Los vecinos no tienen certeza sobre dónde vive el jefe edil ni cuándo pueden encontrarlo en la municipalidad. Si no se encuentra, toman un ticket para su turno otro día.
Por Carmen Maldonado Valle
“El número que usted marcó está ocupado” y “el buzón de correo está lleno” son las únicas respuestas obtenidas al llamar por teléfono a Eliezer González, el alcalde de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Los vecinos también lo buscan en la municipalidad, pero no lo encuentran ni saben cuándo llega.
Juan Carlos Salazar, vecino del municipio, buscó al jefe edil en su despacho hace un mes porque quería cuestionarlo sobre la suciedad en las calles. “Pago mi boleto de ornato y hay lugares con basura desperdigada, entonces pensaba preguntarle al respecto. Iba a ser breve, pero cuando llegué no estaba y las secretarias no sabían cuándo llegaría”, cuenta.
Salazar acudió en otras tres ocasiones a la alcaldía en busca de González. Le dijeron que para hablar con él necesitaba hacer una cita y pedir un ticket, el cual debía presentarse en el mostrador de la comuna. No pidió audiencia. “Debo trabajar y solo querían dármela (la cita) en la mañana, cuando no puedo ir. De todos modos no debería ser así, porque se supone que los alcaldes son accesibles. Él es un fantasma”, se queja.
Con esto coincide Enrique Bautista, otro vecino. El alcalde no llega a la municipalidad a diario y cuando lo hace no se sabe su horario. La presencia de la autoridad tampoco se nota en la ciudad: “El tráfico es un caos, los tragantes fallan y algunas calles se encuentran en mal estado”, enumera.
San Pedro Sacatepéquez está a cuatro kilómetros de la cabecera departamental. Ocupa el puesto 199 de 340 municipios evaluados en el índice de competitividad local de 2020, le identifica entre sus principales dificultades la falta de innovación e inversión productiva, además del desempleo.
Ojoconmipisto intentó localizar al alcalde en su celular, pero no contestó. También se llamó a la comuna en más de 20 ocasiones en distintos días y cuando la secretaria respondió, dijo que el alcalde no estaba y no tenía un horario fijo para llegar. Tampoco los concejales.
Por otro lado, Ericson Fuentes, el director municipal, negó los problemas declarados por los habitantes: “Damos mantenimiento a los tragantes, tenemos un tren de aseo encargado de mantener limpias las calles y establecimos un sistema de semáforos más eficiente para regular el tráfico”.
A decir de Bautista, las personas tampoco tienen certeza sobre dónde reside el jefe edil. “Tenemos entendido que vive en Xela porque tiene familiares allá, pero no lo podemos confirmar porque deberíamos buscar en cada colonia”, sostiene.
Según el artículo 43 del Código Municipal, los alcaldes, síndicos o concejales deben vivir en el municipio donde tienen autoridad para poder ocupar el cargo. “Lo sabemos, pero aún no podemos asegurar dónde se encuentra porque casi no lo vemos y no es fácil obtener una cita con él”, dice Bautista.
“La información pública es confidencial”
Suseth Mérida forma parte de la junta directiva de la Asociación de Obreros Sampedranos y cada vez que la agrupación intenta solicitar información pública a la comuna, cuenta, deben ir al palacio municipal porque de lo contrario no se acepta su petición. “Tardaron un más de un mes en darnos los documentos. Solo los entregaron porque fuimos a exigirlos a la oficina de acceso a la información”, sostiene.
Se llamó a Natalie Orozco, encargada de esa unidad, en varias ocasiones y las secretarias indicaban que su teléfono no funcionaba. Al contactarla, negó que se hubiera retenido información. Se le cuestionó sobre la falta de un portal con datos de oficio y respondió que el sitio no está disponible por desperfectos técnicos y no se sabe cuándo se reactivará.
Cada año, la Secretaría de Acceso a la Información Pública de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos califica el nivel de cumplimiento de las instituciones estatales respecto a divulgar datos de oficio. En 2019 obtuvo una calificación de cero (la nota máxima es de 100 puntos), mientras en 2020 se determinó que dio a conocer el 83 por ciento de la información de oficio a través de su sitio web.
En 2019 el alcalde era Carlos Enrique Bautista; el 15 de enero de 2020 asumió Juan Eliezer González González, de 40 años, con el partido Vamos.
Ojoconmipisto también intentó solicitar documentos a la comuna a través de cuatro correos electrónicos distintos y todos devolvieron el mensaje. “Le damos otra dirección, pero al hacer la petición debe enviar la fotocopia de su DPI porque de lo contrario no se tramitará. Esto lo estableció el concejo municipal a través de un acuerdo”, sostuvo la encargada de la oficina.
Al decir a Orozco que esta postura iba en contra de la Ley de Acceso a la Información Pública, respondió “no es ilegal, porque la información pública es confidencial”. De acuerdo con el artículo 66 del mismo cuerpo legal, “incurre en delito quien en forma arbitraria o injustificada obstruya el acceso del solicitante a los documentos requeridos” y la sanción es de uno a tres años de prisión, además de una multa de entre Q10 mil y Q50 mil.
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