Exigen al alcalde que cumpla con la normativa aprobada por la comuna para evitar la contaminación auditiva. Pero falta calibrar los sonómetros para medir el volumen.
Por Ana Valdez
El Consejo Comunitario de Desarrollo (cocode) de Rancho Grande en Panajachel, Sololá, exigió a su municipalidad el cese de ruidos ocasionados por el funcionamiento de locales conocidos como “after”. Se basan en el cumplimiento de un reglamento aprobado en diciembre del año pasado, para evitar la contaminación auditiva. Hasta ahora no se ha llevado a la práctica.
En diciembre de 2025, la municipalidad aprobó el “Reglamento para la Autorización de Megáfonos o equipos de sonido ante la exposición del público y para el control del ruido en el municipio de Panajachel”. El cual los comunitarios de Rancho Grande exigen se cumpla.
“Como vecinos del sector Rancho Grande manifestamos nuestro profundo malestar y preocupación por el exceso de volumen proveniente de diversos establecimientos que utilizan equipos de sonido. Tal situación desde hace mucho tiempo afecta la tranquilidad, el descanso y la calidad de vida de quienes residimos en el sector”, expusieron en redes sociales.
Calibrar sonómetros
El alcalde Samuel Zacarías Sahon Rosales (del partido Movimiento Para La Liberación De Los Pueblos, MLP) explicó que la comuna trabaja en hacer una enmienda. Se incluyó la utilización de un sonómetro que debe ser rectificado y calibrado por una organización que no se encuentra en Guatemala. “Este detalle ha dificultado las cosas. Estamos haciendo una enmienda a ese punto, incluso ya compramos los sonómetros que necesitaremos”.
Además, está en proceso la contratación de una jueza municipal para el turno nocturno que se encargue de dar cumplimiento al reglamento. “Espero que en no más de dos meses el problema esté resuelto”, ofreció el alcalde.
Los vecinos en su denuncia pidieron la intervención de la Policía Nacional Civil que intensifique los operativos en los establecimientos conocidos como «after», los cuales han sido identificados por la institución, haciendo cumplir estrictamente la Ley Seca.
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La normativa –aprobada el 17 de diciembre de 2025 en el acta número 155-2025– busca regular la contaminación auditiva por el uso de reproductores, amplificadores o propagadores de sonido. Las disposiciones aplican a personas individuales o jurídicas, asociaciones, comités, grupos culturales y a las agrupaciones de cualquier naturaleza dedicadas a actividades comerciales.
Esto incluye a centros comunitarios, iglesias y centros de culto, transportes terrestres, incluso acuáticos entre otros cuando superen los 60 decibeles en el interior de los locales y 50 decibles en el exterior.
Las multas
Según el reglamento, corresponde al alcalde la autorización de licencias del uso de megáfonos o reproductores y toda denuncia deberá ser conocida por el Juzgado de Asuntos Municipales.
El costo de las licencias varía de Q100 hasta Q5 mil y las multas por infringir las disposiciones de la normativa oscilan entre Q500 y Q8 mil, según la clase de establecimiento y tipo de licencia con que cuente. Se contempla también que los establecimientos reincidentes pague una multa equivalente al doble de los montos establecidos. En caso de una tercera reincidencia el Juzgado de Asuntos Municipales podrá certificar lo conducente, es decir una denuncia penal ante el Ministerio Público.
“El derecho al trabajo debe ir de la mano con el respeto a los derechos de los vecinos. Después de una extensa jornada laboral necesitan descansar, otros tienen familiares enfermos, adultos mayores, niños o personas que requieren un ambiente tranquilo para su recuperación y bienestar”, expusieron en redes integrantes del cocode. “Ningún interés comercial puede estar por encima del derecho de la población a vivir en un ambiente de paz”, concluyeron.
