En todo el país existen establecimientos que no cumplen con los requisitos sanitarios para ejercer su labor y aún así funcionan. ¿Cuántas? No sabemos, Salud tampoco, y por eso no puede ejercer control sobre ellas.
Por Carmen Maldonado Valle
El ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) tiene en sus registros a 474 funerarias que operan en toda Guatemala. Sin embargo, con 160 de ellas no tiene registro sobre si están autorizadas y cumplen con los requisitos para el manejo de cadáveres. Debido a que no hay datos, tampoco hay garantía de que los operadores de las funerarias cumplan con el procedimiento adecuado al manipular los cuerpos, y menos de que manejen los desechos biológicos correctamente.
“Sí hay funerarias que están funcionando sin autorización. Otras, no se tiene registro de qué año fue autorizado y otras no se tienen datos”, explica Julia Barrera, vocera del MSPAS. Entre las funerarias que sí están registradas, 26 pertenecen al departamento de Guatemala, según la base de datos proporcionada por la entidad. Sin embargo, al hacer un recorrido por redes sociales se puede contar un mínimo de 32 centros de este tipo que ofrecen sus servicios con normalidad. Por otro lado, si el recorrido se hace físicamente, basta con caminar en las zonas 1, 3 y 7 capitalinas para que la cifra aumente a por lo menos 50 funerarias activas.
Las cifras del MSPAS dan a conocer, además, que la institución no tiene conocimiento sobre el año en que se autorizaron 197 de las funerarias del listado. También revelan que existen lugares como Santa María Chiquimula, Totonicapán, que tiene tres funerarias no autorizadas en el casco urbano, o Ixcán, Quiché, donde hay al menos cinco ventas de ataúdes que funcionan sin el permiso de la cartera de salud.
Adrián Chávez, médico y exviceministro técnico de Salud, sostiene que el no saber cuáles son las funerarias que funcionan sin permiso puede traer consecuencias negativas en cuanto a infraestructura. Si una de estas instituciones prepara cadáveres sin permiso, no existe certeza sobre el lugar en el que deposita los desechos de esta tarea y “si es sangre que se va por las tuberías, por ejemplo, tenemos que pensar en que nuestros tragantes no tienen la capacidad para soportar ese tipo de cosas porque no fueron construidos para eso”, sostiene.
Otro efecto es que se arriesga la salud de los encargados de embalsamar los cuerpos, porque tampoco hay certeza de que cuenten con el equipo de seguridad que requieren. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) asegura que los cadáveres por lo general no son contagiosos, a menos de que se trate de fiebres hemorrágicas como el Ébola o el virus de Marburgo. Aun así, califica como “necesario contemplar las medidas de protección o de bioseguridad habituales: mascarilla, gafas y guantes de caucho dobles”.
La OPS reitera que aunque los cadáveres no transmiten enfermedades de forma regular, sí existe un riesgo cuando se trata de padecimientos como el VIH o la Hepatitis B, porque este tipo de virus se mantiene activo incluso un día después de que el portador haya muerto. “Los contagios pueden darse en accidentes con elementos punzantes contaminados como huesos, agujas o elementos relacionados con los cadáveres, ante accidentes por lesión de la piel en procedimientos quirúrgicos o por contacto de secreciones con las mucosas o con la conjuntiva ocular”, según la institución, y por ello insiste en que los profesionales dedicados a esta tarea deben usar el equipo protector adecuado.
Chávez asevera que otro de los grupos en riesgo es el que basa su economía en la basura, como las personas que viven o trabajan en el relleno sanitario. En ese caso, podrían correr peligro al tener contacto con restos humanos que no fueron desechados en el lugar correcto.
