Reproducimos este texto de InSight Crime acerca del jefe edil de Moyuta, Jutiapa, que describe cómo hace política y negocios a lo largo frontera entre Guatemala y El Salvador.
Por Alex Papadovassilakis y Héctor Silva Ávalos / InSight Crime
La noche del 28 de mayo de 2017, un buque de la fuerza naval de El Salvador realizaba un patrullaje de rutina cuando su tripulación dio con un barco pesquero a más de 200 millas náuticas al sur de Acajutla, ciudad portuaria en la costa Pacífica del país. El barco pesquero intentó huir de la patrulla y comenzó a tirar su carga en el océano. Tras una breve persecución, la naval capturó el barco y lo abordó. Hallaron 840 kilos de cocaína en la embarcación y en el agua.
Con un valor de US$21 millones en el mercado de narcomenudeo, según las estimaciones de las autoridades salvadoreñas, el decomiso llenó titulares en El Salvador como el alijo de cocaína más grande incautado en la historia de la naval. La noticia pronto se extendió a la vecina Guatemala, donde la prensa local señaló que entre los capturados por las autoridades salvadoreñas se encontraba el hermano de Carlos Roberto Marroquín Fuentes, alcalde de Moyuta, municipio ubicado al sureste del departamento de Jutiapa, a poco más de una hora en auto desde Acajutla.
Moyuta se encuentra al sur de las montañas que pueblan el centro de Guatemala, donde los cerros y volcanes cubiertos de densos bosques van decreciendo hacia llanuras áridas y playas de arena negra en la costa Pacífica. Aunque pueda parecer serena, Moyuta ha sido golpeada por disputas violentas entre clanes narcotraficantes familiares que compiten por el control de la política local, y por extensión, por las codiciadas rutas transnacionales de tráfico que atraviesan el municipio.
Para el alcalde Marroquín, el arresto de su hermano fue un contratiempo más en sus esfuerzos por eludir los persistentes rumores de su participación en el narcotráfico internacional. Es más, el entonces ministro de gobernación de Guatemala se negó a descartar la participación del alcalde en las actividades de su hermano, lo que no hizo más que intensificar la presión.
Pero Marroquín está acostumbrado a capotear esas tormentas. De hecho, él fue una de las pocas constantes en un periodo de violencia política sin precedentes, marcado por homicidios a sangre fría y descarados intentos de asesinato que le dieron un carácter legendario a las disputas criminales en Moyuta.
Una población fronteriza con problemas fronterizos
Desde su llegada a la alcaldía en 2011, Marroquín institucionalizó la celebración de extravagantes fiestas de playa en su pueblo natal, La Barrona, Moyuta, con espectáculos que incluían desfiles en bikini, concursos de camisetas mojadas y DJ en vivo.
Un video promocional para la edición de 2015 —celebrada en vísperas de las elecciones municipales de ese año y que, según Soy502, tuvo un costo de Q99.000 (unos US$13.000) del presupuesto municipal— mostraba a Marroquín en un barco rodeado de mujeres en bikini. Estos eventos se iniciaron en 2012, cuando el alcalde supuestamente daba a los asistentes la oportunidad de un paseo gratis en una de sus lanchas rápidas.
La afición de Marroquín a la juerga ha sido resaltada por sus colegas, entre ellos el expresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), Edwin Escobar, quien lo describió como un “tipo gregario”, que está “siempre en modo fiesta”.
Los dos tuvieron una relación complicada. Marroquín respaldó fugazmente a Escobar cuando este comenzó su aspiración a la presidencia en 2018, antes de cambiar la estrategia y acusarlo de corrupción en público ese mismo año, según información de elPeriódico. Escobar distanció a su partido del alcalde en una entrevista que sostuvo con InSight Crime al declarar que “nunca lo aceptamos”.
Una zona predominantemente rural, con una población estimada de 45.000 habitantes, Moyuta se divide en tierras altas de clima templado, donde se cultivan café y otros productos básicos, y las tierras bajas costeras, de clima cálido, donde hay haciendas ganaderas y caseríos de pescadores como el que vio crecer a Marroquín.
Una autopista costera que une a Moyuta con El Salvador trae consigo el libre flujo del comercio de ganado, productos agrícolas y mercancías básicas, y ha motivado la aparición de restaurantes, talleres de reparaciones y otros negocios locales. Como otras zonas que se sitúan a lo largo de los departamentos de clima seco del sur, los ganaderos y sus subordinados vigilan las áridas llanuras montados en caballos con sombreros de vaqueros y botas de cuero, una versión guatemalteca del Salvaje Oeste.
