La falta de políticas públicas para reintegrar a los menores de edad migrantes retornados, los empuja hacia el crimen organizado. Los que logran sobrevivir emprenden de nuevo el viaje.
Por Mirna Alvarado
A Evelin*, Bayron* y Marlon los une el anhelo de alcanzar un mejor futuro en Estados Unidos. Sufrieron la deportación y al crimen organizado: Hoy Marlon está preso, Evelin logró cruzar por segunda vez la frontera y vive con sus tíos en Estados Unidos, y Bayron, no pudo llegar, se quedó en Guatemala donde trabaja.
La realidad es que, niñas, niños y adolescentes intentan pasar el muro en busca de las oportunidades que su país no les ofrece.
Evelin
Evelin quedó huérfana a los 11 años. Su padre murió en busca del sueño americano y su mamá un año después a causa de una enfermedad crónica –insuficiencia renal–. La niña, originaria de Malacatán, departamento de San Marcos, Guatemala, quedó a cargo de sus abuelos paternos.
Abandonó la escuela tres años más tarde cuando su abuela María enfermó. Su abuelo Marcelino la llevó a la finca donde él trabajaba, para que se ocupara de las tareas simples en los cultivos de café. Fue entonces cuando escuchó que un grupo de jóvenes emprenderían el viaje a los Estados Unidos en busca de una mejor vida.
En mayo de 2020, tras cumplir 15 años decidió comenzar la travesía. Durante tres meses caminó en compañía de cinco adolescentes más rumbo a Estados Unidos, pero en Tabasco México fue detenida junto a otras personas con ella en un contenedor. Dos semanas permaneció en un refugio de protección hasta su deportación a Guatemala.
“Fue una situación bien difícil para nosotros porque no teníamos noticias de ella, se decía que en la frontera los policías habían matado a una señorita”, recordó Juana*, tía materna. Ella emprendió la búsqueda de su sobrina cuando supo que se había ido.
Evelin no había superado el trauma del retorno cuando se involucró sentimentalmente con Jario*, un hombre cuatro años mayor que ella. Al principio su relación fue buena, pero tarde que temprano los abuelos, tíos y tías comenzaron a notar comportamientos extraños en la muchacha.
“Tuvieron un noviazgo de 18 meses y de pronto descubrimos que el tipo era malo, estaba involucrado en una pandilla, se dedicaba a extorsionar a la gente y ella era la encargada de llevar los papelitos con las amenazas y los teléfonos a los comerciantes”, cuenta la tía.
Juana convenció a Evelin de que acabara con ese noviazgo y la chica lo hizo. El pandillero desapareció y ella se dedicó a trabajar en una venta de quesos. La familia pensó que el peligro estaba lejos de sus vidas, pero tres meses después Jairo reapareció e intentó hacer que la joven volviera a trabajar para él. “La amenazaba diciéndole que la denunciaría a la Policía, que ella era una extorsionista. Le mandaba papelitos con sus amiguitas de la escuela y una vez le mandó a decir que si no volvía con él iba a matar a mis papás (abuelos de Evelin). Eso nos asustó”, relató.
Desesperados por salvar a Evelin, en enero del 2022 los familiares reunieron el dinero y le pagaron a un coyote para llevara a la joven hacia Estados Unidos. “Tengo dos hermanos que viven allá y ellos pagaron la deuda de mis papás y se la llevaron. Ella ahora se dedica a cuidar niños, mis hermanos dicen que van ayudarla para que se legalice”, contó Juana.
Tres semanas después Jairo fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC), por escándalos en la vía pública. Para fortuna de Evelin, tenía tres órdenes de captura por otros delitos y ahora espera que le dicten condena.
El de Evelin es uno de los tantos casos que confirma cómo los menores de edad son un atractivo para grupos delictivos que se aprovechan de las necesidades de la población en condición de pobreza.
“Los traumas con los que los niños, adolescentes y jóvenes no acompañados llegan cuando son deportados, son muchos. Nosotros tratamos de darles seguimiento para que tengan una buena salud mental. Nuestro trabajo no es solo darles herramientas para que no se vayan sino para que comprendan que ellos tienen capacidades que pueden llevarlos al éxito”, explica Carmen Fernández, psicóloga de la Asociación de Investigación Desarrollo y Educación Integral (IDEI) que trabaja programas de reinserción y prevención de la migración en menores de edad.
Marlon
Santa Cruz Barilla, Huehuetenango, se sitúa en la frontera con México, de ahí es originario Marlon Pinto, de 22 años. Recuerda que cuando tenía 15 años se le hizo fácil cruzar sin el consentimiento de su familia. Después de caminar por varias semanas, él y el grupo del que se hacía acompañar fue detenido al llegar a San Luis Potosí, pero los guías (coyotes, polleros) lo entregaron a una organización delictiva, que se supone lo llevaría en tráiler hacia Estados Unidos.
“Me mintieron y me dejaron con unas personas que me encerraron en una bodega, no me daban de comer y apenas me daban agua. Luego me dijeron que debía trabajar para ellos y me daban cajas de dulces, pero yo no sabía que entre los dulces había sobres con droga que tenía que vender. Estuve atrapado en eso tres años. Mis papás pensaron que ya había muerto”, dice.
El 12 de noviembre de 2019 Marlon fue detenido por la policía mexicana que lo deportó a Guatemala. Lo trasladaron a su natal Huehuetenango sin ningún problema porque ya tenía la mayoría de edad. Su frustración no le permitió llegar con su familia y decidió quedarse en la cabecera departamental y al no conseguir empleo, se dedicó a delinquir.
