La institución dispuso que las corporaciones ediles deben aplicar una guía de participación que les exige tramitar una nueva constancia.
Por José Pablo del Águila
El 9 de diciembre pasado, el contralor Edwin Salazar firmó el acuerdo 109-2019. La normativa en su artículo 1 establece como indispensable “la observancia y aplicación” para todas las municipalidades de una guía que obliga a alcaldes y concejales, tramitar una constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos (finiquito)” con fecha de emisión de 2020.
Si alguno de los electos no cumple con esto, el auditor interno municipal deberá notificar de inmediato a la Dirección de Auditoría al Sector Municipalidades y Consejos de Desarrollo de la Contraloría General de Cuentas (CGC), reza en el documento.
Ni el acuerdo ni la guía aclaran cuáles serán las consecuencias si los miembros de las corporaciones ediles no cumplen. Se consultó con Mónica Monge, asesora del despacho superior, pero al cierre de esta nota no brindó respuesta.
Rony Linares, analista en temas municipales, considera que si los alcaldes y concejales no tramitan su finiquito con la fecha de emisión que se requiere, no puede haber ninguna consecuencia. La Ley de Probidad no establece un plazo de vigencia para estos documentos.
Si en caso no se le permitiera a algún candidato tomar posesión de su cargo por no cumplir con esta exigencia, las autoridades incurrirían en abuso de autoridad. Linares cuestiona que la CGC tenga la capacidad para emitir estos documentos en los primeros 14 días de enero.
Carlos Mencos, excontralor y diputado electo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que nunca se había tomado una medida como esta. Sin embargo, explicó que habría que analizar el sustento legal del acuerdo, ya que este no podría extralimitarse de lo que dice la ley. De lo contrario podría impugnarse.
Una recomendación, no exigencia
Edwin Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), dijo que en capacitaciones a corporaciones ediles se sugirió que los finiquitos se tramiten cada tres meses. Sin embargo esto se recomendó como una buena práctica, no como una exigencia.
De 340 alcaldes, 84 se reeligieron. Ellos estarán obligados, debido a este acuerdo, a tramitar un nuevo finiquito.
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