Pero la verdadera riqueza de Moyuta radica en su economía ilegal, sobre todo en sus codiciadas rutas de narcotráfico. Una franja poco vigilada en la costa Pacífica brinda un conveniente punto de entrega para los cargamentos de cocaína suramericana, mientras la porosa frontera este del municipio lo conecta con una zona de El Salvador donde las redes de transportistas se han especializado en la entrega de cocaína a sus socios de Guatemala. En el caso de Moyuta, estos cargamentos llegan por la autopista litoral del Pacífico que entra a Pedro de Alvarado, una localidad pequeña pero con una economía importante en la frontera.
También hay una gran cantidad de bodegas y haciendas en Moyuta y sus alrededores, ideales para almacenar cargamentos de drogas que no puedan despacharse de inmediato, como señalan fiscales guatemaltecos. Así es como Moyuta, y el departamento de Jutiapa en su conjunto, se han convertido en propiedad raíz de preferencia para los narcotraficantes.
Jutiapa es uno de los principales puntos de entrada para los cargamentos de cocaína que llegan de Suramérica por vía marítima. El departamento también tiene una extensa frontera con El Salvador, con tres puntos de inspección de aduanas muy permeables y un sinnúmero de cruces no vigilados que ofrecen amplias oportunidades para el trasiego de narcóticos hacia Guatemala.
En tiempos pasados, el departamento fue casa de importantes actores del narcotráfico centroamericano, principalmente la familia León, un clan de ladrones de ganado y de autos que se convirtieron en capos de la droga, especializados en el robo y la reventa, así como en el transporte de cocaína por toda Guatemala a través de la frontera este con El Salvador y Honduras.
El panorama a lo largo de la frontera cambió cuando la organización criminal mexicana Los Zetas asesinó al líder del clan, Juancho León. La atomización que siguió allanó el camino para que clanes narco más pequeños controlaran el negocio en diferentes partes del departamento. Y esos clanes necesitan el Ayuntamiento para mantener a raya a las fuerzas de seguridad y a los fiscales.
Una campaña sangrienta
Roberto Marroquín nació en La Barrona, un pueblito pesquero pobre en la costa de Moyuta. De contextura atlética, cabello negro por lo general engominado, una barba de candado escrupulosamente arreglada y un bronceado característico de quienes crecieron en las playas del Pacífico guatemalteco, a Marroquín le gusta hablar más de sus raíces como ganadero que reunió el dinero para sus campañas políticas gracias a un negocio familiar heredado de su abuelo que de la época que pasó en la costa.
Pero hay otras versiones más mordaces de su pasado. Es difícil reconstruir los primeros años de Marroquín. Al igual que su padre, parece que Marroquín creció como “lanchero”, un nombre local para designar a los marineros que trabajan noche y día en pequeñas lanchas de madera a motor para transportar personas y hacer encomiendas. Muchos lancheros de La Barrona también recogen paquetes de cocaína, dejados en el mar por aviones y lanchas rápidas frente a la costa de Moyuta.
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En cierto punto, según declaraciones juradas en un expediente por el caso de un solicitante de asilo que huyó de Guatemala hacia Estados Unidos por la violencia de la droga, al cual tuvo acceso InSight Crime, la flota de barcos de la familia creció bastante. El solicitante de asilo, quien admitió que él mismo había tenido nexos con narcotráfico, aseguró que los barcos se usaban para sacar y transportar sustancias ilícitas. Un exjefe fiscal guatemalteco que investigó el narcotráfico en Jutiapa también afirmó que la familia de Marroquín fue durante muchos años una de las tantas que participan en el tráfico de narcóticos en ese departamento. Lo mismo dicen sus rivales políticos.
Pero ninguno de ellos presenta evidencia, y a Marroquín no se le ha imputado ningún delito. En anteriores declaraciones a la prensa, él ha negado cualquier vínculo con narcotráfico. InSight Crime abordó al alcalde, y este acordó hablar con nosotros, pero solo en persona. Sin embargo, debido al Covid-19, InSight Crime no pudo viajar a Moyuta para reunirse con el alcalde.