Ahora se encuentra recluido en el Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango, ciudad en la que fue capturado cuando intentaba robar un vehículo. “Yo no tuve más remedio que robar, no quise ir con mis papás porque me daba vergüenza, no me sentía merecedor de su cariño, así que me limité a mirarlos de lejos. Pero el año pasado mi mamá vino a verme, yo no sé cómo se enteró que estaba aquí”, relata entre sollozos.
“Mi mamá es la que más viene a verme, mi papá y hermanas no mucho, pero me mandan cosas. Aquí aprendí a orar y les pedí perdón por haberme fugado y por las cosas malas que hice. También perdoné a los que me hicieron daño, me golpeaban. Dios me cuidó y no permitió que me violaran, como lo hicieron con los otros muchachos que estaban encerrados conmigo”, dice.
Pinto tiene tres hermanas, una mayor y las dos menores, desde hace un año forma parte del grupo de músicos cristianos de la iglesia pentecostal con sede en el Centro Preventivo para Varones de Quetzaltenango, toca la guitarra y canta. Lleva tres años encerrado en ese lugar y en enero el Tribunal Primero de Sentencia Penal lo condenó a ocho años más por el delito de robo agravado.
Su sentencia, como muchas, fue retrasada debido a la suspensión de los procesos judiciales durante la crisis sanitaria por Covid-19 en 2020.
De acuerdo con los datos de la PNC, de enero a junio del 2021 unos 300 menores de edad, hombres y mujeres, han sido detenidos por diferentes delitos. La mayoría son capturados por estar vinculados a redes de cobro de extorsiones. Aunque no hay datos concretos, muchos de estos jóvenes intentaron viajar a Estados Unidos en algún momento de su vida.
Bayron
Bayron es otro joven de 19 años que recibe asistencia psicológica en esa organización. Cuenta que cuando tenía 16 años decidió salir de su comunidad en el municipio de Tajumulco, San Marcos, porque la situación en ese lugar era complicada y el índice de violencia bastante alto debido a un conflicto territorial entre ese municipio y su vecino, Ixchiguan.
La inseguridad en el lugar donde vivía fue su principal motivo para huir. No logró su objetivo y fue deportado, como le sucedió a Evelin la primera vez. La diferencia es que al regresar a su ciudad, Bayron recibió entrenamiento para el cultivo de café y hoy con 19 años se convirtió en barista y vive en la cabecera departamental (San Marcos).
“Me siento afortunado. En nuestro país, aunque las condiciones son difíciles, con esfuerzo podemos salir adelante. No vale la pena poner en riesgo nuestras vidas. Yo vi a un señor y a una muchacha que se quedaron en el camino porque no aguantaron, porque hay que caminar mucho”, refiriéndose a la travesía ilegal migratoria hacia el norte.
Las ONG actúan en ausencia del Estado
De los seis departamentos que conforman la región occidente de Guatemala, pocos municipios promueven acciones de prevención de migración infantil. No obstante, sus esfuerzos no van más allá de la asistencia en el momento de su retorno, con oficinas y ventanillas especiales que les facilitan la localización de sus familiares.
Es por eso que, en la cabecera departamental de Quetzaltenango, por ejemplo, recién se firmó un convenio entre la asociación Aldeas Infantiles SOS Guatemala, para otorgar becas a jóvenes originarios del Valle de Palajunoj, conformado por diez comunidades del área rural de esa ciudad.
A través de esta alianza, que es parte del proyecto SOS Juventudes en Acción, 30 adolescentes recibirán becas completas de estudio que incluyen inscripción, mensualidades y materiales, así como equipo que requieran para las clases en modalidad virtual. “El objetivo de este proyecto es prevenir la migración irregular no acompañada de adolescentes y jóvenes, que es una constante en las comunidades del Valle”, dijo Laura Peralta, coordinadora de alianzas interinstitucionales de Aldeas Infantiles SOS.
“Detectamos un alto índice de jóvenes que están en ese flujo migratorio y para prevenir que sigan migrando buscamos que tengan acceso a la educación y se queden en sus comunidades”, agregó.
Por otro lado, el movimiento Tzuk Kim Pop desarrolla proyectos de enraizamiento para evitar la migración. “Como es un problema de carácter y causas estructurales, el Estado guatemalteco expulsa a sus jóvenes y niños”, afirma José Luis Sigüil, director de la organización.
Esta ONG desarrolla “Proyectos productivos” como granjas de gallinas (pollo) y emprendimientos con capacitación técnica y crédito en los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá. De esta manera se busca beneficiar a unas 500 mujeres y por lo tanto a sus familias.
“Procuramos ayudar con proyectos productivos porque así las familias pueden salir del endeudamiento que les ocasiona la migración de uno de sus integrantes. Hicimos estudios que reflejan que el período promedio para pagar las deudas es de dos años. También que el 60% de retornados lo vuelve a intentar justamente para pagar las deudas”, añade Sigüil.
Año tras año el índice de menores migrantes deportados va en aumento, según cifras del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM). Pese a ello, el gobierno central y los gobiernos locales, siguen sin ofrecer programas de apoyo para su reinserción social.
La tarea ha quedado en manos de organizaciones civiles, que en la medida de lo posible ayudan a aminorar el impacto del fenómeno migratorio infantil.
*Los nombres de Evelyn y Byron son ficticios, con el fin de proteger a los menores de edad)
Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
