La reubicación de comerciantes en Joyabaj provocó los disturbios

24 agosto 2020

El alcalde tomó esta decisión con la finalidad de evitar concentraciones de personas, pero los vendedores no estuvieron de acuerdo. El caso aún se investiga.

Según el PDH, se robaron computadoras y e incendiaron mobiliario. Facebook Canal 4 TCN-Quiché.

 

Por José Pablo del Águila

 

Esta mañana un grupo de personas robó y quemó mobiliario de la alcaldía de Joyabaj, Quiché. Según el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), se trataba de supuestos vendedores del mercado inconformes con la orden de instalarse en la plaza pública frente al edificio municipal para evitar aglomeraciones.

Flavio Ruiz, auxiliar departamental del PDH en Quiché, dijo que desde el 20 de agosto tenían conocimiento de que la disposición que tomó el jefe edil, Florencio Carrascoza, de reubicar a algunos comerciantes, podía generar disturbios. “El alcalde informó a la población que iba a cercar todo el parque y solo dejaría dos entradas para que los vendedores se ubicaran con debido distanciamiento y mascarilla”, explicó Ruiz.

Los manifestantes quebraron vidrios, se llevaron computadoras y quemaron parte del mobiliario. Los disturbios comenzaron a las 8:00 horas, y debido a la falta de agentes de la PNC en el departamento, pidieron refuerzos a comisarías de Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango y Sacatepéquez. Fue hasta las 13:45 que se tomó el control del lugar.

En las últimas dos actualizaciones del semáforo Joyabaj estuvo alerta naranja. Entre el 7 y 20 de agosto realizaron diez pruebas y dos resultaron positivas. Su población es de 104,861, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), y la tasa de positivos por cien mil habitantes es de 1.91.

Al cierre de esta nota, el Ministerio Público aún realizaba el peritaje de los daños ocasionados. Se intentó contactar al alcalde Carrascoza, pero no respondió las llamadas.

Francis Masek, secretaria de Comunicación de la Presidencia, informó que la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales mantiene diálogos con alcaldes para resolver conflictos generados por las restricciones. El titular de dicha instancia, Luis Ruano, dijo que aún no tenía conocimiento del conflicto en Joyabaj y que se comunicaría con el jefe edil para ver qué necesitaba.

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Tensiones

 

Desde que entró en vigencia el semáforo de alertas, se han generado conflictos localesl por medidas que adoptan autoridades ediles, líderes comunitarios o por el nivel de alerta en el municipio.

El pasado 27 de julio vecinos de San Lucas Tolimán, Sololá, quemaron la comuna tras conocer que el municipio tenía alerta roja. De igual forma, en el último mes el sector privado protestó contra líderes comunitarios que restringen entradas a los municipios y aldeas como medida de prevención.

Carmen Rosa de León, experta en seguridad del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), consideró que estos conflictos se deben a que en el transcurso de la pandemia la comunicación entre el Ejecutivo y las autoridades municipales no ha sido efectiva.

“El problema es que los alcaldes entendieron cada uno a su manera las restricciones. No hubo un acuerdo, no hubo reuniones con el Ejecutivo que les aclarara qué tenían que hacer si se encontraban en determinada fase. Cada uno decidió resolverlo como lo consideró pertinente”, explicó la entrevistada.

Y aunque existen los Centros de Operaciones de Emergencia Municipal (COE), donde se discuten las medidas de restricción, por lo general, participan representantes de instituciones públicas y no actores de sociedad civil o de la economía informal. Esto hace que muchas decisiones sean impositivas y no consensuada, dijo De León.

Por su parte, Karin Slowing, experta en salud pública e investigadora social, agregó que cuando las alcaldías toman decisiones que afectan económicamente a un sector, debe haber diálogo suficiente para evitar problemas.

“Los COE involucran liderazgo local, no solo gubernamental. Pero eso no quiere decir que involucren a todos los actores porque a veces tampoco es práctico. Cuando se va a tomar medidas que afectan intereses económicos de vendedores, hay que preparar mejor el terreno antes de imponer”, puntualizó Slowing.

 

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