En 14 sesiones, esta comisión del Congreso emitió dos dictámenes desfavorables y aprobó un tercer borrador. Las autoridades citadas no comparecieron personalmente.
Por Pilar Rodríguez
La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso celebró 14 sesiones ordinarias entre marzo y septiembre de 2026, distribuidas en siete fechas. Durante ese período emitió dos dictámenes desfavorables y aprobó el borrador de un tercero.
La mayoría de las reuniones duró entre 20 y 45 minutos, mientras que las principales autoridades del Ministerio de Comunicaciones y Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) no atendieron personalmente las citaciones.
En cada fecha realizaron dos reuniones consecutivas, la mayor parte con una duración de entre 20 y 45 minutos.
Tenemos esta nota: La Comisión de Asuntos Municipales también puede fiscalizar
Las propuestas rechazadas buscaban crear la Región Metropolitana, garantizar un porcentaje del aporte constitucional para las Direcciones Municipales de la Mujer y ampliar el Transmetro hacia otros municipios.
Además de las sesiones ordinarias, la comisión realizó una mesa técnica el 24 de marzo para discutir la iniciativa de la Región Metropolitana.
Según las actas 01 a 14-2026, los diputados se reunieron:
- 3 de marzo
- 14 de abril
- 12 de mayo
- 2 de junio
- 7 de julio
- 18 de agosto
- 22 de septiembre
Todas las sesiones fueron el martes y se desarrollaron de forma híbrida o virtual. Al mes, cada uno de los siete integrantes por asistir a las dos reuniones recibe Q5 mil.
Tres iniciativas, tres dictámenes desfavorables
La primera propuesta rechazada fue la iniciativa 6710, Ley de la Región Metropolitana, presentada por la diputada Andrea Villagrán y otros diez congresistas.
El 14 de abril, la comisión aprobó por unanimidad de los votantes presentes el dictamen desfavorable, sin ningún voto a favor de la propuesta. Villagrán había solicitado participar en la discusión, pero se excusó porque se encontraba en Washington.
El rechazo se fundamentó en la mesa técnica del 24 de marzo, en la que participaron representantes de Segeplan, Sat, Gobernación Departamental y siete municipalidades: Chinautla, Amatitlán, San Juan Sacatepéquez, Chuarrancho, San Pedro Sacatepéquez, Mixco y Villa Canales. Los participantes coincidieron en que la iniciativa vulneraba la autonomía municipal.
La comisión también recibió una opinión consultiva de la Contraloría General de Cuentas, el 10 de abril. La institución advirtió que la propuesta crearía «una nueva capa burocrática» y representaría una carga adicional para el presupuesto público.
El principal cuestionamiento se concentró en el artículo 5, que declaraba exclusivas de la Región Metropolitana competencias relacionadas con agua, desechos, transporte, vivienda y ordenamiento territorial. Según el análisis jurídico, estas atribuciones corresponden a las municipalidades, por lo que la propuesta dejaría de ser un mecanismo de coordinación y pasaría a sustituirlas.
Como alternativa, el vicepresidente de la comisión, Miguel Ovalle, planteó legislar para que un porcentaje del presupuesto de Consejos de Desarrollo se destine a las mancomunidades municipales. El dictamen fue remitido a la Dirección Legislativa ese mismo 14 de abril.
La otra rechazada
La segunda iniciativa rechazada fue la 6724. Proponía reformar el Código Municipal para destinar al menos el 7 % del aporte constitucional a las Direcciones de la Mujer.
La propuesta fue presentada por Sofía Hernández, Marleny Matías, Lucrecia Samayoa, Andrea Villagrán, Ana Lucrecia Marroquín y otros diputados.
Se conoció el 12 de mayo, su análisis se presentó el 2 de junio y recibió dictamen desfavorable el 7 de julio. El documento fue enviado a Dirección Legislativa hasta el 4 de agosto.
Para emitir su resolución, la comisión solicitó información al Ministerio de Finanzas, Instituto Nacional de Estadística (INE), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), Contraloría, Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).
Finanzas explicó que el porcentaje propuesto saldría del aporte que las municipalidades ya reciben, sin modificar los recursos que les traslada el ministerio. El INE remitió sus proyecciones de población para 2026, mientras que Segeplan y Contraloría proporcionaron información sobre el cálculo y la liquidación del aporte constitucional.
El TSE respondió que entregar la información solicitada no estaba dentro de sus competencias y la Anam no contestó.
La comisión concluyó que la iniciativa «viola el principio de igualdad», contemplado en los artículos 4 y 66 de la Constitución. Temabién entraba en conflicto con la normativa vigente.
El tercer dictamen desfavorable correspondió a la iniciativa 6032, Ley de Ampliación del Transmetro a los municipios.
