Aún falta poco más de dos meses para acabar el año y los fondos destinados a esto en comparación con 2021 aumentaron.
Por Carmen Valle
Hasta octubre de 2022 al menos 13 comunas gastaron Q4 millones 935 mil 863 en instalar y mantener sus sistemas de videovigilancia. Aunque aún no termina el año, esto supera los Q2 millones 10 mil 5 invertidos en todo 2021 con la misma justificación: prevenir delitos en sus ciudades.
Las cámaras se encuentran en los edificios municipales y en las calles. Según los documentos de Guatecompras, los jefes ediles priorizan estas compras porque las consideran como un recurso para prevenir la violencia, aportar seguridad a los vecinos y dar a conocer a quienes piensan cometer un robo, que su rostro será registrado.
Quien más gastó en ello este año fue San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, con Q2 millones 325 mil pues, de acuerdo con el coordinador de la oficina de seguridad, Federico Najarro, a través de estos sistemas se puede mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Por esa razón se solicitó un circuito de 125 cámaras conectadas por fibra óptica a instalarse en las calles. Existirá un centro de monitoreo en el edificio de la antigua empresa eléctrica con pantallas gigantes y diez computadoras. El proveedor será Alberto Eladio Imídeo Gómez Maldonado, a quien en 2022 el ministerio de Salud y las municipalidades de San Marcos y Quetzaltenango le adjudicaron Q17.9 millones.
Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz, también compró cámaras para el casco urbano. Quien las solicitó fue el encargado municipal de transporte, Raúl Lemus. Para él, se necesita esto “debido a la alta delincuencia y para fortalecer a la policía municipal”. Además, dice, esto aportará información cuando existan accidentes vehiculares.
La alcaldía gastó Q63 mil 500 y el proveedor fue Sergio Danilo Mayén Ochoa, quien presentó la propuesta más cara de las cuatro. También ha abastecido a municipalidades en el pasado con impresoras y materiales eléctricos. Esta es la adquisición municipal de cámaras más reciente.
Existen también excepciones, como La Esperanza, Quetzaltenango, donde en 2021 se amplió la red de cámaras no solo para estar en las zonas rojas por Q48 mil 523, sino para reducir los vertederos clandestinos. De acuerdo con la oficina de ambiente, al sentirse observados disminuye poco a poco la costumbre de sacar los desechos a las calles por no pagar el servicio de recolección.
No necesariamente previenen
Las municipalidades pueden desarrollar políticas preventivas siempre y cuando no se atribuyan tareas correspondientes a la Policía, como las detenciones, de acuerdo con la analista de seguridad, Carmen Rosa De León. Sin embargo, las cámaras no siempre funcionan como instrumento para prevenir porque solo aportan información tras el delito, entonces no cumplen con evitarlo.
“Tal vez pueden disuadir al criminal si se siente vigilado, pero no hay garantía. Los verdaderos instrumentos para prevenir la vulnerabilidad de los vecinos son los datos, porque al realizar estos diagnósticos se determina qué se percibe como amenaza real”, asegura.
Como ejemplo, menciona una investigación realizada en Sololá, donde se buscaba instalar videovigilancia, pero el verdadero problema referido por los habitantes al entrevistarlos no era la violencia, sino el abandono de los ancianos. “La familia migraba y enviaba remesas para que los cuidaran, pero ese dinero no les llegaba y terminaban en la calle. La inseguridad de ese municipio no estaba en las agresiones, sino en el desamparo. No necesitaban cámaras, sino atención a los adultos mayores”, cuenta.
Tampoco ve una utilidad significativa para el circuito cerrado en lugares donde no hay tanta incidencia delictiva. De los 15 departamentos con gastos en ella durante la administración actual, ocho (Chiquimula, El Progreso, Escuintla, Guatemala, Jalapa, Jutiapa, Retalhuleu y Santa Rosa) tuvieron una tasa mayor a 14 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020 y 2021, determinó el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.
Desde 2020, en total 33 alcaldías gastaron Q9 millones 955 mil 778 en cámaras de seguridad y los departamentos con compras fueron Guatemala (Q3.6 millones), San Marcos (Q2.5 millones) y Escuintla (Q1.9 millones). En promedio, una de cada diez municipalidades gastó en este tipo de sistemas.
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