De concretarse una reforma judicial, tendría efectos directos en las municipalidades al modificar la forma en que los tribunales revisan sus decisiones.
Por Pilar Rodríguez
La iniciativa de Poder Ciudadano busca reformar el sistema de justicia mediante modificaciones enfocadas, sin abrir la puerta a una reforma integral de la Constitución.
El grupo se integra por profesionales de distintas disciplinas, entre ellos abogados, economistas, académicos y ciudadanos. Lo lideran Edgar Ortiz, abogado constitucionalista, y Marjorie von Ahn, comunicadora con más de 10 años de experiencia en periodismo, diplomacia y comunicación política.
Quienes forman parte sostienen que la redacción actual permite una fuerte influencia de intereses políticos en la elección de magistrados y otras altas autoridades. Lo anterior debilita la independencia judicial y favorece la impunidad. En esencia, la reforma propone:
- Eliminar las comisiones de postulación para elegir magistrados.
- Crear un sistema de selección basado en méritos, capacidad e independencia, con procesos más técnicos y transparentes.
- Reducir la influencia de los partidos políticos y otros grupos de poder en la integración de las cortes.
- Reformar la manera en que se designan las principales autoridades del sistema de justicia para fortalecer su independencia.
Este fin de semana recolectarán firmas en Cobán, zona 15 de la ciudad de Guatemala, Amatitlán y La Antigua Guatemala.
Sobre la aprobación
La aprobación de una reforma constitucional al sistema de justicia dependerá no solo del procedimiento legal, sino también de una amplia correlación de fuerzas políticas y sociales, considera Javier Urizar, abogado constitucionalista.
A su juicio, modificar la estructura del Organismo Judicial implicaría afectar uno de los principales espacios de poder del país. Por tal motivo se prevé resistencia de los sectores que se benefician del modelo actual.
El proceso para aprobar la reforma inicia con la recolección de firmas y su presentación al Congreso de la República. Al ser un cambio a la Carta Magna, el Congreso no puede aprobar la propuesta a ciegas. Primero debe enviarla a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que este tribunal revise y certifique que no viola ninguna ley vigente antes de devolverla a los diputados.
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Posteriormente, el Congreso deberá aprobar con el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados. Sin embargo, Urizar considera que el principal obstáculo será político. Como antecedente recuerda el intento de reforma al sistema de justicia impulsado en 2016, que finalmente no prosperó. Señala que una transformación de esta naturaleza modifica el equilibrio de poder dentro del Estado.
De acuerdo con el abogado, el Organismo Judicial ha tenido un papel determinante en distintos episodios recientes del país al resolver procesos relacionados con actores políticos y casos de corrupción. Por ello cree que una reforma estructural encontraría oposición de quienes actualmente mantienen influencia sobre el sistema de justicia.
«Es una reforma estructural que les quitaría una enorme cantidad de poder a los actores corruptos. Entonces creo que habrá mucho interés de por medio», señala.
Para que la iniciativa avance es indispensable el respaldo de distintos sectores, dice: la ciudadanía organizada, organizaciones de sociedad civil, universidades, iglesias, comunidad internacional, sector empresarial, sindicatos y diputados dispuestos a apoyar los cambios.
Urízar desconfía de que los actuales magistrados de la CC le den el visto bueno a una reforma tan grande.
El abogado advierte que la reforma no sería inmediata. Aunque el Congreso y la CC agilizaran el proceso, el trámite de aprobación tardaría entre año y medio y dos años. Mientras, la transformación total del sistema judicial requeriría de cinco a diez años más para consolidarse.
Impacto para las municipalidades
Aunque las alcaldías no participan directamente en el proceso de aprobación de la reforma, Urizar sostiene que sí podrían influir políticamente mediante su apoyo o rechazo a la iniciativa.
Además, considera que los gobiernos locales serían uno de los sectores más afectados por los cambios al sistema judicial. El motivo: gran cantidad de sus actuaciones son revisadas por los tribunales. Tendría efectos sobre los juzgados que resuelven pleitos contra el Estado, así como sobre los tribunales que ven amparos y procesos civiles, constitucionales o penales por decisiones municipales (contencioso administrativo.
Entre los casos que menciona se encuentran conflictos por la permanencia de alcaldes en sus cargos, disputas dentro de los concejos municipales, emisión de licencias y autorizaciones administrativas. También resoluciones judiciales que revisan actuaciones de las autoridades locales.
Señala que las repercusiones alcanzarían situaciones cotidianas para los vecinos: demandas por daños derivados de la deficiente prestación de servicios públicos, amparos por falta de agua o conflictos relacionados con decisiones ambientales y urbanísticas.
Según el abogado constitucionalista, el control judicial sobre las actuaciones del Estado resulta esencial para garantizar la legalidad de las decisiones públicas. Una reforma al Organismo Judicial tendría efectos directos sobre el funcionamiento de las municipalidades y sobre la forma en que se resuelven los conflictos entre los gobiernos locales y la ciudadanía.
Sobre la propuesta
Urizar explica que la propuesta busca crear mecanismos permanentes que fortalezcan la independencia judicial, como un nuevo órgano de gobierno judicial, un organismo de control disciplinario, nombramientos escalonados y una carrera judicial.
Según él, estos cambios producirían resultados de forma gradual y no eliminarían de inmediato los problemas del sistema.»Todavía existirán jueces malos, pero si un juez actúa de forma indebida, habría un proceso disciplinario real para removerlo».
Los efectos más rápidos serían la disposición transitoria que plantea reemplazar a todos los jueces para realizar nuevos nombramientos. Sin embargo, considera que ese también sería el punto con mayores probabilidades de enfrentar objeciones constitucionales.
Según explica, las remociones masivas de jueces podrían entrar en conflicto con estándares del derecho internacional sobre independencia judicial. Estima que esa disposición sería una de las primeras en ser revisadas o eventualmente eliminadas durante el análisis constitucional.
Pese a esto, considera que una reforma de este tipo tendría un impacto estructural en el funcionamiento del Estado y beneficios a largo plazo para la población.
