El alcalde, Juan Fernando López, ofreció derogar el Plan de Ordenamiento Territoria (POT), pero no puede, reconoce ahora. Mientras, comunidades impiden el paso hacia el vertedero municipal.
Por Mirna Alvarado
Desde hace una semana la cabecera de Quetzaltenango no tiene servicio de recolección de desechos. Vecinos del Valle de Palajunoj impiden el paso de camiones recolectores hacia el basurero municipal en rechazo al Plan de Ordenamiento Territoria (POT).
Los manifestantes aseguran que hasta no tener un acercamiento o una respuesta positiva de parte del concejo municipal, el bloqueo de vehículos y peatones, continuará.
Rosalío Racancoj, vocero de la alcaldía Indígena de esa zona, indicó que todo deriva del incumplimiento de una promesa de campaña de 2019 del ahora alcalde, Juan Fernando López, la de derogar el POT.
Durante la concentración reprodujeron una entrevista en la cual se escucha al jefe edil decir acerca del POT que “es un atentado para las comunidades del área rural”.
En conferencia del jueves 3 de marzo, López reconoció la existencia de un documento donde se confirma su promesa en campaña. “Estábamos en elecciones y lo dije, pero al venir a la municipalidad me di cuenta (de) que la tarea no era fácil, ya estaba el POT. Por eso se convocó a los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) del área rural y urbana a participar de una mesa técnica y realizar las reformas”.
El jefe edil arremetió en contra del Gobernador y el ministerio de Gobernación por no desalojar a quienes realiza los boloqueos, pues la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Civil otorgó un amparo provisional a la municipalidad.
Ante la negativa del alcalde para sostener un diálogo, los líderes acudieron a la sede del Ministerio Público en Quetzaltenango, para plantear una denuncia por abuso de autoridad.
“Los alcaldes comunitarios e indígenas fueron llamados por el señor alcalde, pero al llegar a la municipalidad estaba cerrada con candados y se negaron a recibirlos. Se la ha invitado a múltiples reuniones, pero no ha llegado”, aseguró Edna Rodas, asesora jurídica de los comunitarios.
Al mismo tiempo, el alcalde López se presentó en la sede de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), para denunciar que un grupo de manifestantes agredió al personal de servicios ambientales.
Mercados cerrados
A través de redes sociales y de perifoneo, la comuna pidió a los quetzaltecos de sectores cuya ruta cubría el martes 1 de marzo, a no sacar su basura, pero no todos atendieron. La municipalidad contabilizó alrededor de 500 toneladas acumuladas de desechos hasta el viernes 4.
Para evitar más contaminación se ordenó el cierre de mercados, situación que molestó a los arrendatarios, quienes llegaron a la municipalidad.
“Muchos tenemos productos no perecederos y se pueden arruinar, consideramos que esta es una acción para enfrentarnos con los hermanos del Valle (de Palajunoj) y no vamos a caer en su juego. Así como hizo compromisos en campaña así debe ir y darles la cara, debe buscar alternativas que favorezcan a todos no solo aun sector”, dijo José Ajanel, presidente de la Asociación de Arrendatarios del Centro Comercial Municipal.
Se habilitó un botadero provisional cerca la Estancia de la Cruz en el municipio de Zunil. Sin embargo, el terreno no contaba con los permisos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). “Tampoco recibimos alguna solicitud de licencia ambiental, toda vez que deben cumplir los requisitos y procedimientos establecidos en las leyes vigentes”, se lee en el comunicado de la entidad.
Intento fallido
Por mediación del gobernador Erick Tzun, el sábado 5 de marzo, convocaron a una reunión a los alcaldes indígenas, sin embargo, en la entrada del salón se les pedía su identificación, razón por la cual se negaron a entrar. “Nombres, número de DPI y otros datos con los cuáles se pretende la individualización de mis clientes, creemos que lo que buscan es identificarlos para luego tomar represalias en su contra”, afirmo la abogada Rodas.
Los comunitarios pidieron disculpas a la población del área urbana, por no permitir el paso del tren de aseo, asegurando estar dispuestos a conversar con el alcalde, pero no bajo condiciones que les pongan en riesgo.
“Yo tengo voluntad de escucharlos, pero quiero saber con quienes hablo, yo desconozco quienes integran la mal llamada alcaldía indigena”, refirio el jefe edil, pese a que en octubre 2021 esta organización entregó un pliego de peticiones en el salon de honor de la comuna donde él se encontraba.
Este domingo los pobladores habilitaron el paso temporalmente, recalcando que la resistencia continuará hasta obeneter una respuesta. Desde las 4:00 de la mañana de este lunes los comunitarios comenzaron a reunirse de nueva cuenta en el sector conocido como La puerta del Llano.
¿Por qué no quieren el POT?
Hay cinco razones, dicen los inconformes, por las cuales no están de acuerdo con el POT.
- Los alcaldes indígenas no fueron convocados a participar en la mesa técnica para la elaboración del POT y sus reformas, pues desconocer a los representantes del Consejo de Alcaldes y Líderes Comunitarios (Coalco).
- Establece el pago de IUSI, servicios de agua y electricidad, los cuales la municipalidad no ha provisto en todas las comunidades, el suministro de electricidad proviene de otra empresa.
- Establece altas tarifas en licencias de construcción, sin contemplar que estas sean de pequeñas proporciones.
- Establece pagos por desmembración de sus terrenos, aunque sean otorgados en herencia.
- Atenta contra el convenio 169 de la OIT (Pueblos Indígenas y Tribales).
El 3 de enero de 2022 se publicó en el Diario de Centroamérica en el punto cuatro del acta 518-2021 del concejo municipal de Quetzaltenango. Hace mención a dos actas anteriores a reformar.
De acuerdo con el urbanista, Marco Chávez, hay varias modificaciones inconsistentes como el artículo nueve que le otorga el control total al alcalde y al concejo para la aprobación de proyectos. “Un espacio libre para la opacidad e incentivos para la corrupción en proyectos”, dijo.
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