El Ejecutivo debe facilitar mecanismos de diálogo que eviten conflictos entre comunidades que buscan preservar su salud y empresas que se preocupan por las actividades comerciales.
Por José Pablo del Águila
Las restricciones de paso que impusieron autoridades ediles junto con líderes comunitarios en distintas regiones del país desencadenaron en las últimas semanas tensiones con el sector empresarial organizado.
Por un lado, vecinos organizados en Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) han colocado puestos de control en las entradas a sus comunidades. Buscan, a toda costa, evitar que se propague el COVID-19 ya que están inmersos en un contexto donde los servicios de salud son precarios y no podrían garantizarles los cuidados necesarios.
Mientras que algunas ramas del sector empresarial, preocupadas por sus actividades comerciales, protestan contra estas medidas. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), por ejemplo, manifestó en un comunicado del 11 de agosto que solo el Ejecutivo puede restringir el derecho de libre locomoción y advirtió que denunciará ante el Ministerio Púbico a quienes se atribuyan de forma ilegal estas facultades.
Según el Código Municipal, quien ejerce con exclusividad el gobierno del municipio es el concejo municipal. A este órgano se le atribuye la emisión y aprobación de acuerdos, reglamentos y ordenanzas municipal. Pueden pedir opinión de los cocodes cuando una situación importante lo amerite, pero este por sí solo no puede disponer bloqueos. Cuando lo hace es en coordinación del concejo.
Ojoconmipisto consultó cuál podría ser la ruta para proteger la salud en las comunidades, sin tener que recurrir a los tribunales. Estas son tres posibles soluciones.
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Antes que los tribunales, conciliar
En algunos municipios, los centros y puestos de salud no cuentan con los insumos necesarios proteger a la población. En Santo Domingo Suchitepéquez, por ejemplo, ni siquiera hay una ambulancia para trasladar enfermos. El personal de salud es escaso y son los Cocodes quienes rastrean casos sospechosos de COVID-19 y lo reportan a sus comunidades, cuenta el jefe edil, Marvin Pérez.
Esta experiencia la adquirieron las comunidades, muchas veces sin apoyo del Estado, y debe considerarse por el Gobierno central, considera Edgar Pérez, del Bufete Jurídico de Derechos Humanos. Por esta razón, la solución no es reprender a los comunitarios con denuncias penales, sino activar sistemas de diálogo que generen soluciones, anota.
“En un estado de derecho esas denuncias (contra cocodes y municipalidades) deben ser desestimadas. No se puede usar el poder punitivo contra las comunidades cuando lo que buscan es que el contagio no se expanda. Desde el Gobierno central, como representante dela unidad nacional, debe promoverse el diálogo”, sugiere el abogado.
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Apoyarse con sus representantes en el Legislativo
Las autoridades ediles tienen un aliado, y es el diputado de su distrito. A ellos deben exigirles que busquen formas de que se destinen recursos para atender las necesidades locales, explica Rony Linares, analista en temas municipales.
“Para eso existen los diputados distritales. No solo deben fiscalizar, sino hacer propuestas concretas para que se mejore la asignación presupuestaria en materia de salud para los municipios”, afirma.
3. El MSPAS debe asumir su rol
Karin Slowing, experta en salud pública, advierte que la responsabilidad del buen manejo de la pandemia es del Ministerio de Salud. Ellos deben dotar de insumos a los centros y hospitales en los departamentos. Además, es la cartera de salud la que debe dialogar con empresa e idear una estrategia a nivel comunitario.. “Debe haber un esfuerzo compartido para que los COCODES no se vean obligados a tomar medidas solos. El Ministerio debe encontrar salidas locales y no enfrentar a las comunidades con el sector privado. Eso va a incrementar la ingobernabilidad”, señala Slowing.
Luis Ruano, encargado de la Comisión Presidencial de Asuntos Municipales (Copresam), dijo que cuando ven que en algún municipio “se toman medidas contrarias a las disposiciones presidenciales”, se habla con el alcalde para decirle que la medida es equivocada.
“Mire, entendemos que son temores reales (de las comunidades), pero hay maneras y formas de resolverlos. Es importante que estemos apegados a derecho”, respondió al ser cuestionado.
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