La municipalidad adquirió esas 20 manzanas en 2016, pero están envueltas en una investigación del Ministerio Público y no se sabe qué pasará con ellas hasta resolverse el caso.
Por Carmen Maldonado Valle
Ante la decisión presidencial de cerrar el vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), el alcalde de Villa Nueva planea ofrecer dos terrenos de la municipalidad para que se conviertan en un relleno sanitario. Sin embargo, son inmuebles con futuro incierto, porque alrededor de ellos hay una denuncia que puede traer dificultades para usarlos.
Las tierras están juntas y entre las dos miden 19.8 manzanas. Están en el sector “Zacarías” de Bárcenas, ubicado en el Km. 24.5 de la carretera al pacífico. El exalcalde, Edwin Escobar, las adquirió en 2016 por Q15 millones 097 mil 600 para convertirlas en un vertedero. La empresa Benselar S.A. se las vendió, según consta en Guatecompras.
La factura muestra 7 de octubre de 2016 como fecha de esa operación, pero el concurso se publicó el 24 de abril de 2017. La Contraloría General de Cuentas (CGC) hizo una auditoría a la comuna, donde calificó el hecho como una “falta de transparencia en la ejecución de gastos” y por ese motivo multó a Escobar con Q674 mil. También penalizó a Ana Méndez, la directora financiera, con la misma cantidad.
Después, la entidad denunció ante el Ministerio Público (MP) a Escobar, a Méndez y a todo el concejo municipal porque a su criterio los bienes adquiridos estaban sobrevalorados. El expediente, sin embargo, quedó bajo reserva y aún no se sabe cuál será la resolución.
Julio Vásquez, vocero de la comuna de Villa Nueva, afirma que cuentan con lo necesario para poner en marcha los trabajos del nuevo basurero porque los sujetos de investigación son los miembros del concejo municipal anterior. “El inmueble está formalmente inscrito en el Registro de la Propiedad”, añadió.
Los bienes adquiridos, además, tienen el aval del ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para convertirse en relleno sanitario porque “cuenta con las características físicas y ambientales recomendadas para ello”, según opinión técnica emitida el 6 de junio de 2017 por el Departamento para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos.
Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción (a cargo del caso), explicó que “si los terrenos se van a convertir en vertedero o no, es una decisión administrativa correspondiente al concejo municipal, pero ellos deben sopesar los riesgos provenientes de usar bienes involucrados en una denuncia”. Añadió que no podía adelantar ninguna de las posibles consecuencias a las que se refirió por la reserva de la acusación.
El abogado penalista, Jorge Solórzano, concuerda con el fiscal, porque no es recomendable usar un inmueble con el que no se sabe qué va a pasar. “Solo podemos suponer, pero imaginemos que se determina una sobrevaloración y el juez decide anular la compra. El bien volvería a ser del dueño anterior, ¿y qué va a pasar con la basura puesta allí si eso pasa? Es solo un escenario, pero se debe considerar”.
La transacción también podría haberse dado sin anomalías y ni las tierras ni los denunciados resultarían afectados, pero esto solo se sabrá cuando el MP termine de investigar, según el jurista.
¿Por qué surgió la denuncia?
El informe de la auditoría hecha por la CGC en 2017 muestra una variación entre los costos por metro cuadrado de cada terreno. Esa diferencia, según la institución, era un indicio de posible sobreprecio y se debía presentar la acusación ante el MP con el propósito de determinar si hubo alguna falta.
Los auditores de la CGC “presumían que hubo corrupción y pago de comisiones, por lo cual acusaban de sobrevaloración, pero se compró por menos del valor estimado por la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles (DICABI)”, indicó Edwin Escobar,
El avalúo que menciona se realizó en 2017 y estableció que los terrenos costaban Q15 millones 323 mil 823, sin el impuesto al valor agregado (IVA). Como dice el artículo 43 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (LCCE), antes de realizar la compra es necesaria la opinión técnica del ministerio de Finanzas para saber el precio justo del bien, el pago no puede superar esa cantidad.
“La adquisición del terreno por obvias razones no se podía licitar al ser único en su ubicación, por eso tenía un procedimiento diferente: se publicó después de comprado, para hacer referencia a la transacción”, sostiene el exalcalde.
Se busca espacio para un basurero
Las tierras cobraron de nuevo importancia después del comunicado que el Ejecutivo publicó en su cuenta de Twitter. En él se da a conocer el cierre técnico del vertedero de AMSA y se asegura que Villa Nueva cuenta con 20 manzanas para hacer un relleno sanitario. Hace referencia a la necesidad de que las demás alcaldías de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur consigan otras 38 manzanas de terreno a fin de tener espacio suficiente para los desperdicios.
El martes 23 de febrero, los siete alcaldes de la mancomunidad se reunirán con el titular del MARN, Mario Rojas, para presentar sus propuestas ante este requerimiento.
Te recordamos esa nota: Villa Nueva compra terreno para relleno sanitario y un año después lo publica en Guatecompras
