El municipio de Jalapa obtendrá Q116.7 millones de aporte extraordinario; Sololá recibirá Q65.5 millones. La asignación no obedece a una distribución técnica de los recursos.
Por German Carranza
La noche del 26 de noviembre, el Congreso aprobó Q4 mil 491 millones como aporte ordinario a los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, una doceava parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Estos recursos se distribuyen entre las municipalidades tomando como referencia el artículo 119 del Código Municipal, que establece criterios técnicos para el reparto del situado constitucional.
Además de ese aporte ordinario, los diputados asignaron Q6 mil 312 millones adicionales en recursos extraordinarios para los Codede. Estos fondos no siguen ningún lineamiento técnico de distribución: cada monto por municipio se decidió de forma discrecional dentro del Congreso y sin debate público.
Sololá, el departamento con menos recursos
En un reel de Facebook publicado el 27 de noviembre, el alcalde de La Unión, Zacapa, Gustavo Galván, señaló que Sololá fue el departamento con menos fondos extraordinarios asignados, recibirá Q65.5 millones.
Cuatro municipios superan lo asignado a dicho departamento. De hecho, la cabecera de Jalapa —la que más recursos recibirá— obtendrá Q116.7 millones, casi el doble de la cifra destinada a todo Sololá.
Le siguen La Gomera, Escuintla, con Q79 millones; Cobán, Alta Verapaz, con Q75 millones; y Sayaxché, Petén, con Q73.5 millones.
La distribución geográfica no obedece a ningún criterio técnico
Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), afirmó que el motivo de esta asignación es evidente: “Fue totalmente antojadiza y discrecional, guiada por intereses político-partidarios”.
Agregó que el objetivo es favorecer a los municipios de departamentos con alcaldes y diputados aliados, y castigar a quienes no se alineen ni se sometan a la alianza oficialista.
Según Barrientos, no existe fundamento técnico ni justificación alguna. “En el Icefi hemos señalado que estos aportes extraordinarios son ilegítimos y cuestionables por múltiples razones. Una de ellas es que la distribución territorial carece de sustento técnico: no guarda relación con índices de necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desnutrición u otros indicadores que podrían respaldarla. Se basa, simple y llanamente, en decisiones políticas”.
Los diputados “no consiguieron muchos fondos”
Galván recordó cuando conoció al diputado Allan Rodríguez. “En ese entonces prometieron apoyarnos a los alcaldes, pero cuando llegaron al poder, solo se servían a ellos mismos”.
El jefe edil criticó que el gobierno de Alejandro Giammattei, pese a iniciar con mucha credibilidad, concentró el poder en pocas manos. “En el Congreso, Allan controlaba casi todo”, señaló.
El alcalde zacapaneco lamentó que nunca logró coordinar con Rodríguez para obtener apoyo. “Se dedicó a jalar la mayoría de los fondos de Fopavi y fondos para las empresas que le interesaban en el Ministerio de Comunicaciones”.
Según Galván (en el video), la baja asignación para Sololá se debe en parte a la falta de gestión política de sus representantes en el Congreso.
“Lastimosamente los tres diputados —Allan Rodríguez, Luis Rodríguez y Bequer Chocooj— han llevado la contraria al gobierno y no consiguieron muchos fondos para su departamento”, explicó.
No son fondos de los diputados
Barrientos compartió que existe el caso de una persona en una gobernación departamental a quien los diputados le aclararon que el aporte ordinario correspondía a la institución, pero que los recursos extraordinarios debían quedar bajo su control. Incluso la amenazaron: “no debía tocar ese dinero, porque —según ellos— pertenecía exclusivamente a los congresistas”.
Esta instrucción, señaló, “es completamente ilegal e ilegítima y confirma las preocupaciones: estos fondos se utilizan para malversación, corrupción y manipulación política”.
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Con línea directa a la presidencia
Según el alcalde de La Unión, “su línea directa para —la gestión de— los fondos extraordinarios es el presidente —Bernardo Arévalo—, el Ministerio de Finanzas (Minfin) y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP)”.
“Hay que cabildear y conseguir —las asignaciones— directamente con el Ejecutivo”, sugirió, incluso ofreciéndose como enlace. “Una red de alcaldes puede funcionar muy bien para ir con el Presidente, el Minfin y la SCEP, y apoyar a los municipios que realmente lo necesitan”, añadió.
Sin embargo, la Dirección de Comunicación Social del Minfin aclaró que la cartera no tiene “relación con esas asignaciones extraordinarias”.
Asimismo, el secretario de la SCEP, Víctor Hugo Godoy Morales, dijo: “no conozco al alcalde; sin embargo, me llamó y atendí su llamada. Quería saber cómo se hacía la gestión para asignar fondos extraordinarios. Le dije que eso era entre diputados. Llamó a varios lados. No tuve ninguna intervención en la asignación”.
El equipo de comunicación de la presidencia no atendió la consulta.
Asignación equitativa
Galván aboga por que en el futuro el reparto de fondos sea “equitativo o que se asignen conforme a la Ley de Consejos de Desarrollo” que se base en necesidades reales.
En los Premios a las Buenas Prácticas Municipales, Ojoconmipisto consultó al presidente de la Anam y alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, sobre la asignación de los recursos extraordinarios, dijo: “deben distribuirse con la misma fórmula” que ya se usa para los fondos ordinarios. Al respecto la Asociación no ha tomado acciones concretas.
También dejó claro a quién responsabiliza por el manejo discrecional. “Esto no es responsabilidad del Congreso”, dijo. “Es un acto de corrupción que viene del Ejecutivo, principalmente del ministro de Finanzas. Ellos usan esos fondos para comprar voluntades en el Congreso”.
Por su lado, Barrientos señala que la propuesta original presentada por el Ejecutivo no incluía ningún aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo.
Ese rubro apareció posteriormente en el dictamen de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso. Es decir, fueron los diputados quienes lo incorporaron.
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