Marina Vásquez tiene 50 años y hace aproximadamente dos se mudó del lugar en el que vivió durante varias décadas: las calles aledañas al relleno sanitario. Asevera que las personas se acercan a los camiones recolectores de basura a diario y “se tiran sobre las bolsas” porque pueden reutilizar o vender lo que encuentren en ellas. “La gente no está pensando en protegerse ni nada, entonces no utilizan guantes ni trajes especiales para tocar la basura. Lo que importa es registrar todas las bolsas que se pueda, pero no se sabe qué se va a encontrar”, añade.
Durante su adolescencia y primeros años de adultez, Vásquez se mudó varias veces dentro del mismo sector. Su familia no tenía mucho dinero y los alquileres más accesibles eran los que estaban más cerca del barranco. “Vivimos varios años pegados al muro del relleno sanitario, pero del lado en el que se queda lo que descartaron los que trabajan con la basura”, cuenta mientras guarda la compra del mercado. “Si mirábamos encima de la pared, a veces había huesos grandes y todos sabíamos que no eran de perros. No era lo mejor, pero tampoco nos alcanzaba para más”, explica.
El universo funerario
En Guatemala hay tres tipos de funerarias. Según los artículos 3 y 4 del reglamento para la prestación de servicios funerarios, las de tipo “A” tienen permiso para preparar, embalsamar, velar, enterrar, exhumar y trasladar cadáveres o cenizas, además de vender ataúdes. Las de tipo “B”, pueden hacer lo mismo, excepto preparar y embalsamar los cuerpos. Las de tipo “C”, por otro lado, solo pueden vender féretros, enterrar, exhumar y gestionar traslados de restos humanos dentro y fuera del país.
El artículo 6 del mismo cuerpo legal sostiene que sin importar la clasificación a la que pertenezcan, todas las funerarias, ventas de ataúdes o cualquier empresa que trabaje con cadáveres debe contar con licencia sanitaria, además de contratar a profesionales para que se encarguen de esas tareas.
Más adelante, en el artículo 11, se aclara que se debe obtener otro permiso para preparar los cuerpos antes de ser velados: “Las funerarias categoría «A» y los Centros de Tanatopraxia que presten el servicio de preparación y/o embalsamamiento de cadáveres, están obligadas para su legal funcionamiento en el país a obtener la licencia respectiva extendida por el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social”.
Según el reglamento para el manejo de desechos sólidos hospitalarios, que incluye los residuos biológicos o infecciosos de cualquier compañía, quienes manipulen sangre, agujas o cualquier tejido humano o animal deben contar con incineradores para procesarlo. De no tenerlos, deben tener un plan para depositar los desechos, que puede ser contratar a una empresa dedicada a este servicio para que dé el tratamiento adecuado a los restos. Si las funerarias, hospitales o entidades similares cuentan con licencia sanitaria, es porque cumplen con este requisito.
Por otro lado, hay lugares en los que no se tiene certeza sobre la documentación con la que cuentan. Los datos del MSPAS muestran que en Siquinalá, Escuintla, funciona la funeraria “Los Hermanos”, ubicada a un costado de la municipalidad. Esta no cuenta con licencia sanitaria y opera con regularidad al menos desde marzo de 2020, según su página de Facebook. Ojoconmipisto contactó a la entidad para saber sobre sus paquetes. Incluye el embalsamamiento, aunque no lo realiza, sino que lo gestiona con un laboratorio de tanatopraxia y luego recibe el cadáver listo para velarlo y enterrarlo.
Adrián Chávez asevera que una de las razones por las que no existe suficiente control hacia las funerarias es que la cantidad de este tipo de comercios aumenta cada año, pero el número de supervisores en el MSPAS no crece proporcionalmente. “Esto obviamente deja en desventaja a una institución que tiene como fin proteger a los guatemaltecos garantizando que todas las funerarias cuenten con todos los requerimientos normativos y legales”, afirma.
Mientras se regula la industria funeraria en el país, estos centros continúan en aumento, sin la seguridad de que cumplen con las normas sanitarias o el momento en el que fueron autorizadas.
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