Los cobros realizados por atravesar la calle de “Los Pescaditos” en Chiantla, Huehuetenango, pone sobre la mesa la legalidad de medidas tomadas por un cocode.
Por Ana Valdez
Irazema de Álvarez no utiliza a diario la calle de “Los Pescaditos” en la zona 2 de Chiantla, Huehuetenango. El motivo: la última vez pagó Q25 por transitarla. El cobro es a disposición del Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) por transportar material pesado.
“Aunque yo no compré en ese lugar mi carga. Les explique, pero dijeron que todo el que lleve material pesado debe de pagar”. La cuota es un peaje, argumentaron. “Me imagino que está autorizado por el Alcalde”, comentó De Álvarez.
Inconformidades como la suya abundan de quienes transitan con frecuencia esa vía pública. “Ya hablé en dos ocasiones con ese Cocode y les hice ver que el cobro es ilegal”, afirmó el alcalde Elvis Gilberto Tello (partido Vamos). “Ellos acaban de arreglar la calle con fondos de la comunidad”, agregó sin especificar si de los vecinos, municipales o de consejos de desarrollo. Este es su tercer período no consecutivo.
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Ingnoran el destino del cobro
Hay otro asunto respecto al cobro de la calle “Los Pescaditos”: la municipalidad ignora en qué se empleaan los recursos del peaje. El alcalde dijo que citaría a los miembros del cocode ante el concejo municipal.
Y es que “nadie está autorizado para realizar cobros por transitar en una vía pública, indicó Rony Linares, abogado experto en asuntos municipales. Solo el Congreso de la República tiene esa facultad. “Como lo fue en su momento el cobro por el derecho de paso en la autopista Palín-Escuintla”, recordó.
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Si se trata de una calle pública nadie está autorizado para recolectar dinero por esa razón. Ni el cocode ni la municipalidad. Se puede cobrar si atraviesa una propiedad privada, pero este no es el caso. “El cocode pudo haber incurrido en una exacción (Cobro obligatorio e ilegal), usurpación de funciones y obstrucción al derecho de libre locomoción”, agregó.
En este caso, corresponde a la Contraloría General de Cuentas verificar si el Cocode cuenta con algún tipo de autorización, y a la Policía Nacional Civil garantizar la libre locomoción, finalizó Linares.