En un breve intercambio de mensajes de texto con el mandatario municipal, Marroquín reiteró que solo estaría dispuesto a hacer una entrevista cara a cara. Añadió que: “como alcalde he combatido al crimen organizado dentro de las instituciones [políticas] y fuera de ellas”. Además, agregó: “yo he puesto orden en todos los aspectos”, refiriéndose a la municipalidad.
De a poco, Marroquín se involucró en la política local. Llegó a ser presidente del consejo de desarrollo local en 2008, lo que le abrió la puerta para lanzarse como candidato a la alcaldía e Moyuta en 2011.
El camino hasta el Ayuntamiento de la ciudad fue sangriento. Su mayor rival de la campaña era Mayra Lemus Pérez, hermana del exalcalde Magno Lemus. Con Magno, la familia Lemus había “tomado control de una buena parte del tráfico en Jutiapa y sus conexiones con carteles mexicanos”, señalan las investigaciones de la policía guatemalteca citadas en el mismo caso de asilo. Habitantes de Moyuta declararon a elPeriódico que Magno pensaba que llegar a la alcaldía le facilitaría su negocio ilícito, pero su periodo en el cargo terminó en forma abrupta cuando murió de un infarto en octubre de 2009, lo que allanó el camino para que Mayra se lanzara como su reemplazo.
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Luego estaba la familia Rodríguez. Rony Rodríguez, candidato al concejo municipal de Moyuta en las elecciones de 2011, había tomado el control de las rutas de tráfico en la zona tras la muerte de Magno Lemus, según las declaraciones juradas del mismo caso de asilo, y de informes de la policía guatemalteca citados en ese caso. Pero la competencia era feroz. La política, como se hizo evidente durante la campaña de alcaldes de 2011, se había convertido en una especie de ejercicio sangriento en Moyuta.
La lucha saltó a la arena pública de forma espectacular. El 18 de febrero de 2011, siete meses antes de las elecciones municipales, Mayra Lemus paró en el hotel y restaurante Los Cuernos en Pedro de Alvarado. Allí, un grupo de diez presuntos sicarios, armados con rifles AK-47, escopetas de calibre 12 y pistolas, irrumpieron y dispararon sobre los comensales, dejando un rastro de muerte, donde también cayó Mayra, uno de sus guardias de seguridad, el dueño del restaurante y cinco personas más, según la prensa local e investigaciones del Ministerio Público (MP) guatemalteco.
Documentos del MP obtenidos por InSight Crime mencionan a Roberto Marroquín y a otra persona como sospechosos en la investigación por la masacre de Los Cuernos. Según un testigo anónimo citado en esos documentos, Marroquín trabajó con el hermano de Mayra, Noé Lemus, quien se había enemistado con sus hermanos, para coordinar la emboscada.
El testigo dice que el tiroteo fue una venganza porque Mayra había intentado sacar a Marroquín de las elecciones siguientes diciéndole a la policía que portaba armas de fuego con licencias adulteradas. Marroquín, según el mismo testigo, también “se dedica al trasiego de diferentes tipos de droga”.
El MP intentó corroborar el testimonio. Los documentos señalan que los investigadores solicitaron autorización para allanar varias propiedades vinculadas a Marroquín menos de una semana después de la masacre, donde sospechaban que se ocultaban él y Noé, y donde el candidato presuntamente guardaba drogas, añadió el testigo.
Tres de esas propiedades se encontraban en la tierra natal del Marroquín, La Barrona. Otras —un almacén de venta de armas y municiones, llamado Armería El Jaguar, que supuestamente también era de propiedad de Marroquín, al igual que la oficina local del entonces partido político de Marroquín, Unión del Cambio Nacional (UCN)— se encontraban en un pueblo vecino.
La investigación se detuvo por razones desconocidas, y no hay evidencia de que se hayan llevado a cabo los allanamientos. En lugar de eso, Marroquín siguió su campaña a la alcaldía y posteriormente negó cualquier acusación por homicidio.
Después de la muerte de Mayra, su hermana, Marixa Lemus Pérez, tomo su lugar como candidata. Más conocida popularmente como “La Patrona”, no era fácil asustar a Marixa. Ella había apoyado las ambiciones políticas de su hermana mayor, en la coordinación de la logística para su campaña, y participaba del negocio familiar en el tráfico.
