Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Icefi, ve peligro en que las municipalidades no ejecuten los fondos de Codede para poder utilizarlos en época electoral.
Por Pilar Rodríguez
Para 2026, los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) tienen una cantidad de dinero significativa para ejecutar: alrededor de Q16 mil millones. Esto debería traducirse a obras construidas por parte de las municipalidades.
Sin embargo, en una conversación con Ricardo Barrientos, experto en política fiscal y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), advirtió del riesgo de regresar a prácticas corruptas de los años ochenta. Se trata de la asignación aprobada por el Congreso en noviembre y el decreto 7-2025.
–¿Cómo quedaron los fondos para los codede en el presupuesto 2026?
–De acuerdo con la ley y la opinión del Icefi, debería haber un único aporte ordinario equivalente a la doceava parte de todo lo que se recauda del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Resultaría en Q4 mil 500 millones. “El Congreso disfrazó (los recursos extraordinarios) de un fideicomiso de electrificación y resultó ser era una mascarada: en realidad era un aporte extra sin fundamentos técnicos, con una distribución geográfica antojadiza y más político-partidaria que técnica”, asegura Barrientos.
A esto se suma el decreto 7-2025, que permite trasladar asignaciones no ejecutadas del año presente al siguiente (2026). El Icefi estima que, al 31 de diciembre de 2025, va a quedar un saldo de Q5 mil 820 millones. Con esto, quedarían alrededor de Q16 mil 600 millones disponibles para los consejos el año que viene.
–¿Cómo va a operar el 7-2025 y cómo va a afectar a las prioridades de los presupuestos municipales?
–El Sistema De Consejos De Desarrollo (Siscode) tiene una estructura que empieza en la comunidad con el consejo comunitario de desarrollo (cocode). Siguen el consejo municipal de desarrollo (comude), luego el codede, luego el consejo regional de desarrollo y el consejo nacional de desarrollo.
El codede no tiene unidades ejecutoras, las municipalidades integran el codede y actúan como tal: reciben transferencias directas y el dinero que llega a los consejos termina en manos de los alcaldes.
El decreto le da dinero extra a las municipalidades de los saldos no ejecutados en el año anterior, y lo más grave es que le mete zancadilla a los órganos que deben revisar y aprobar proyectos, especialmente la Secretaría Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). Los cinco días que da la ley para aprobar proyectos. Si las entidades no responden, quedan aprobados automáticamente.
Hay mucho más dinero de lo que hay en los presupuestos municipales. Es una forma enmascarada de forrar de plata a las municipalidades.
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–¿Cómo evalúan esto desde el Icefi y qué riesgos representa para la transparencia y el control de gasto?
–Los riesgos son manipulación política de montos muy grandes. No se basan en índices de pobreza ni en necesidades reales, sino en criterios político-electorales. Lo más peligroso es que estamos retrocediendo a prácticas de los años ochenta y noventa, cuando los alcaldes intencionalmente no ejecutaban obras. Colocaban el dinero en el banco, ganaba intereses y luego devolvían esos montos, pero la obra no se hacía.
Esta práctica se detenía cuando llegaba el año electoral. El Icefi observa la intención de no ejecutar obras y, ya que el decreto 7-2025 permite postergar asignaciones, acumular fondos para el año pre electoral 2027. En ese año, los fondos podrían llegar a Q20 mil 000 millones, algo “nunca antes visto».
–¿Pueden las municipalidades hablar de autonomía cuando la mayor parte de sus ingresos depende del gobierno central?
–La Constitución de 1985 establece que se debe aprobar un Código Tributario Municipal para que la autonomía fuera real. Después de 40 años, esto no ha sucedido.“La autonomía solo es cuando les conviene.
Cuando se trata de cobrar impuestos como el Impuesto Único Sobre Inmueble, pocos jefes ediles se atreven a cobrarlo a los terratenientes. Dependen del flujo de dinero que viene del gobierno central, pero no acatan las normas a cumplir de parte de instituciones como Segeplan, u otras como la Ley Orgánica del Presupuesto o la Ley de Contrataciones.
–La mayoría del presupuesto municipal se destina a funcionamiento, ¿qué nos dice eso?
–El presupuesto municipal sirve para pagar sueldos, salarios, vehículos, dietas y demás. La obra municipal la realizan con fondos de los codede. En las giras departamentales realizadas por el Icefi, no se percibe esa inversión. Los caminos, escuelas, centros de salud siguen en mal estado pese a que los fondos para consejos de desarrollo incrementaron en los últimos cuatro años.
Estos no se fiscalizan igual. Ejemplos, el dragado de un río: nunca se ve a un auditor de la Contraloría con traje de buzo para auditar que esté bien trabajada.
–¿Qué rol puede jugar un vecino en la elaboración y toma de decisiones del presupuesto municipal?
Cada diciembre, el alcalde propone el presupuesto al concejo municipal. Esa información es pública y debería pedirse copia. Además del presupuesto municipal, está el de consejos de desarrollo. En los codede están representadas comunas, empresas, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y otros grupos. La comunidad debe saber quién los representa y ejercer auditoría social.
Para un municipio que busca invertir eficientemente, ¿cuál es el indicador más importante?
–El porcentaje de ejecución: cuánto se asignó y cuánto se ejecutó. También están las metas físicas: en educación, metas de matrícula, niños por aula y cantidad libros; en comunicaciones y caminos, cuántos kilómetros se planificaron.
Observa que se debe aprender a usar las metas físicas y exigir que sean públicas para darle seguimiento.
–¿Cuáles son los factores clave al conocer los montos y asignaciones aprobadas?
–Cuando se trata de funcionamiento, hay que estar pendientes de los salarios, dietas, compra de bienes y servicios, como el combustible. Cuando es inversión, observar el listado geográfico de obras.
En codedes, por ejemplo, a veces hay obras legítimas como construir un centro de salud, pero también resulta que han pagado a algún grupo norteño que amenizó la feria de la localidad y los alcaldes lo venden como inversión pública.