Esta propuesta permaneció detenida desde el 14 de abril, esperaban una opinión técnica del Ministerio de Finanzas. Los diputados reclamaron la respuesta durante las sesiones del 2 de junio y 7 de julio, la cual no llegó.
El borrador desfavorable
El 22 de septiembre aprobaron el borrador del dictamen desfavorable durante el apartado de puntos varios. Entre los documentos revisados no figura el texto de esa resolución, por lo que no es posible establecer cuáles fueron los argumentos utilizados para rechazarla.
Otras dos iniciativas permanecen pendientes. La 6826, Ley de Protección al Trabajador de la Calle y Defensa de la Economía Popular, fue leída el 22 de septiembre y quedó a la espera de dictamen. La 6816, Ley de Aguas, fue abordada con el Instituto de Fomento Municipal (Infom).
Las autoridades que no llegaron
Las citaciones a funcionarios del Ejecutivo estuvieron marcadas por ausencias recurrentes. La ministra de Comunicaciones faltó el 14 de abril —enviando al director de Caminos y delegados— y el 12 de mayo, cuando fue representada por el viceministro de Infraestructura. Una tercera reunión del 2 de junio se canceló por el Pleno y el ministerio tampoco entregó el informe solicitado.
Una situación similar ocurrió con la Conred: ignoró el informe pedido el 18 de agosto y su secretaria ejecutiva, Claudinne Ogaldes Cruz, no se presentó a la citación del 22 de septiembre tras esperar 20 minutos. Ante ello, la comisión advirtió que aplicará la ley si desatiende una tercera convocatoria en octubre.
Quien sí compareció el 22 de septiembre fue la presidenta del Infom, Karin Slowing Umaña. Expuso cambios internos, pidió incluir a la entidad en las iniciativas 6816 y 6834 (Ley de Aguas) e informó que en 2026 han asistido a 325 municipalidades.
Carreteras, proyectos y solicitudes municipales
La infraestructura vial fue otro de los asuntos recurrentes en las reuniones. Durante sus comparecencias, los representantes del CIV informaron que 2025 cerró con un avance del 70 % y que esperaban alcanzar el 80 % entre mayo y junio. También reportaron que habían completado 200 de los 700 kilómetros programados de asfalto y recapeo.
Para la cuesta de La Conora, en Jutiapa, estimaron cuatro meses adicionales de trabajos. Los diputados, por su parte, reportaron que una columna del puente El Morral, en Chiquimula, se había hundido «aproximadamente un metro».
La comisión planificó una visita conjunta a Jutiapa, Jalapa y Chiquimula para el 22 de mayo, así como la fiscalización de Q5 millones correspondientes a la ampliación del contrato de la ruta nacional 18.
Durante la discusión sobre la construcción de pasos a desnivel, el CIV informó que únicamente cuenta con el proyecto de la 46 calle en la calzada Aguilar Batres. Ante ello, los diputados acordaron solicitar que el presupuesto de 2027 incluya dos pasos a desnivel en la CA-9 Norte, en Chiquimula, y uno en el cruce de San Vicente Pacaya.
Sobre la carretera que conecta San Vicente Pacaya con la aldea El Rincón, en Amatitlán, el Fondo Social de Solidaridad indicó que el proyecto era viable. Como enlace se designó al concejal Carmen Antonio Ponciano Reyes.
Además, el 14 de abril, la comisión atendió por teléfono al alcalde de Camotán, Chiquimula, Noé Rolando Guerra, quien solicitó incorporar caminos de su municipio al inventario vial.
Otros asuntos pendientes
La comisión también gestionó una carta de entendimiento con el Parlamento Centroamericano (Parlacen). Su firma estaba programada para el 28 de junio, pero el organismo la canceló y solicitó trasladarla al 22 o 23 de septiembre. En las actas de ese mes no consta que se haya concretado.
En materia de fiscalización municipal, se entregaron al Archivo Legislativo los informes de ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre de 2026 y el complemento correspondiente a 2025. En conjunto, sumaron 9 mil 270 folios.
También se conoció información sobre el amparo promovido por la municipalidad de San Miguel Petapa contra la iniciativa 6709, relacionada con el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). El Pleno y las comisiones de Asuntos Municipales y Finanzas fueron señalados como autoridades. Según la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso, el trámite quedó suspendido en definitiva.
Al cierre de septiembre, el balance de la Comisión de Asuntos Municipales era de 14 sesiones ordinarias, una mesa técnica, tres dictámenes desfavorables y dos iniciativas pendientes de resolución. Las actas también registran citaciones sin atender personalmente por las principales autoridades convocadas y solicitudes de información que quedaron sin respuesta.
