Es común esta práctica para escoger a dedo las constructoras, afirma Manfredo Marroquín, presidente de la ONG.
Claudia Lepe
El Concejo Municipal de Olintepeque, presidido por Miguel Gómez Calvac, aprobó la pavimentar el camino del cantón Villa Laura de la aldea Barrios; el camino comprende 700 metros lineales por 5 de ancho y 15 centímetros de grosor. El costo de la obra era de Q999,136.00.
Sin embargo, el Concejo Municipal acordó ampliar en 180 metros más el proyecto y retirar el concurso de Guatecompras, con el argumento de que lo ejecutaría la municipalidad, según explicó Armando Hernández, director de Planificación.
Lo ocurrido en Olintepeque, explicó Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, se repite en la mayoría de municipalidades. Estas ejecutan obras de infraestructura “para evadir realizar las cotizaciones o licitaciones y designar a dedo la constructora que tendrá a su cargo las obras”.
Las alcaldías optan por fraccionar las obras municipales, aunque se corran el riesgo de caer en el ilícito de malversación de fondos al tratar de evadir la Ley de Contrataciones del Estado, agregó Carlos Villagrán quien durante 25 años desempeñó el cargo de auditor municipal de la ciudad de Quetzaltenango.
Villagrán añadió que lo recomendable para evitar problemas con la Contraloría General de Cuentas es informar que la obra será ejecutada por la administración, es decir, será la municipalidad la que la haga por fases de acuerdo con los ingresos que obtenga y la colaboración de los vecinos.
La Ley de Contrataciones del Estado establece que las obras mayores de Q90,000.01 deben ser cotizadas, y cuando supera los Q900,000.01 licitadas. Esta información debe publicarse en Guatecompras.
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Esta nota es producto del Diplomado «Periodismo Político y Electoral» que imparte el International Republican Institute, bajo la coordinación de Laboratorio de Medios, S.A. a periodistas de diversos departamentos de Guatemala. (La asistencia financiera y técnica que el International Republican Institute (IRI) otorga para esta actividad es provista por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es posible gracias al apoyo del pueblo estadounidense).
