Una iniciativa de ley plantea crear la Comisión Nacional para la Prevención y Control de Incendios Forestales. Conred dejaría de tener esa función.
Por Elsa Coronado
Desde hace 15 años, no se presentaba una propuesta de ley para atender la emergencia que representan los incendios forestales. Sin embargo, en noviembre de 2024, la Comisión de de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso dictaminó a favor de la iniciativa 6378, Ley para la Prevención y Control de Incendios Forestales.
Esta propuesta crea una nueva estructura para combatir incendios: un consejo técnico integrado por varias instituciones que sería presidido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).
Uno de los ponentes de la iniciativa es el diputado de Vamos, Fidencio Lima Pop, quien presidió la comisión legislativa hasta enero 2025. Argumenta que se necesita cambiar el modelo de respuesta a los incendios porque el actual no funciona.
Lima Pop es crítico del trabajo que ha hecho la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que tiene el mandato de dirigir todas las acciones para prevenir y hasta rehabilitar los daños ocasionados por “desastres naturales o provocados (sic)”.
Aunque los cuestionamientos hacia la Conred son políticos, no son del todo infundados. La institución coordina con otras entidades del Estado de forma escalonada, pero el sistema no funciona como es debido.
El rol de las municipalidades
En enero y febrero de 2024, la entidad recibió críticas por no responder de inmediato al siniestro en el Volcán de Agua.
Keny Martínez, subdirector de Incendios de la Secretaría Ejecutiva de Conred, explicó que el Plan Nacional de Respuesta a los incendios establece que las municipalidades son las primeras que deben actuar, pero de las 340 comunas tiene el país, muy pocas están preparadas.
Martínez solo pudo mencionar a dos que tienen una organización adecuada para responder ante siniestros: Jalapa y San Lucas Sacatepéquez.
El Sistema Conred se activa cuando el ámbito local reporta que necesita ayuda, indicó el funcionario y la entidad tenía, en 2024, 150 brigadistas para todo el país (conocidos como bomberos forestales).
Desde 2017, Conred depende, en muchas ocasiones, del Ejército para aplacar el fuego. El año pasado, asignó a 22 mil 905 elementos y junto a los bomberos municipales, voluntarios y el personal de otras instituciones, la fuerza operativa para toda la temporada sumó 33 mil 239.
En contraste, el reporte de incendios de la temporada indica que el fuego afectó 558 mil 352 hectáreas. Una hectárea tiene casi las mismas dimensiones que una cancha de fútbol profesional.
El 43% del daño ocurrió en áreas protegidas. Desde que se llevan registros del impacto de los incendios, el 2024 ha sido el más catastrófico para la biodiversidad del país.
Revivir al Sipecif
La redacción de la iniciativa de ley tuvo el apoyo de 12 expertos forestales, incluidos funcionarios y exfuncionarios. Uno de ellos fue Josué Morales, consultor en manejo forestal, quien fungió como gerente del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y dirigió el Sistema Nacional de Prevención y Control de Incendios Forestales (Sipecif).
El Sipecif fue el ente coordinador para incendios forestales que funcionó de 2001 a 2017. Fue creado en el gobierno de Alfonso Portillo para organizar a otras instituciones en su prevención y extinción, pero nuncaquedó claro quién debía dirigirlo.
En algún momento, le asignaron la responsabilidad a la Secretaría Ejecutiva de Conred. Luego, estuvo a cargo del Conap y también pasó por la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP).
La institución se quedó sin apoyo económico y político y en 2017 el presidente Jimmy Morales derogó el acuerdo gubernativo que le daba vida y trasladó la responsabilidad a Conred.
Morales asegura que el Conacif es como un Sipecif, pero robustecido porque se crearía por medio de un decreto legislativo. En su consejo coordinador participarían Conap, Conred, Inab, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), la SCEP, los ministerios de Ambiente, Defensa, el sector privado a través de la Gremial Forestal y un representante electo entre las organizaciones no gubernamentales o de otro origen que se registren en la Conacif.
En conjunto tomarán decisiones para prevenir y combatir el fuego, pero también para recuperar las zonas afectadas, generar investigación y proponer nueva legislación.
Su presidencia recaería en el MAGA, porque, a decir de Morales, muchos de los incendios ocurren por accidente cuando los agricultores pierden el control al limpiar la zona en donde quieren sembrar.
Morales dice que el MAGA debe actuar a través de los extensionistas rurales para apoyar a los agricultores a gestionar el fuego. La propuesta de ley establece que se deben crear comisiones regionales, departamentales y municipales, al estilo de los Consejos de Desarrollo, para dar el seguimiento a este tipo de acciones.
¿Fuente de financiamento?
La iniciativa de ley estipula que los gobernadores y alcaldes quedan obligados a dar apoyo a las comisiones. Sin embargo, no se tiene claro aún su viabilidad financiera. La propuesta dice que se le deben asignar Q250 millones de los “ingresos tributarios y/o saldos de caja de años anteriores con partida a las obligaciones del Estado”.
También plantea que le asignen, por única vez, luego de su creación, Q150 para contratar personal, adquirir equipo, herramientas, vehículos y suministros para funcionamiento.
Además, establece que debe crearse un Fondo Nacional para la Prevención y Control de Incendios con asignaciones extraordinarias, donaciones, bonos, regalías, créditos o cualquier otro título aportado por el estado, individuales, jurídicas y de organizaciones internacionales.
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Carlos Grossmann, coordinador de Presupuesto Público y Derechos Humanos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) asegura que no se pueden asignar esos fondos a la ligera.
“Adicionar una institución nueva al sector público, sin tener conocimiento de lo que implica presupuestariamente, hay que decir, es una imprudencia. Los ingresos corrientes ya tienen compromiso de gasto, una asignación presupuestaria específica y eso no se puede modificar sin reformar algunas leyes o quizá reducir la asignación a otros rubros”.
Grossmann cuestiona que la propuesta de ley no detalle cómo se calculó el gasto o indique que se hizo la consulta de viabilidad ante el Ministerio de Finanzas.
Apoyo mixto
En cuanto al apoyo político para esta iniciativa, hay contradicciones. El dictamen de la iniciativa contó con el voto favorable de Mercedes Monzón, diputada electa por el partido Semilla, pero el Ministerio de Ambiente señaló que “en su momento se identificaronalgunos aspectos que requieren enmiendas para garantizar su efectividad”.
Keny Martínez, subdirector de incendios de Conred fue más contundente en su negativa. ¿Por qué revivir algo que no funcionó? Quienes lo promueven son las mismas personas (que trabajaron ahí) y no lo pudieron administrar adecuadamente. Mejor invertir esos fondos que indican en la estructura que tenemos en la actualidad”.
Este año varias instituciones cuentan con más fondos para fortalecer la lucha contra los incendios, pero todavía es insuficiente. Conap, por ejemplo, salió a pedir apoyo de donantes para cubrir casi Q9 millones para trabajar en la protección de áreas protegidas en riesgo de incendios.
A finales de febrero, cuando se registraban 161 incendios y 578 hectáreas de terreno estaba impactado, en el Congreso no había intenciones de analizar alguna propuesta para prevenir, atender o reparar áreas dañadas por los incendios forestales. El tema quedó fuera de la agenda prioritaria que estableció la Junta Directiva.
Esta nota es producto del Diplomado Fundamentos de la Conservación de la Naturaleza, apoyado por la Fundación Luis von Ahn y Defensores de la Naturaleza, coordinado por Laboratorio de Medios. Los autores son los responsables del contenido.
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