La muerte de Mayra había puesto a Marixa, una mujer recia de cabello grueso negro y mirada adusta enmarcada en gruesas cejas, al centro de la escena. La mujer formó una coalición, al parecer con la aceptación de fondos de Rony Rodríguez, según reza el expediente del caso de asilo y lo que dijo un contendor político. Esa alianza nuevamente puso en peligro las aspiraciones de Marroquín, según los mismos documentos de la corte en el caso de asilo y el exjefe fiscal guatemalteco. En junio de 2011, tres meses antes de las elecciones, Rodríguez murió abaleado por asaltantes armados.
Marroquín continuó su campaña y, en septiembre de 2011, ganó las elecciones con más del doble de los votos de la segunda candidata, Marixa. Moyuta tenía un nuevo alcalde, pero la guerra recién comenzaba.
Tres ataques
La primera vez que alguien intentó asesinar al alcalde Marroquín fue el 19 de noviembre de 2013. Viajaba en un vehículo blindado a unos diez kilómetros al sur de la ciudad de Moyuta. Cuando su auto llegó a un puente en la carretera, fue emboscado por un grupo de pistoleros con pasamontañas, quienes rociaron con balas el vehículo. Marroquín salió ileso, pero aquella era una señal de lo que se avecinaba.
Menos de un mes después, un grupo rival supuestamente al mando de La Patrona enterró tres bombas bajo un puente que cruzaría el alcalde de camino a su casa en Pedro de Alvarado, según investigaciones del MP obtenidas por elPeriódico. Este fue un trabajo interno: la policía local había estado ayudando a proveer armas para el grupo y, en otros casos, entregaba información sobre los movimientos de Marroquín a la cuadrilla de La Patrona, según la investigación de elPeriódico. La tropa también se había dotado de rifles AK-47 y granadas para la emboscada.
La conspiración se frustró cuando, por razones desconocidas, las bombas no detonaron, así que los asaltantes abandonaron sus armas en un saco bajo el puente y huyeron. De nuevo, Marroquín salió sin un rasguño.
Para algunos, esta era una señal de la importancia del ayuntamiento municipal en el control del tráfico de estupefacientes.
“El cargo de alcalde viene acompañado de muchas ventajas”, observó un exoficial de la policía nacional guatemalteca en conversación con InSight Crime. “Se tiene a disposición una institución que puede ser fácilmente instrumentalizada para garantizar la impunidad”.
Los alcaldes pueden, por ejemplo, encargar a los agentes de seguridad tareas que los distraigan cuando por su territorio pasan cargamentos de droga. También pueden descargar toda la fuerza de las iniciativas antinarcóticos locales sobre sus competidores.
Las fuerzas de seguridad del estado también pueden proteger al alcalde. Marroquín, por ejemplo, tenía a su servicio un escuadrón de 16 agentes de policía que se turnaban; el séquito del alcalde también incluía camionetas blindadas.
Además, los alcaldes pueden ayudar a los traficantes a blanquear sus ganancias, principalmente mediante la asignación de lucrativos contratos de obras públicas, contratos de recolección de basuras y otros proyectos de mantenimiento con empresas conectadas con intereses del narcotráfico.
Es difícil judicializar a los alcaldes o sus aliados. Los mandatarios locales se codean con diputados, fiscales y jueces, todos los cuales pueden filtrar información vital sobre operativos antinarcóticos o investigaciones que afecten su territorio. Y los alcales gozan de inmunidad mientras ocupen ese cargo.
“Roberto es solo alguien necesario para que ellos mantengan control del territorio”, comentó Escobar, expresidente de la ANAM, a InSight Crime, en referencia a la manera como los capos regionales usan a sus aliados políticos para controlar las rutas de tráfico en un territorio dado.
Marroquín ha culpado a Marixa Lemus de los ataques, y, en abril de 2014, las autoridades guatemaltecas la detuvieron y acusaron de secuestro, sicariato y de formar parte de una organización criminal, entre otros cargos. Aun así, hubo otro ataque. El 2 de noviembre de 2014, cuando el alcalde, su esposa y dos guardaespaldas se dirigían a su casa, un grupo armado salió de detrás de unos matorrales y comenzó a disparar. Los escoltas de Marroquín respondieron con fuego.
