Mediante herramientas de monitoreo busca articular la planificación nacional, departamental y municipal, para mejorar el seguimiento de la inversión pública y la participación de vecinos.
Por Pilar Rodríguez
El dinero de las municipalidades y los proyectos en las comunidades tendrán nuevas reglas de juego. De esta manera, el Gobierno busca cambiar la forma en que se planifican las obras públicas para frenar la opacidad y abrirle la puerta a la fiscalización de los vecinos.
De eso trató la última reunión del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur). Aprobó la reorientación estratégica del Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) para fortalecer la planificación territorial, mejorar el seguimiento de la inversión pública y ampliar mecanismos de transparencia y participación ciudadana.
Ana María Méndez, subsecretaria de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), explicó que la iniciativa surgió de revisar el funcionamiento del sistema. La realizó una comisión especial temporal integrada por representantes del Ejecutivo, alcaldes y sectores no gubernamentales.
Tenemos esta nota: Conadur aprueba cambios para descentralizar la inversión
Entre los jefes ediles participantes se encontraban Víctor De la Cruz Cruz, de Salamá, Baja Verapaz, y Juan Carlos Pellecer de San Juan Sacatepéquez.
La estrategia se basa en tres pilares principales:
- Planificación articulada entre los niveles nacional, departamental y municipal;
- Inversión pública con trazabilidad durante todo el ciclo de los proyectos;
- Fortalecimiento de la transparencia y la participación ciudadana.
Seis ejes y 30 decisiones estratégicas
La reorientación se desarrolla mediante seis ejes estratégicos: política nacional de desarrollo, democracia participativa y representación plural, descentralización y coordinación interinstitucional, fortalecimiento del Siscode, inversión pública territorial y monitoreo, seguimiento y auditoría social.
A partir de estos, el Conadur definió 30 decisiones estratégicas que servirán de base para un plan cuya implementación será monitoreada mediante indicadores de avance.
Según Méndez, el propósito es que el Conadur pueda dar seguimiento permanente al cumplimiento de estas decisiones y no centrarse en la aprobación de recursos y proyectos.
Un sistema para dar seguimiento a proyectos
La herramienta busca registrar cada etapa del proceso en un sistema integrado de gestión. Desde la priorización, planificación, ejecución, gestión contractual, administración financiera y liquidación de los proyectos a fin de garantizar la trazabilidad de la inversión pública.
Es decir, la solicitud de esa escuela, esa calle o ese albergue hasta la entrega de las llaves de la obra.
La SCEP trabaja en un mecanismo de monitoreo que permitirá conocer el porcentaje de avance de cada una de las decisiones estratégicas aprobadas por el Conadur.
El papel de las municipalidades
La subsecretaria Méndez indicó que la reorientación no modifica las competencias de las municipalidades, por el contrario. Busca fortalecer la coordinación entre todos los actores que integran el Sistema de Consejos de Desarrollo.
Las municipalidades continuarán en su papel de ejecutoras de proyectos financiados con recursos de los consejos de desarrollo. En tanto el Ejecutivo, las comunidades organizadas y los representantes de sectores no gubernamentales mantendrán sus funciones dentro del sistema.
El objetivo es la coordinación para evitar esfuerzos dispersos y orientar la inversión hacia las prioridades identificadas por las comunidades. La estrategia incorpora mecanismos para fortalecer la auditoría social. Méndez destaca el uso de códigos QR colocados en los rótulos de las obras financiadas con fondos de los consejos de desarrollo.
Al escanear estos códigos, los ciudadanos pueden consultar información sobre el proyecto, conocer su avance y reportar posibles irregularidades cuando consideren que la ejecución no corresponde con lo planificado. La herramienta registra más de 23 mil consultas.
Aseguró que la SCEP informará en los territorios, a la ciudadanía sobre el funcionamiento de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) y promover una mayor participación en identificar y priorizar las necesidades locales.
La funcionaria señaló que el principal reto ahora será implementar. A partir de septiembre,el Conadur contará con un mecanismo para evaluar periódicamente los avances y revitalizar el funcionamiento del Sistema de Consejos de Desarrollo.
La necesidad de informar a los Cocode
Linsleyd Tillit, directora de Alas de Mariposas y exrepresentante de los colectivos de mujeres del Codede de Guatemala, teme que la propuesta se quede en documentos normativos. Que no se consolide un mecanismo efectivo para su socialización integral entre la población.
Explicó que el proceso requiere de una estrategia de comunicación que explique de forma directa las implicaciones de dicha reforma. La transformación del sistema de asignación presupuestaria depende del nivel de conocimiento que cada ciudadano posea respecto a la ejecución de las obras públicas locales.
Asimismo, recordó que el Siscode programó la renovación de representantes de la sociedad civil para los próximos meses: las elecciones departamentales en octubre, a nivel regional en noviembre y las nacionales en diciembre de este año (2026).
Mencionó que el desconocimiento de las nuevas directrices por parte de los sectores sociales representó un punto crítico ante este cambio de delegados. «¿Cuántas personas tienen acceso a internet? ¿Cuántas personas tienen acceso a comprender toda la dimensión del sistema cuando es súper técnico?», cuestionó.
Propone que se priorice el fortalecimiento técnico de los cocode. Considera que el acceso de estos a datos precisos de las obras, como el número de identificación (SNIP), los presupuestos desglosados y la identidad de las empresas ejecutoras adjudicadas, hará más eficiente la fiscalización.
“Se requiere que la ciudadanía vigile de cerca los procesos de contratación pública”, dijo. “Las comunidades deben mantenerse atentas ante posibles vínculos de interés entre los contratistas adjudicados y figuras políticas locales, como alcaldes o diputados distritales. El propósito es fiscalizar el cumplimiento de cada obra”.
