Según la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre 2016 y 2017 se presentaron 251 denuncias contra jefes de gobiernos locales. Este fue el año con más acusaciones en su contra.
Por José Pablo del Águila
La memoria de labores 2018-2019 de la Cámara de Amparos y Antejuicios de la CSJ revela que entre el 14 de octubre de 2015 al 15 de septiembre de 2019 se iniciaron 863 procesos para despojar de su inmunidad a alcaldes.
¿Quién paga los abogados, las municipalidades?
Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva y presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), acumula 51 denuncias en ocho años de gestión, según cuenta. Dice que él contrata a abogados de confianza con sus ingresos, aunque reconoce que se asesora con el departamento jurídico de la corporación edil cuando se abre un proceso nuevo.
Cree que en la mayoría de antejuicios son los alcaldes los que pagan de su bolsillo a los profesionales que los defienden en los tribunales. Sin embargo, hay casos que colocan entredicho esa afirmación.
Andrés Iboy, jefe edil de Sololá, pagó con recursos de la comuna Q8,500 al abogado Rafael Oscar Gonón Coyoy para asistirlo en una denuncia que se promovió en su contra.
El dinero se erogó el 1 de agosto pasado, sin que existiera una resolución del concejo municipal que lo autorizara. José Cabrera, asesor de Iboy, opinó que no era necesaria porque la acusación estaba relacionada con el ejercicio del cargo.
Al alcalde capitalino Ricardo Quiñónez lo defiende el subdirector jurídico de la municipalidad, Julio César Luna, del antejuicio que se promovió en su contra por presuntamente utilizar recursos públicos para las campañas electorales de 2011 y 2015, informó Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Por medio de comunicación social, se dio a conocer que Luna auxilia al alcalde en el antejuicio y “supervisa que en la defensa se cuiden los intereses de la municipalidad”. Sin embargo, el abogado director del caso es Omar Barrios, refirió. Éste último indicó que es el jefe edil quien de sus ingresos paga sus honorarios.
Otro caso es el de San Antonio Palopó. La comuna adjudicó en 2012 un contrato por Q12 mil al profesional del derecho Filiberto Quiñónez García por defender al exalcalde, Andrés Cúmez Pérez, de una denuncia. En este caso sí hubo permiso del gobierno local para erogar los fondos, según Guatecompras.
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¿Es legal?
Javier Monterroso, exsecretario general del Ministerio Público (MP), opina que la responsabilidad penal es individual. Por ello, lo correcto es que los funcionarios paguen con su dinero los honorarios de sus abogados.
Sin embargo, como las comunas son entidades autónomas, los gobiernos locales pueden autorizar el uso de fondos públicos para la defensa jurídica de los jefes ediles en problemas, aclara.
Elvyn Díaz, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (ICCP) explica que hay instituciones del Estado donde los pactos colectivos avalan que se patrocinen servicios de defensa a los trabajadores con problemas legales.
Díaz advierte que siempre debe haber una resolución de la máxima autoridad que apruebe el destino de fondos públicos para cancelar servicios de defensa jurídica. De lo contrario, como sucedió con Iboy en Sololá, donde no hubo una resolución del concejo que autorizara el pago, los funcionarios podrían icurrir en un delito.
Al respecto, el alcalde Escobar cree que el problema es que la Ley en Materia de Antejuicio no establece con claridad quién debe sufragar los gastos de defensa en los antejuicios.
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