Esta vez el alcalde fue herido en el hombro, pero su chaleco antibalas evitó una herida más grave. Su esposa y un guardaespaldas también resultaron heridos en el cruce de disparos y, junto con Marroquín, fueron trasladados a un hospital, donde nuevamente los atacantes trataron de terminar lo iniciado, pero no lo lograron. El alcalde de Moyuta también responsabiliza a Lemus del tercer ataque.
Poco después, Marixa Lemus fue declarada culpable, y en marzo de 2015 las autoridades la sentenciaron a 94 años de prisión.
En septiembre de 2015, Marroquín se postuló para la reelección.
Lemus, entre tanto, seguía conspirando.
Fronteras porosas
El arresto nocturno de Jorge Marroquín, frente a la costa Pacífica de El Salvador en mayo de 2017, dirigió la atención a la posible participación de su familia en el tráfico de cocaína. La captura del hermano de un alcalde de una población fronteriza, con un alijo récord de cocaína, inevitablemente provocó interrogantes sobre la facilidad con que pequeños clanes narcotraficantes con conexiones políticas manejan sus operaciones de narcóticos entre fronteras a lo largo del istmo centroamericano.
Por décadas, los traficantes centroamericanos se han aprovechado de los deficientes controles fronterizos para pasar de un país a otro. En la década de 2000, por ejemplo, el temible traficante salvadoreño José Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”, apareció en investigaciones policiales en el Pacífico guatemalteco y en la frontera este con Honduras. Chepe Diablo era el presunto jefe del Cartel Texis, que durante años fue un importante proveedor de cocaína para grupos guatemaltecos que operaban en las provincias limítrofes con El Salvador.
El tráfico de narcóticos en Centroamérica consiste en una cadena de suministros que depende de redes de narcotraficantes sucesivas, por lo general pequeñas, que controlan diferentes tramos de las rutas de cocaína que atraviesan Centroamérica por tierra, aire y mar, y que trabajan de manera conjunta para asegurarse de que los cargamentos pasen sin trabas en dirección a México y Estados Unidos. Muchos de ellos tienen apoyos en el poder municipal. Salazar, por ejemplo, tenía aliados en la alcaldía de Metapán, en El Salvador.
La de Marroquín puede ser una de esas pequeñas redes. El hermano del alcalde fue detenido en altamar, cerca del puerto de Acajutla, El Salvador, un lugar donde el narcotráfico opera a ojos vistas. Un fiscal del MP que conoce a los carteles de Jutiapa declaró a InSight Crime que en un momento se investigó a todas las familias de Moyuta, incluida la de Marroquín, por posibles nexos con el Cartel Texis.
Jorge Marroquín, junto con otros cuatro guatemaltecos y un ecuatoriano fueron arrestados en la misma embarcación esa noche de mayo de 2017, terminaron yendo a juicio y fueron declarados culpables de narcotráfico en 2019. En la actualidad, el hermano del alcalde paga una pena de 15 años por narcotráfico en una cárcel salvadoreña.
Roberto Marroquín, por su parte, siguió su meteórica carrera política. En 2016, fue nombrado presidente de los alcaldes de Jutiapa en la ANAM, una influyente posición de cuatro años que lo puso en contacto con Escobar, quien en esa época se preparaba para lanzarse como candidato a la presidencia de Guatemala con su recién creado partido de Prosperidad Ciudadana.
Escobar alega que Marroquín quería unirse al partido “para asegurarse de estar cerca del siguiente presidente”, una estrategia común entre los alcaldes que se buscan apoyar a candidatos presidenciales de sus áreas de influencia. A cambio, los alcaldes logran que sus aliados queden incluidos en las listas de los candidatos al congreso, lo que les permite asegurarse los lucrativos contratos de obras públicas cuando el candidato de su elección llega al poder.
Sea cual sea la relación que ambos tuvieron, al parecer esta se había ido al traste antes de las elecciones. Marroquín fue expulsado del partido, según Escobar, lo que tuvo repercusiones públicas en diciembre de 2018, cuando el alcalde de Moyuta le retiró su apoyo al candidato y solicitó a la Contraloría General del país que investigara las finanzas de Escobar en la ANAM. Este respondió con un tuit insinuando que la familia de Marroquín tenía vínculos con el narcotráfico.
*Esta investigación es parte de una serie sobre crimen organizado transnacional en las zonas fronterizas del Triángulo Norte de Centroamérica y la Triple Frontera del Cono Sur. Fue publicada originalmente en InSight Crime; puede leer el original aquí.
