alertas y pobladores se percataran de inconsistencias en el número de casos.
López, quien cumple su primer período, dijo que de los 19 casos en el municipio, solo dos están activos. El resto ya se recuperó y ni siquiera se contagiaron en San Lucas Tolimán, sino afuera. No obstante, esto no lo refleja el tablero. Según el alcalde, se hizo la solicitud al Centro de Salud para enmendar la información y en el transcurso del día podría hacerse el cambio.
Por otro lado, Santiago Loarca, de la auxiliatura municipal de Santiago Atitlán de la PDH, entrevistó a autoridades ediles y vecinos, quienes comentaron la posibilidad de que el incendio haya sido planeado para quemar documentación que servirían de soporte para hallazgos contra la anterior administración municipal.
“Según decía el alcalde (Jonatan López), las anteriores autoridades realizaron transferencias sin soporte y se especula que hubo otro interés político que aprovecharon para provocar disturbios. Otras personas indicaron que cuando empezó la quema, algunos vecinos taparon calles principales y colocaron talanqueras para que no llegaran los bomberos”, dijo el auxiliar de la PDH.
Algo que levanta sospecha a López, también, es que la parte que primero se quemó fue la Oficina Municipal de Planificación, donde se destruyeron computadoras y documentos financieros. Dijo que ya informó de esta situación al Ministerio Público para que esclarezca el caso.
Un exjefe edil con cuatro denuncias
En el informe de auditoría del primer semestre 2019, la Contraloría General de Cuentas interpuso cuatro denuncias en el MP contra el exalcalde 2016-2020, Moisés Miza Castro. La primera es por transferir Q1 millón 583 mil 345.89 destinados originalmente a inversión para cubrir el funcionamiento de la comuna. «Esto conlleva el riesgo que proyectos planificados no se realicen», concluyeron los auditores.
La segunda denuncia es por cambiar el destino de un préstamo en 2017 de Q1 millón 862 mil. De esto, Q1 millón 268 mil 404 se utilizaría para mejorar la red de alumbrado público en el área urbana y para comprar un vehículo todo terreno, pero no existe evidencia documental de que se haya cumplido con estos dos proyectos. Al contrario, se detectó que se utilizó el dinero para otros rubros, como pago de salarios.
La tercera es porque se evidenció que se realizaron pagos por materiales y suministros de construcción por un total de Q2 millones 088 mil 987, pero no hay registros que determinen el ingreso de lo que se compró, solo vouchers de cheques a proveedores donde se especifica el concepto del gasto. No hay facturas. “No se ejecutaron obras, ni existen solicitudes por parte de la Dirección Municipal de Planificación o proyectos identificados para dichas erogaciones”, determinó la institución fiscalizadora.
Finalmente, Contraloría denunció que al 31 de diciembre de 2019 había Q5 millones 845 mil, de los cuales no existe evidencia de cómo se utilizaron. Esto porque la comuna no registra sus operaciones en el Sistema de Contabilidad Integrada de Gobiernos Locales.
Por estos hechos también fue denunciado el director de Administración Financiera Municipal, Pedro Bonifacio Alvarado.
Al consultar al jefe edil 2016-2020, Miza Castro, dijo que él es ajeno a cualquier incidente y aseguró que desde hace ocho días se encuentra trabajando en una finca de su propiedad en la costa sur. “No estoy en San Lucas Tolimán, desconozco qué pasa en el pueblo. Yo estoy trabajando en mi ganado y tomate en la costa sur”, dijo.
La encargada de investigar el incidente es la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán, informó el MP a través de sus canales oficiales.
#MPinforma
Tras los incidentes ocurridos en la municipalidad de San Lucas Tolimán, el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Municipal de Santiago Atitlán inició la investigación correspondiente. pic.twitter.com/S5SiqnKpL6— MP de Guatemala (@MPguatemala) July 27, 2020
También puedes leer: Salud cambia los parámetros y explica por qué 158 municipios están en rojo
