Cada día las municipalidades generan documentos físicos y electrónicos que almacenan sin estándares ni personal adecuado. Hay iniciativas de ley para regular, pero ninguna se ha aprobado.
Por Jhonny Anona
En el segundo piso del mercado municipal de Patzicía, Chimaltenango, hay un local pequeño en el área de comedores. Allí se resguarda parte de la historia escrita del municipio, es el archivo municipal con documentos oficiales desde el siglo XIX hasta 1992.
Edgar Esquit, historiador y antropólogo patzicience, e Isabel Rodas, antropóloga, empezaron a organizarlo en 1991, con financiamiento de la Universidad de San Carlos (Usac). Encontraron los documentos en paquetes en una bodega. Todo era sobre administración municipal y el juzgado local. Luego de dos años entregaron a las autoridades un catálogo y una descripción de los paquetes. A falta de presupuesto para conservarlos, envolvieron los documentos en papel periódico y los numeraron. Dejaron alrededor de 250 paquetes, equivalentes a 72 metros lineales.
“Los documentos más recientes entiendo que se destruyeron”, dice Esquit. El clima y el descuido de las autoridades propiciaron su pérdida.
En 2006 retomaron el proyecto y se encontraron con 30 paquetes menos y almacenados en una bodega de láminas en la terraza de la municipalidad. “Estaban junto a materiales de construcción y había ratas”, explica.
Esta vez obtuvieron financiamiento de una universidad de Estados Unidos y empezaron de nuevo el proceso. Pusieron los paquetes en cajas de cartón y los resguardaron en el local que ocupa hasta hoy. Sin embargo le preocupa la ubicación. “Usan el local como bodega de limpieza del mercado”, productos que dañan los archivos junto a la humedad del edificio. Estar a la par de los comedores es otro factor, “está en un lugar peligrosísimo”, añade.
Patzicía es hasta ahora el único municipio de Chimaltenango que tiene de esta forma su archivo. En semanas recientes, la municipalidad de Acatenango del mismo departamento, mandó a empastar 43 libros que contiene sus actas municipales desde inicios del siglo pasado. La comuna pagó Q12 mil 685 por ello. Por medio de una solicitud de información, respondieron que se requirió “para evitar el deterioro de los libros de actas de oficina de secretaría municipal”.
Otro ejemplo es la municipalidad de San Marcos, que en 2021 también conservó y catalogó su archivo, por medio de un proyecto del Centro Universitario de San Marcos y la Dirección General de Investigación de la USAC. En la página de la municipalidad crearon un apartado para acceder al Archivo, sin embargo no funciona.
Municipalidades que han sufrido la quema de sus edificios han perdido parte de su información documental, es el caso de Sumpango, que en abril de 2006 fue incendiada por los vecinos que protestaban por la inseguridad.
Memoria histórica
La historia de los archivos en Guatemala ha sido un camino de tropiezos. Con la firma de la paz se desclasificaron documentos militares y el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), se vislumbró un cambio en la conservación de documentos. Sin embargo en los últimos años esto cambió.
Desde el traslado del AHPN al Ministerio de Cultura y Deportes, los investigadores académicos y legales han tenido difícil acceder, y aún menos los ciudadanos comunes que requieran información. Atenta contra la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
La ausencia de una legislación que proteja, conserve, difunda y permita el acceso a estos documentos, deja abierta la puerta para que sean dañados o desaparecidos intencionalmente.
Para Esquit, los archivos son herramientas tanto para la educación en las escuelas como para investigadores especializados. “Es importante para la historia de las comunidades. La gran narrativa (oficial) tiene que ser cuestionada por las historias locales”, apunta.
El Sistema Nacional de Archivos
En 2016 el diputado del partido Podemos, José Alejandro De León, presentó la iniciativa de ley 5013 “Ley del Sistema Nacional de Archivos”. Esta señala que es necesaria para el debido acceso a la información pública. El artículo 2 de la LAIP dice que la información debe estar disponible sin importar la forma de almacenamiento.
Entre los argumentos de la iniciativa se evoca el numeral 26 del artículo 10 de la LAIP. Dicta que por lo menos una vez al año las entidades de gobierno deben publicar la forma de gestión y acceso a sus archivos, pero pocas lo hacen, como Parramos recientemente.
La 5013 llegó a tercer debate pero no pasó. La principal razón, dice De León, fue porque hubo oposición para aprobar el Timbre para la Conservación de los Archivos Públicos, que establecía una cuota para emisión o reproducción de documentos. Lo que contravenía el principio de gratuidad de la información de la LAIP.
En la iniciativa siguiente presentada en 2021, la 5952, se eliminó este timbre y se hicieron otros cambios. La iniciativa pone al Archivo General de Centro América (AGCA), como ente rector de todos los archivos que se vayan a crear de aprobarse la ley. Además de un Consejo integrado por representantes de los organismos del Estado y universidades.
Según De León, la ley es necesaria para conservar documentos por estudios y proyectos en los que el Estado ha invertido. “Esperamos que en este segundo período legislativo pudiera ser una realidad”, dice. A pesar de que presentó la iniciativa solo, asegura que cuenta con el apoyo de la bancada y de otros diputados afines.
Para financiar las nuevas funciones del AGCA el diputado propone que parte de su presupuesto provenga del ministerio de Gobernación. “No es mayor la inversión que se necesita para que sea realidad”, apunta.
La conservación de archivos incluye todos los formatos y soportes. Por lo que todos los documentos electrónicos también son parte de la iniciativa de ley y de los principios de conservación archivística.
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