Las unidades de Información Pública deben informar sobre el número de solicitudes recibidas, las respuestas y el tiempo tomado, entre otros datos, durante 2019.
Por Ojoconmipisto
Como cada año, las 340 municipalidad deben rendir ante la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) su Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la Información.
Carmen Saavedra, de la Secretaría de Acceso a la Información del PDH, insistió en que la fecha límite para que los alcaldes envíen sus informes es el 31 de enero. Aunque reconoce que en años anteriores se han concedido prórrogas para cumplir con la entrega.
El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, adelantó que ya se preparan para hacer la solicitud de extender la fecha. “Estamos analizando esa posibilidad porque hay muchos alcaldes que acaban de tomar posesión, la mayoría es nuevo en el cargo y están teniendo problemas con su personal. Hoy (jueves 30) haremos la solicitud de prórroga”, indicó.
Ovalle contempla trabajar en el equipamiento tecnológico de la comunas que no cuentan con lo necesario para cumplir la ordenanza. “A veces no es mala voluntad, es que no cuentan con los recursos, o hay desconocimiento, como pasó en mi municipalidad hace dos años con un mal entendido”. Recordó, el también alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, cuando en 2018 lo denunciaron por no entregar a vecinos información requerida sobre obras en el municipio.
Los correos deben ser institucionales
Además de este requerimiento el PDH realizará una supervisión para verificar el uso de correos electrónicos de las Unidades de Información Pública (UIP).
En el informe de 2019 se pudo establecer que 112 municipalidades (el 33 por ciento) no respondieron los correos electrónicos ni remitieron lo requerido, “vulnerando el derecho humano a la información pública”. También detectaron errores en el procedimiento e incumplimiento de plazos.
Una mala práctica detectada entonces, fue varias oficinas de información pública utilizaban correos personales, y no institucionales. Esto afecta el seguimiento cuando hay cambios de personal. Al menos en 53 municipalidades esa era la situación.
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