En 41 actualizaciones el mecanismo ha impuesto restricciones en todo el país para contrarrestar la pandemia, pero no estableció cómo se velaría por su cumplimiento.
Por Carmen Maldonado Valle
El semáforo epidemiológico está habilitado en Guatemala desde el 10 de julio de 2020, con el propósito de ordenar a los municipios según su alerta frente al coronavirus y dictar medidas de prevención diferenciadas, indicó el ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Aun así, coinciden salubristas: “no tenía muchas posibilidades de funcionar, porque poco se hizo para fomentar que la población lo respetara”.
Los municipios pueden estar en cuatro tipos de alerta y esta información se actualiza cada dos semanas. A decir de Salud, se determina en cuál está cada uno a partir de tres criterios: casos confirmados por cada 100 mil habitantes, cantidad de pruebas realizadas y porcentaje de positividad en estas.
“Se asignan puntajes por cada categoría y luego se suman. Si el resultado es menor a 2.5, el municipio está en verde; de 2.5 a 5, en amarillo; de 5 a 7.5, en anaranjado; y cualquier cifra mayor, en rojo”. Y así se asignan los colores cada dos semanas a los 340 municipios.
A partir de cada color, los aforos aumentan o disminuyen en transporte y lugares públicos, así como lo hace la distancia a tomar entre personas. Esto aplica también para actividades deportivas, religiosas y culturales, construcción, ventas en mercados, eventos y espacios públicos.
Las alertas ignoradas
Para la exministra de Salud y ahora diputada, Lucrecia Hernández Mack, estas medidas funcionan para los establecimientos donde se asume la responsabilidad de cumplirlas, lo cual no sucede en todos los casos. “¿Qué pasa con quienes no lo hacen? Nada. El semáforo se actualiza, pero no vemos distancia física en las calles, no todos usan mascarilla y tampoco se respetan los aforos. No hay sanciones para los infractores y por eso todos hacen cuanto quieren”, sostiene.
Cuando la cartera presentó a la ciudadanía cómo funcionaría el sistema, delegó a dos instituciones para verificar el cumplimiento de las restricciones. Las primeras eran las municipalidades, quienes velarían por seguir las reglas en las construcciones y en el transporte urbano. El ministerio de Comunicaciones garantizaría lo mismo en el transporte extraurbano.
Para centros de trabajo, industria, restaurantes, bares y demás establecimientos no se especificó una autoridad regulatoria. “Hubo una citación con Amelia Flores y el epidemiólogo Edwin Asturias. Les preguntamos quién se encargaría de verificar los lugares no asignados a Comunicaciones o gobiernos locales, se miraron y dijeron ‘suponemos que el ministerio de Salud’”, continúa Hernández Mack.
El 12 de enero de 2022, Ojoconmipisto entrevistó al titular de Salud, Francisco Coma. Admitió no haber sanciones establecidas dentro de la cartera para quienes no usaran mascarilla o violaran las medidas de prevención contempladas en el tablero de alertas. Tampoco contempló reformar el Código de Salud para introducirlas, porque sería un proceso administrativo “lento”. El 2 de febrero se hizo la misma pregunta al MSPAS y su postura no cambió.
La diputada, en tanto, sí ve una alternativa para implantar mecanismos de coerción: acuerdos ministeriales, donde el MSPAS especifique penalizaciones para quienes vayan en contra de las disposiciones del semáforo y asigne un responsable para verificar esto. “Pueden hacerlo y así lograr el cumplimiento de los propósitos del semáforo, pero debemos ser realistas. Sería complicado para ellos, porque no tienen la capacidad para enviar personal a inspeccionar esto en todo el país”, añade.
Tierra de nadie
De acuerdo con el MSPAS, de enero a noviembre de 2021 se hicieron 547 inspecciones a restaurantes, bares, lugares de convivencia, centros de trabajo, entre otros, para verificar el cumplimiento de los aforos y disposiciones establecidos en el semáforo. Para esta tarea, sin embargo, solo hay tres encargados, dice la defensoría de Salud del Procurador de Derechos Humanos (PDH).
“Supervisamos su labor en Antigua Guatemala y Quetzaltenango, al menos, y notamos que además de esto tienen la responsabilidad de tomar muestras de agua y verificar todo tipo de saneamiento. No tienen 20 brazos para hacer todo”, cuenta Hernández Mack. Además, explica, trabajan en horario de oficina y por lo tanto disminuyen las posibilidades de revisar centros durante la noche.
La médica y especialista en salud pública, Karin Slowing, coincide con la congresista y califica como “difícil” garantizar el cumplimiento de las disposiciones del semáforo epidemiológico si no hay un poder coercitivo para ello: “Por ahora está de adorno y cada uno se autorregula. El ministerio no responsabilizó a nadie para hacer valer las reglas y podríamos especular que toda autoridad puede penalizar a los infractores, pero no se estableció en ningún lado”.
Según las especialistas, el tablero de alertas solo ayudó a disminuir contagios para quienes asumieron las medidas aunque no los supervisara nadie, mientras en los demás lugares no tuvo utilidad. Aun así, sí ven beneficios indirectos a partir de él, como mantener la atención en la pandemia porque cada dos semanas el semáforo es tema de conversación, o acabar con la incertidumbre porque desde su creación la población dejó de depender de las cadenas nacionales para saber qué tenía permitido hacer o no.
Por esta razón, dicen, cambian los colores, pero en los municipios no pasa nada y no se diferencia el comportamiento de los pobladores. A la fecha, la única ciudad donde se ha alcanzado la alerta verde es San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, cuando obtuvo 2.5 de calificación en el tablero.
El área de salud de Retalhuleu rechaza haber tomado medidas distintas en ese momento para alcanzar el verde. Mientras tanto, hay otras ciudades (como Concepción, San Pedro la Laguna o San Marcos la Laguna en Sololá) donde se mantiene el amarillo a pesar de no hacer pruebas. El MSPAS niega tener un mecanismo para catalogarlos en otro color porque sin tamizajes no se puede calcular positividad ni casos confirmados por cada 100 mil habitantes —los otros dos criterios para cambiarlos de alerta—.
“Allí está su otra debilidad: es manipulable. ¿Estoy en rojo y quiero bajar a anaranjado? Hago más hisopados, diluyo la positividad y alcanzo los puntos para el cambio de color”, asevera Slowing.
Cómo mejorar
A criterio de Hernández Mack, en los cálculos de los punteos deberían incluirse otros parámetros, como el porcentaje de vecinos inmunizados en cada municipio, porque el biológico, aunque no las elimina, disminuye las posibilidades de infección. Esto, dice, también podría servir como un incentivo para vacunarse y, sobre todo, para completar esquemas.
También ve beneficioso incorporar el nivel de ocupación hospitalaria. “Si un lugar no tiene positividad, pero sus servicios de salud están llenos no merecería el verde o el amarillo. También se debe tomar en cuenta la capacidad de atención médica para asignar un nivel de alerta”, añade.
Karin Slowing, por su parte, ve más utilidad en mejorar el manejo de la pandemia antes de cambiar los criterios del semáforo: “Regular el uso de mascarilla, penalizar fiestas clandestinas, eliminar focos de contagio. Esa es una de las bases para reducir las infecciones antes de modificar el tablero”.
Aun así, sostienen, ningún cambio generará beneficios para el país si no se establecen responsables para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y se les dan las herramientas para desempeñar el puesto.
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