Se ubicará en una aldea lejana a la cabecera municipal donde la costumbre es resolver los conflictos y las faltas con las autoridades comunitarias. También tendrá salones para las alcaldías auxiliares.
Por Carmen Maldonado Valle
La municipalidad de Santa Eulalia, Huehuetenango, publicó un concurso para edificar una comisaría en la aldea Quixabaj, a 51 kilómetros del casco urbano. Como allí no hay presencia del Ministerio Público (MP) o la Policía Nacional Civil (PNC), servirá para resolver problemas entre los habitantes a través del consenso.
Según la boleta del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), el lugar se considera seguro, pero a veces hay conflictos entre los pobladores. Como no pueden ir hasta el centro de la ciudad, acuden a las casas de los líderes comunitarios, quienes fungen como mediadores para arreglar los problemas.
Entre la aldea y el casco urbano hay calles pavimentadas y tramos de terracería, pero no hay transporte público para recorrer esa distancia. “Para venir aquí a arreglar el problema y no estar en casa ajena tardarían cerca de tres horas en carro, entonces ahora tendrán un lugar específico para eso”, explica Augusto Francisquez, el alcalde.
Quixabaj se rige por el derecho indígena, basado en la costumbre y el consenso, relata el jefe edil. “Allí no hay autoridades ancestrales, entonces quienes lideran son los representantes de cocodes o alcaldes auxiliares. También hay mucho respeto hacia los mayores”, añade, y estas personas hacen el arbitraje cuando hay problemas.
El edificio, además de fungir como comisaría dentro de la aldea, tendrá salones para reuniones de consejos de desarrollo y espacios para las alcaldías auxiliares cercanas, como se lee en las bases. Tendrá una vida útil de 20 años como mínimo y, a decir de la comuna, beneficiará a 2 mil 112 vecinos.
El evento está vigente en Guatecompras y se fijó el 20 de julio como fecha de presentación de ofertas. La obra se pagará por completo con fondos municipales y se espera que esté terminada en diciembre de 2021.
El derecho indígena
La Corte Suprema de Justicia lo define como un conjunto de “principios consuetudinarios, instituciones, autoridades, procedimientos y sanciones reconocidas por una comunidad indígena, la que deben comprenderse y coexistir con el derecho estatal”. Esto, según el artículo 66 de la Constitución, debe respetarse para promover un clima de pluralismo jurídico en Guatemala.
Huehuetenango no es el único lugar en el país donde predominan estas normas. Marvin De León, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), sostiene que en Totonicapán, Sololá, Quiché y en el altiplano de San Marcos también sucede.
“Hay alcaldías indígenas oficiales en siete municipios, como Momostenango y San Francisco el Alto, pero en ocho de cada diez ciudades a nivel nacional hay un respeto importante hacia las autoridades ancestrales”, agrega.
En Santa Eulalia, estos líderes viven en el casco urbano y, aunque hay mayor presencia de instituciones estatales allí, los habitantes también acuden a ellos para pedir consejo o resolver conflictos.
El municipio se encuentra a 83 kilómetros de la cabecera departamental. Augusto Sebastián Francisquez Pérez es el jefe edil desde las elecciones de 2019, donde ganó en representación del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Esta es su primera vez en el puesto.
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