Aunque no las menciona directamente, la norma podría hacer que las comunas sean más rigurosas con documentar sus procesos de compra.
Por Pilar Rodríguez
Aunque la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero no menciona expresamente a las municipalidades como sujetos obligados, podría tener efectos relevantes en la gestión de los gobiernos locales. En especial en el manejo de recursos públicos y los procesos de contratación.
El abogado y exalcalde de Pachalum, Selvin García, explicó que uno de los principales impactos será un mayor control sobre los fondos municipales. Las transferencias, pagos y movimientos financieros estarán sujetos a una supervisión más rigurosa por parte de las entidades competentes. Requerirá que las comunas cuenten con mejor respaldo documental y mecanismos de control más sólidos.
Además, señaló que las contrataciones podrían volverse más estrictas, debido a que proveedores y contratistas podrían estar sujetos a mayores procesos para verificar el origen lícito de sus recursos y prevenir operaciones sospechosas.
El exalcalde advirtió que los gobiernos locales enfrentarán mayores obligaciones administrativas relacionadas con transparencia, trazabilidad de pagos y prevención de riesgos, lo que podría implicar costos adicionales y capacitación para el personal.
García añadió que la reforma también incrementa la responsabilidad de los jefes ediles, concejales y funcionarios financieros.Todos deberán asegurar el cumplimiento de los procedimientos legales para evitar posibles investigaciones administrativas o penales derivadas de omisiones o fallas en los controles.
“Aunque la ley no convierte a las municipalidades en sujetos obligados de manera expresa, sí eleva los estándares de control, transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Especialmente en materia de contratación, ejecución presupuestaria y administración financiera”, afirmó.
No sustituye otras leyes
Ricardo Barrientos, experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), advirtió que las reformas no sustituyen los mecanismos de control ya establecidos para fiscalizar el uso de recursos públicos.
Corresponde a la Contraloría General de Cuentas (CGC) investigar cualquier irregularidad relacionada con el manejo de fondos públicos. Si durante una auditoría encuentra indicios de un delito, debe presentar la denuncia ante el Ministerio Público, institución responsable de la persecución penal.
Solo en caso de que el Ministerio Público determine que existen posibles vínculos con delitos de lavado de dinero u otros activos, podría solicitar un peritaje a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos. De igual manera, indicó que la propia Contraloría podría requerir apoyo técnico de la IVE si sospecha que una operación podría estar relacionada con lavado de activos.
Una posible tergiversación
Sin embargo, el economista advirtió sobre los riesgos de ampliar el alcance de la legislación antilavado a casos que corresponden a otras figuras jurídicas. Según Barrientos, utilizar esta normativa para investigar hechos que encajan principalmente en delitos como fraude o malversación de fondos públicos, podría abrir la puerta a abusos.
“Hay que tener mucho cuidado con tergiversar la ley antilavado”. Explicó que en regímenes autoritarios este tipo de legislación ha sido utilizada para perseguir a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y otras voces críticas, bajo el argumento de investigar operaciones relacionadas con lavado de dinero.
También calificó la reforma como un ejemplo de “legislación casuística”, es decir, diseñada para responder a situaciones específicas. Aunque reconoció que responde a prácticas utilizadas por estructuras del crimen organizado para ocultar recursos ilícitos. Este tipo de normas puede convertirse en “un arma de dos filos” si posteriormente se utiliza con fines distintos a los que motivaron su aprobación, advirtió.
Barrientos sostiene que es necesario mantener “límites sanos” en la aplicación de la ley. Así evitar que investigaciones sobre contrataciones públicas o mal uso de recursos del Estado desde una perspectiva de lavado de dinero sin que existan elementos suficientes para ello.
