La opiniones se dividen con la intervención del alcalde de Cobán con maquinaria municipal en propiedad privada. Unos aplauden la mediación, otros cuestionan el uso de recursos públicos.
Por Eduardo Sam
En la comunidad Satis, zona 6 de Cobán, Alta Verapaz, ocurrió un deslizamiento de tierra que destruyó dos habitaciones dentro de una propiedad. El dueño del terreno que ocasionó los daños no se hizo responsable. Entones, el alcalde Felipe Pop Cucul (partido Victoria), intervino para mitigar el impacto del derrumbe.
Siete familias corrían riesgo por el derrumbe, por eso actuó. Sin embargo, el incidente ocurrió dentro de una propiedad privada. Su proceder levantó cuestionamientos entre los vecinos. ¿Puede un alcalde dedicar recursos públicos en propiedad privada? Eso se preguntan.
Pop Cucul aseguro que utilizó maquinaria municipal por ser una emergencia y porque había vidas humanas en riesgo. La intervención municipal fue necesaria para mitigar, dijo. Además dio a conocer que el propietario no contaba con la licencia respectiva para realizar los trabajos que ocasionaron el daño. Tiene una multa de Q20 mil pendiente de pagar.
El edil aseguró que lograron que el responsable diera el permiso para la intervención municipal y luego con recursos propios del alcalde para apoyar a las personas afectadas. “Al judicializarse el problema pasarán muchos años y las familias perderán sus propiedades y corren riesgo de que exista una tragedia mayor con vidas humanas”, indicó el alcalde.
Inhabilitación política
Acerca de las implicaciones de esta intervención, el analista político e integrante del Observatorio Ciudadano por la Paz, Roberto Arturo Alvarado, advierte que aunque la respuesta responde a una evidente urgencia humana, el jefe edil pudo haber pasa por alto los canales legales correspondientes. Su acción lo expone a sanciones de la Contraloría General de Cuentas (CGC).
El analista subraya que el uso de bienes públicos —como la maquinaria municipal— en terrenos particulares es una línea sumamente delgada. Si el alcalde actuó por cuenta propia sin el respaldo formal del concejo municipal, cometió un error administrativo. «Si fue por su propia decisión tomar la maquinaria de la municipalidad, creo que fue un error; tendría que haber sido autorizado por la corporación en pleno».
Por cuestión humanitaria y de seguridad es factible, pero debió apoyarse en algún documento que no lo comprometa más adelante con la Contraloría», puntualizó Alvarado.
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Alvarado recordó que los errores «infantiles» en la administración pública suelen cobrarse caro en los tribunales de cuentas. Citó como ejemplo el caso del exalcalde de Carchá y exdiputado, Víctor Hugo Cifuentes Delgado, quien quedó fuera de una contienda electoral por irregularidades administrativas similares.
La legislación es clara respecto al destino de los fondos y recursos del Estado. Durante la cobertura, el jefe edil llegó a mencionar que la ayuda se realizaba de forma «personal». Al respecto, Alvarado aclaró la diferencia: «Si él dice que es de manera personal, ahí sí no hay ningún problema. Él puede hacer con su dinero lo que él quiera y ayudar a donde quiera».
El problema radica si las facturas de combustible, las horas de trabajo del operador y el desgaste del convoy pesado corren a cargo de los impuestos de los cobaneros. Lo siguiente será solicitar a la comuna el reglamento vigente sobre el uso de maquinaria pesada, dijo. “Solo así se determinará si la ayuda en Satis cumplió con los requisitos de transparencia o si se convertirá en el próximo dolor de cabeza legal de la actual administración”.
