El director de la Cámara Guatemalteca de Transporte Extraurbano admite que no se cumple con medidas de prevención y autoridades contribuyen a la corrupción.
Por Claudia Palma
Hay 13 quejas en la Defensoría del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) por incumplimiento de los protocolos para prevenir la COVID-19. La polarización de los vidrios de buses extraurbanos, es una, lo cual no permite la verificación adecuada si las unidades de transporte sobrepasan o no la capacidad que tienen autorizada.
“El polarizado está prohibido para buses urbanos y extraurbanos, pero los transportistas justifican que es por medidas de seguridad para evitar robos y extorsiones”, indicó el defensor del usuario del transporte de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra. La sanción por infringir esta norma es de Q250 (artículo 73 del Acuerdo Municipal COM 42-2009) en ciudad de Guatemala.
Óscar Alvizúres, de la Cámara Guatemalteca de Transporte Extraurbano, que aglutina a 500 agremiados de rutas largas y 23 mil unidades, admitió el riesgo por el incumplimiento de las medidas. “Siempre les damos las directrices a todos nuestros agremiados, desafortunadamente varios carecen de razonamiento mínimo y no miden las consecuencias que provocan situaciones como polarizar los buses. Sabemos cuál es la responsabilidad que tenemos, pero a veces es como arar en el desierto”.
Se queja de que no existe supervisión por parte de las autoridades. “El transporte será el detonante de la segunda ola de Covid, de la tercera y si hay, de una cuarta”.
En opinión del Enrique Godoy, ex vicealcalde de la ciudad, “si las personas utilizan mascarillas y gel, el riesgo de contagio es alto, pero no extraordinario. Ningún otro país en el mundo cerró el transporte público cinco meses como hicimos nosotros. Muchos bajaron ocupación porque había negocios cerrados, pero no porque el transporte estuviere cerrado”.
Una propuesta de la que nadie habló
Delegados de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia al COVID-19 (Coprecovid) y de la PDH visitaron el jueves 8 de octubre tres predios en las zonas 1 y 21. “Muchos de los buses no han instalado ni la mampara de protección para el piloto ni el dispensador de alcohol en gel. Tampoco cuentan con el sistema prepago de tarjetas ni aparatos de validación y ofrecieron estos cambios en la Mesa de Transporte, pero no cumplen”, dijo Guerra.
Edwin Amaya, de la Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), lamenta que la Defensoría del usuario del Transporte que nos ha acompañado externe esa opinión porque ha estado en la Mesa Técnica de Transporte. “Llevamos ocho meses sin generar un solo centavo. Hay un aporte del Gobierno para la desinfección de los buses y reiniciar labores que no lo han dado. Una vez que tengamos el aporte, en 72 horas ponemos a trabajar las unidades”.
Solicitan al Gobierno Q18 mil como pago único a cada propietario, indicó Amaya. No obstante, estimó que este año sin ese dinero no habrá servicio de buses rojos. “Hace tres meses propusimos a la Municipalidad de Guatemala, el ente regulador, indemnice a cada propietario por $50mil si quieren hacerse cargo del transporte, pero dijeron que era inviable”.
Para Godoy, la circulación de los buses rojos casi llegó a su fin. “No tienen, legalmente, cómo operar. Y si así lo quieren tienen que autorizar tarifas como hizo Mixco”, agregó Godoy. De lo contrario tendrán que ampliar el Transmetro o contratar buses de estos como alimentadores.
La Municipalidad de Guatemala anunció en sus redes sociales que este sábado se realizarán ensayos en la ruta de Transurbano de zona 21.
