En ese municipio, quienes atiendan al público en todos los sectores deberán inmunizarse por orden municipal. Según el jefe edil, esto reducirá la mortalidad y ahorrará gastos en ataúdes.
Por Carmen Maldonado Valle
El diario oficial amaneció con un anuncio de la comuna de San José Chacayá, Sololá, donde se obliga a transportistas, líderes religiosos, comerciantes y a todos los trabajadores a inocularse contra el coronavirus. Las medidas entrarán en vigor el 17 de septiembre y se mantendrán hasta tener al 80 por ciento de la población con esquema completo.
“Salíamos a la calle, hacíamos perifoneo, hablábamos con dirigentes comunitarios, mostrábamos dibujos, íbamos a las casas y aun así la gente no se quería vacunar”, enumera los esfuerzos, Luis Florencio García, el jefe edil. “La gente pone más atención a rumores en redes sociales y no se quiere inyectar, entonces dijimos basta. Vacúnense porque no podemos costear más entierros”, añade.
Según él, se ha explicado a los pobladores cómo el biológico, aunque no evita los contagios, sí reduce el riesgo de hospitalización y muerte para quienes contraen el virus. De acuerdo con el tablero del ministerio de Salud, en esa ciudad hay 3 mil 78 personas en edad de inmunizarse. De estas, la mitad tiene el primer componente y solo un cuarto tiene esquema completo.
“Es más difícil convencer a los ancianos, mientras los grupos más jóvenes van por su primera dosis, pero en la segunda, ni sus luces. Luego se contagian, se mueren y la familia pide ayuda en la municipalidad para pagar el ataúd”, sostiene. Entre julio de 2020, cuando se detectó el primer caso, allí, y el 15 de septiembre de 2021, Salud reportó 48 pacientes positivos y siete de ellos murieron.
En Guatecompras aparecen las transacciones por ataúdes y entierros pagados por la comuna a la empresa “El último recuerdo”. En 2020 esta ganó Q22 mil 200 por ocho servicios, mientras en 2021 ha recibido Q20 mil por ocho más. El proveedor también trabaja para otras municipalidades en Sololá desde 2016.
A decir de García, las personas deberán acatar las disposiciones porque “a donde vayan no se les dejará entrar sin su carné de vacunación, y quienes no puedan por alguna condición médica, deberán mostrar un documento donde esto se certifique”. Además, se formará una comisión para supervisar los establecimientos y quienes no cumplan las normas recibirán desde una advertencia hasta multas por Q500 o, en caso extremo, el cierre del negocio.
“No creo que dure mucho, porque no se puede intimidar a las personas y violar su libertad. Si se les obliga a hacer algo que no quieren, se caería en coacción y las autoridades podrían ser encarceladas”, dice el abogado Oswaldo Samayoa. De hecho, por este delito hay una condena de seis meses a dos años de prisión, como consta en el artículo 214 del Código Penal.
Por otro lado, para el abogado y exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, no hay impedimento para que los patronos despidan a los empleados si no se vacunan. “Aunque el Código de Trabajo no contempla estas situaciones, sí obliga a los trabajadores a acatar las normas del establecimiento, sobre todo en cuanto a salud e higiene. Si no lo hacen, se justifica el despido”, añade.
El alcalde recordó que las disposiciones continuarán hasta inmunizar a la mayoría de los pobladores. Se trata de su tercera vez no consecutiva en el cargo en un municipio con 4 mil 68 habitantes, según el último censo. Dos terceras partes tienen algún grado de pobreza.
También puedes leer: Salud, 349 personas con COVID-19 en los hospitales tenían al menos una dosis de vacuna
