Los empleados aseguran que la corporación municipal está emplazada. Es decir, no puede destituir a nadie sin antes justificarlo ante un juez y obtener su autorización.
Por José Pablo del Águila
En Siquinalá, Escuintla, no solo se libra una batalla por prevenir el avance del coronavirus. En sus tres meses de gestión, el alcalde Edgar Roberto Álvarez Véliz enfrenta su primera batalla con 36 trabajadores a quienes despidió el 17 de marzo “por reorganización de personal”, según se lee en una notificación.
El Sindicato de Servidores Municipales (SSM) y el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad (STM) se quejaron de despidos ilegales en medio de la crisis. Aunque en el estado de calamidad no está prohibido realizar destituciones, se debe seguir el protocolo administrativo que establece el Código del Trabajo.
Entre los despedidos hay siete empleados que laboraban en el renglón 011 (personal permanente), y otras 29 personas bajo el renglón 022 (temporal) colocados en la administración pasada. Sus contratos culminaban en diciembre 2020, cuenta Damara Sosa, secretaria de trabajo y conflictos del SSM.
Sosa asegura que los despidos son ilegales porque el 23 de agosto de 2019, mientras se discutía un pacto colectivo cuya negociación inició en 2015, el sindicato “emplazó” a la municipalidad. Quiere decir que no puede despedir a nadie sin antes justificarlo ante un juez y obtener su autorización.
Los trabajadores exigían un aumento de Q300 y bonos por día de cumpleaños por ser empleados municipales y un aumento a la prima vacacional. Según la sindicalista, la anterior administración interpuso recursos legales, pero ninguno prosperó. No pudo compartir más detalles del pacto colectivo porque, dijo, se encuentra en el juzgado.
El pasado 24 de febrero pasado, los trabajadores volvieron a emplazar a la comuna porque no habían recibido “ningún beneficio del pacto”, relata.
Entre las personas con quienes se finalizó la relación laboral hay tres mujeres embarazadas y cinco integrantes de los comités ejecutivos de los dos sindicatos. Estas últimas son:
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Anabella Vidal Lopez, secretaria general del SSM
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Mildred Damara Soma Garcia, secretaria de trabajo y conflictos del SSM
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Rutilia Esperanza Jerez Ixpache, secretaria de organización y propoganda del SSM
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Goretti del Carmen Soma- secretaria general del STM
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Lubia Consuelo Ortiz- secretaria de trabajo y conflictos del STM
Desde el viernes, Ojoconmipisto realizó varias llamadas al celular del alcalde Álvarez Véliz para consultarle la forma en que se dieron los despidos. En dos ocasiones contestó y dijo que estaba ocupado, que se le llamara después. No volvió a responder.
Seguir protocolos
Luis Daniel Reyes, defensor de las personas trabajadoras de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explicó que, generalmente, cuando se negocia un pacto colectivo y no hay consensos entre patrono y trabajador se acude a “juicio de arbitraje”. Aquí el juez puede emplazar al patrón a que no finalice relaciones laborales de forma injustificada con sindicalistas hasta que se termine la negociación.
Además, según el artículo 223 Código del Trabajo, los miembros de los comités ejecutivos de los sindicatos gozan de “inamovilidad” durante el ejercicio de su cargo y hasta 12 meses después.
Sin embargo, el defensor del trabajadores de la PDH asegura que esto tampoco es una inmunidad en el puesto. Los patronos pueden terminar contratos, aun estando emplazados, si los trabajadores incurren en alguna causa de despido estipulada en el Código del Trabajo. Esto debe determinarse ante juez y seguirse un protocolo judicial.
Mario Estrada, especialista en finanzas municipales, cuenta que muchas veces, cuando los alcaldes son nuevos, deciden despedir personal sin considerar si la municipalidad está emplazada o no y confían en que los tribunales les darán la razón. Este es el primer período de Álvarez Véliz, electo por el partido Creo.
Si no se siguieron los procedimientos que la ley establece, los tribunales ordenan la reinstalación de las personas despedidas y esto puede perjudicar de forma grave las finanzas de la corporación edil.
Según el ministerio de Trabajo, en el estado de calamidad han ingresado más de 600 denuncias de trabajadores y se abrieron más de 129 expedientes.
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