Según la comuna, usar el equipo evita faltas de respeto entre los agentes y los vecinos durante los operativos. El Congreso, mientras tanto, intenta que esta práctica se vuelva obligatoria para todas las alcaldías.
Por Carmen Maldonado Valle
El 17 de marzo de 2021 la municipalidad de Villa Nueva, Guatemala, destinó Q37 mil 240 a la adquisición de 25 cámaras de pecho para la Policía Municipal de Tránsito (PMT). Tras ocho meses de uso, “las quejas por parte de los vecinos sobre la gestión de los agentes se redujeron en un 70 por ciento”, sostiene Julio Vázquez, el vocero de la alcaldía.
En los documentos de Guatecompras, la comuna justificó la compra con que se requería para “documentar los procedimientos hechos por los agentes en temas de prevención y sanción al conductor que infrinja los reglamentos de tránsito y concientizar a los conductores sobre el comportamiento con los policías”. No se usaría todo el tiempo, sino en los puestos de registro o cuando existiera la posibilidad de imponer una infracción.
Cada día, explica Vázquez, los agentes realizan uno o dos operativos diarios, donde se revisan los documentos de los conductores o se localizan vehículos abandonados en las calles. “Muchas banquetas tienen un desnivel para facilitar el acceso de personas en sillas de ruedas, pero los conductores suelen aprovechar esto para subir sus carros y dejarlos allí”, añade.
Al encontrar estos autos, se notifica a los dueños que tienen entre 24 y 72 horas para retirarlos. Si no lo hacen, se les impone una multa de Q500. Y de acuerdo con el artículo 190 de la ley de tránsito, si esta no se paga en los siguientes 30 días, “la autoridad solicitará el traslado del vehículo infractor al depósito correspondiente, salvo que el hecho se encuentre en gestión administrativa”.
Aunque no puede precisar una cifra, Vázquez reconoce la existencia de “muchos” reportes de vecinos por abusos por parte de la PMT en los puestos de registro durante años anteriores. Estos, asegura, menguaron a raíz del uso de las cámaras, porque “es imposible borrar la evidencia, graban de forma continua y los agentes saben que su falta se puede probar. Aplica también para los vecinos, porque si intentan sobornar a los policías, se penalizará”.
Los videos llegan al centro de monitoreo y se revisan a diario por cuatro personas. A la fecha, dice la municipalidad, no se reporta ningún abuso de autoridad. Si sucediera, el agente se arriesga a recibir desde una llamada de atención hasta ser despedido.
Hacerlo obligatorio
El 4 de noviembre el diputado de la bancada semilla, Luis Fernando Pineda, presentó una iniciativa para reformar la ley. Entre las enmiendas propuestas destacan la imposibilidad de colocar cepos si el motor del vehículo está en marcha y el uso obligatorio de las cámaras de pecho durante este procedimiento.
“Usar cámaras puede disuadir a los elementos de tener este comportamiento porque se saben observados, sobre todo al inmovilizar los carros”, asegura Pineda.
El proyecto legislativo solo contempla el uso de los aparatos durante los operativos para poner cepos, pero la bancada no descarta que en las enmiendas se amplíe para utilizarlas en otras actividades. Así, la norma aplicaría también para municipios como Villa Nueva, donde no se inmovilizan vehículos.
Entre 2016 y 2019 se propusieron reformas a la ley de tránsito en cuatro ocasiones, pero no volvieron a discutirse. Pineda ve “hostilidad en el pleno para hablarlo, sobre todo en el oficialismo, pero no hay un cierre por completo. Insistiremos para su aprobación, porque el decreto lleva 25 años vigente y, aunque no fuera a raíz de los abusos, requiere actualizarse”, asevera.
Mientras tanto, la municipalidad de Villa Nueva analiza comprar más cámaras de pecho para asignar una a cada policía, aunque aún no hay concursos nuevos en Guatecompras en busca de este equipo. Por ahora, los aparatos existentes solo alcanzan para 25 de los 75 agentes de la alcaldía.
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