El funcionario que más resalta es el director de le entidad, Yeison Samayoa. En tanto que Sabrina Veliz, asesora del diputado Jorge García, está prófuga.
Por Isaias Morales
La Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) coordinó la detención de 18 personas señaladas por compras anómalas en el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh). El caso se denomina Clima, Corrupción y Poder. Otros 10 están prófugos.
Uno de los detenidos fue el director de la entidad, Yeison Broderson Samayoa Velásquez, un informático que en 2019 fue candidato a diputado por el Partido Prosperidad Ciudadana.
Samayoa trabajó en el Instituto Nacional de Fomento Municipal (Infom) hasta febrero de 2020, donde conoció a la abogada Sabrina Véliz Castañeda, reportó Ojoconmipisto en diciembre de 2020. Según la fiscalía esa relación laboral data desde al menos 2014, lo cual influyó en que ambos beneficiaran a determinadas empresas desde sus cargos.
La investigación se centra en nueve concursos que suman Q28 millones 069 mil para comprar equipo meteorológico para el Insivumeh con el fin de beneficiar a un grupo de empresas afines a ambos funcionarios. Esto lo hicieron al modificar el Plan Anual de Compras y los términos de referencia de las adquisiciones.
Véliz, ahora prófuga, es a su vez asesora del diputado de Prosperidad Ciudadana, Jorge García y sobre el funcionario no pesa ninguna solicitud de antejuicio en su contra. Él fue integrante de la Comisión de Finanzas que asignó Q30 millones de los fondos de emergencia por la pandemia, aunque el MP no lo señala a él, sino a la abogada.
Se consultó a la oficina de comunicación social si se pedirá retirarle la inmunidad al legislador, pero su respuesta se limito a que actuará conforme lo establezcan las investigaciones.
La misma respuesta dio la entidad al consultarle si se buscará emprender un proceso contra el exministro de Comunicaciones y diputado, Edmundo Lemus, a quien en su comunicado mencionaron que avaló todas las licitaciones.
No son los únicos señalados. La Policía Nacional Civil también detuvo a la directora ejecutiva del Insivumeh, Astrid Amanda Montes de León, quien fue integrante de la junta calificadora que adjudicó por Q13.2 millones para fortalecer la red de sismología nacional. En registros públicos no acredita experiencia alguna y menos su cargo académico.
A una de las evaluadoras de la licitación que no localizaron fue a Julia Waleska Xuya Estrada. En tanto que Francisco Javier Juárez Cacao, otro de los subdirectores ejecutivos que avaló las compras calificadas de anómalas, no figura en la lista de a quienes se busca detener.
Entre otros detenidos también está el director de Recursos Humanos, Pedro Peña Alvarado. Y Carlos Manuel Caal de la Cruz, jefe del departamento de Investigación y Servicios Hídricos.
Familiares y afines prófugos
Junto a Sabrina Véliz su hermano, Juan Carlos Véliz Castañeda, tampoco fue localizado, quien ganó contratos por servicios en el ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE). Un nombre que no figura entre los señalados es Ana Cristina, otra de sus hermanas beneficiadas con un cargo temporal en el Insivumeh.
Por su lado, Mirtha Monterroso Bonilla, esposa del diputado Jorge García, y el hijo de ambos, Jorge Estuardo García Monterroso, también están prófugos, según reportó el matutino elPeriódico.
En la lista de pendientes de su aprehensión está también el vocero del Insivumeh, Emilio Alfredo Barillas Padilla. Su hermano, Gustavo Barillas, fue denunciado por el excandidato presidencial y exalcalde, Edwin Escobar, pero no figura entre el listado de los buscados.
Tras las empresas
A quienes sí logró detener el MP y la PNC fue a Adelso Marroquín, representante de Outsourcing, una de las empresas beneficiadas. Y a Toribio Alfonso Sequen Cojop, de BPO Marketing.
La fiscalía pidió que cerrar de forma provisional a un grupo de empresas sin mencionar si eran solo las antes mencionadas o hay más. La solicitud se hizo ante el Registro Mercantil, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE).
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