Estos pagos mensuales extras, aprobados por los propios concejos municipales, no requieren facturas y en algunas comunas alcanzan hasta los Q45 mil.
Por Natalie Samayoa
En información pública de oficio se encuentra cuánto devengan los alcaldes. Además del sueldo base reciben otras bonificaciones, es el caso de los gastos de representación.
Según la Ley Orgánica del Presupuesto es dinero para cubrir compras menores relacionadas con sus responsabilidades como representar a la institución y cubrir actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.
La cifra asignada a gastos de representación la autorizan dos terceras partes del concejo municipal. La ley no establece un límite ni define para qué deben emplearse. No se le exige al jefe edil presentar factura, puede usar recursos públicos sin obligación de justificar en qué lo gastó.
Sin un control claro
De acuerdo con el artículo 77 de la Ley Orgánica del Presupuesto de Guatemala, estas asignaciones pueden otorgarse al Presidente y Vicepresidente de la República, diputados, alcaldes y otras autoridades de instituciones públicas.
Erick Coyoy, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), explica que la Contraloría General de Cuentas (CGC) impone multas a funcionarios por incumplir la normativa y hacer mal uso de recursos públicos.
No obstante, señala que estas multas “no deberían pagarse con gastos de representación, ya que son sanciones personales”.
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Fondos públicos para la gasolina del alcalde
El jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, recibe Q30 mil en gastos de representación y asegura que la municipalidad no cuenta con un renglón presupuestario para pagar sanciones, por lo que debe cubrirlas con este recurso. “No existen lineamientos claros en qué situaciones se puede utilizar. Depende de las eventualidades del pueblo”.
Afirma que lo utiliza para cancelar multas por sentencias laborales, así como compromisos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), los cuales, de acuerdo con Siero, recaen sobre la comuna y no sobre él.
Siero sostiene que usa esos fondos para apoyar a familias de escasos recursos, por ejemplo con ataúdes y arreglos florales. También para movilizarse a reuniones fuera de la municipalidad y atender supervisiones de obras. “No recibo combustible y uso parte de estos fondos para pagar gasolina y cubrir trabajos fuera del edificio municipal”.
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El vacío de la ley
El economista Coyoy afirma que “no es razón justificable pagar combustible con gastos de representación. Ya existe un rubro específico para ello. Estas prácticas deberían ser sancionadas por la CGC”, advierte.
En efecto, la Contraloría aclara que la gasolina no debe pagarse con estos recursos, debido a que el combustible tiene su propio presupuesto. Por ello, los funcionarios pueden recibir sanciones por cubrir dichos montos con los impuestos del ciudadano.
Coyoy agrega que lo mismo ocurre con apoyos sociales, como servicios fúnebres, ferias o conciertos. “La municipalidad tiene presupuesto propio para esos rubros”. A su criterio, el problema son los montos elevados que se justifican con gastos que ya cubre la comuna.
De los impuestos a la corbata del alcalde
El diputado Miguel Ovalle, expresidente de la Anam y exalcalde de Salcajá, Quetzaltenango, por cuatro periodos, explica que esta asignación funciona como sustituto de los viáticos y no exige comprobantes de compras.
Señala que el monto depende de los fondos de cada municipalidad y que también se usa para la vestimenta del jefe edil. “Con el fin de que se vista de forma digna al representar al municipio”.
Si el alcalde considera insuficiente el monto, puede solicitar un aumento al concejo municipal, que decide aprobarlo o no sin criterios específicos, siempre que la alcaldía cuente con los fondos necesarios. “En el Congreso no se ha discutido regular este tipo de gasto, ya que también existe en la administración privada”.
Altos montos sin fiscalización
En Quetzaltenango, el alcalde Juan Fernando López Fuentes recibió Q45 mil en gastos de representación, mientras que en Mixco, Neto Bran, Q17 mil.
Coyoy indica que “falta control», porque quienes reciben esos recursos no tienen la obligación de presentar facturas ni demostrar en qué los utilizaron. Menciona que estos fondos, al igual que las dietas, han permitido abusos en algunas municipalidades.
Para saber qué son las dietas lee: Hay municipalidades donde las dietas superan el salario de los alcaldes
“El problema es la falta de regulación. Es necesario fijar límites, exigir rendición de cuentas y definir qué compras pueden cubrirse con este rubro para evitar abusos”, concluye Coyoy, el economista.
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