Miguel Antonio López Barahona tomó posesión hasta ahora luego de que el Tribunal Supremo Electoral le negara la inscripción en las pasadas elecciones.
Por Jhonny Anona
El viernes 6 de agosto por la noche Miguel Antonio López Barahona fue juramentado en el edificio municipal. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) le notificó que la revocación de su inscripción fue anulada por la Corte de Constitucionalidad en abril de este año.
Cinco días antes de las elecciones de 2019, el Registro de Ciudadanos TSE anuló su inscripción como candidato a la alcaldía por el comité cívico Movimiento Unido Pastorense (MUP). Su nombre no apareció en la papeleta, decía “vacante” en donde debía ir su nombre.
López tenía un proceso penal que hasta hoy sigue vigente. El Ministerio Público (MP) lo acusa de falsedad ideológica, pues inscribió como terreno municipal una parte privada en el balneario Aguas Calientes y posteriormente empezaron a realizar obras en el lugar.
De esa cuenta asumió como jefe edil Hugo Leonel Mendoza Reyes, que ahora volverá a su cargo de concejal I.
En conferencia de prensa ofrecida el martes 10, López señaló que lo primero que observó en los pocos días que lleva como alcalde es un “desorden en todo aspecto” al interior de la municipalidad.
Entre sus primeras acciones será evaluar el tema de la pandemia en el municipio. También solicitará una auditoría interna, anunció.
El MUP lleva ganadas siete elecciones no consecutivas desde 1993, cinco de ellas, incluyendo este período, las ganó Miguel López Barahona. Por ahora no piensa en competir por un sexto período, dijo.
Dejó la alcaldía, pero volvió como asesor municipal
Un día después de dejar el cargo como alcalde, firmó contrato con la municipalidad para trabajar como “asesor en gestión de políticas públicas municipales”. Según el contrato, sus funciones serían coordinar gestiones públicas para el cumplimiento de las normativas, resolver procedimientos municipales, entre otras actividades en su calidad de asesor.
Por ello cobraría Q14 mil por 11 meses y uno de Q7 mil, en total serían Q161 mil por su asesoría en 2020. Algo superior al salario base de Q10 mil que tenía como alcalde.
Sin embargo, afirma que su contrato se anuló dos meses después por motivos financieros. “Eso fue lo que dijo la administración, pero en realidad fueron otros”, señaló. En el portal de Guatecompras únicamente aparece publicado el contrato, pero ninguna factura por cobro de honorarios o informe de sus actividades.
Luis Linares, analista de Asies, comenta que las reformas electorales no han puesto condiciones más claras sobre estos casos. “La Corte de Constitucionalidad no tiene criterios precisos, resuelve con poco fundamento y claridad”.
Menciona que el hecho de que haya ganado tantas elecciones y luego de no asumir volviera como asesor, se debe a un clientelismo electoral logrado “a base de favores”, criticó. “(El alcalde) se ha sumado a apoyar políticamente a la opción que ve ganadora”, añadió.
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