En septiembre la comuna publicó un mandato para que todos los trabajadores de atención al público se inmunizaran contra la COVID-19. Un mes después, casi 700 personas recibieron la primera dosis.
Por Carmen Maldonado Valle
Desde el 17 de septiembre en San José Chacayá, Sololá, los transportistas, líderes religiosos, comerciantes, maestros y todo aquel en contacto con otras personas para prestarles servicios debe vacunarse contra la COVID-19 gracias a un acuerdo publicado por la comuna. Aunque la medida causó resistencia al principio, generó la aplicación del biológico en seis de cada diez habitantes.
“Para entrar al banco deben presentar su carné, también para llegar a la municipalidad y para realizar cualquier trámite. Nos daba miedo tener más muertes, pero a la vez la gente no quería inyectarse”, sostiene Luis Florencio García, el alcalde. “Dimos la orden y aunque sea a regañadientes algunos, pero han ido. En este mes no tuvimos ni un deceso por coronavirus”, agrega.
En efecto, al 17 de septiembre el tablero del ministerio de Salud registraba ocho fallecidos a causa de la enfermedad y la cifra no creció. La inmunización, en cambio, sí aumentó: la meta a inyectar es de 3 mil 786 habitantes. Para entonces, 1 mil 539 tenían la primera dosis y un mes más tarde ascendió a 2 mil 204.
En septiembre, además, 769 personas tenían el esquema completo. En las últimas cuatro semanas, la cantidad casi se duplicó, porque ahora hay 1 mil 420 pobladores con las dos dosis, de acuerdo con Salud.
Para revisar el cumplimiento del mandato, el personal de la comuna acudía a los establecimientos y pedía el carné de vacunación a quienes atendían. Lo mismo verificaba con los clientes del lugar. Quienes no acataran se arriesgaban a multas de hasta Q500, pero no se dio el caso.
La molestia
“La vacuna es experimental y por eso es voluntaria. Si todos se la ponen habrá caos en la ciudad. Por si no lo saben, la vacuna lleva el virus, entonces todos se contagiarán y algunos tendrán infartos”, asegura Débora Barrios, vecina de San José Chacayá.
Como ella, dice el jefe edil, hay otros habitantes indispuestos a administrarse la dosis. “Al principio nos acribillaban en redes sociales, aunque al edificio no vino nadie a reclamar. Si no quieren hacerlo está bien, pero entonces deberán hacer mandados en otro municipio. Son ellos quienes no quieren protegerse por mentiras leídas en internet”.
En tanto, el encargado del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), Leonardo Sicaj, explica que aunque algunos acuden al puesto de salud a inyectarse “de mala gana”, cuando se les pregunta si completarán su esquema, dicen estar de acuerdo.
A decir del abogado Luis Fernández Molina, con el cumplimiento del mandato pudo contribuir el no haber impedimentos legales para remover a empleados si no querían vacunarse. “El Código de Trabajo contempla como causa justificada de despido la desobediencia a las órdenes internas”.
Según el alcalde, es probable terminar con esta norma pronto, aunque no puede precisar cuándo, porque desde el principio el concejo decidió dejarla vigente hasta tener al 80 por ciento de la población al menos con la primera dosis. Antes de eso no se planea derogar el acuerdo.
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