En el municipio hay un vertedero desde hace 15 años, pero la alcaldía no lo aprueba. Quiere deshacerse de él para evitar contaminación, aunque no sabe si algún día lo logrará.
Por Carmen Maldonado Valle
En febrero de 2007, al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) llegó un expediente para aprobar la apertura de un vertedero de desechos sólidos en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez. Desde entonces se convirtió en el receptor principal de residuos en el lugar, pero la comuna lo ve como un foco de contaminación y un riesgo para los vecinos.
El botadero es privado, se encuentra en la finca Valdivia y es conocido tanto por los habitantes de San Pablo Jocopilas como los de otros municipios, pues “no se ve control por ningún lado. Es una pila de basura y está al lado de un río. Nadie puede garantizar que los desperdicios no acaban allí”, cuenta el encargado de gestión ambiental de Mazatenango, una ciudad ubicada a 11 kilómetros, también en Suchitepéquez.
El MARN registra que hace 15 años, cuando planeaba abrirse, no se aprobó su funcionamiento, pero eso no detuvo su inauguración y cada vez comenzó a recibir más residuos. Así se mantuvo hasta 2017, cuando se presentó una solicitud nueva y en este intento se le otorgó la licencia para operar.
Sin embargo, se trata del terreno de la discordia, pues la alcaldía no aprueba su operación porque “solo se apila la basura, causa mal olor y eso daña al municipio. Lo he intentado cerrar por los problemas que causa para quienes están alrededor, pero por ser privado no nos dejan tocarlo”, sostiene el jefe edil, Melvin Macario.
El último intento de clausura ocurrió en 2020, cuando el concejo impidió la entrada de camiones cuyo propósito era verter desperdicios en el lugar, incluidos desechos hospitalarios, pero esto duró pocos días, porque el botadero tenía una licencia vigente. Así, el lugar volvió a abrir sus puertas mientras Macario fue denunciado por abuso de autoridad después de esto.
“Huele horrible y durante el invierno abundan las moscas y los zancudos. A los habitantes de otros municipios les alegra tenerlo, pero es precisamente porque no viven aquí y no deben lidiar con eso”, cuenta una de las pobladoras de San Pablo Jocopilas, Ana Julia Sandoval.
Una de esas ciudades es Samayac, donde la comuna ha pagado Q200 mil 850 a partir marzo de 2016 por viajes desde su municipio hasta la finca Valdivia. No es la única, porque desde diciembre de 2019 Pueblo Nuevo también ha pagado Q90 mil 550 por llevar su basura hasta allí, registra Guatecompras.
Santo Tomás la Unión, por su parte, ha pagado Q345 mil 750 desde 2016 en el transporte de sus desechos hacia este botadero y San Bernardino, Q183 mil 600. Todas encomiendan esta tarea a Multiservicios De León, empresa representada por Sandra Leticia De León.
Al menos tres de estas envían sus desperdicios al vertedero desde antes de que tuviera aprobación para operar. Al consultar en ellas si estaban al tanto de esa situación cuando comenzaron a hacerlo, lo negaron.
El MARN, por su parte, dice estar enteradp de que el vertedero comenzó a operar sin autorización, pero cuando esto sucede, antes de otorgar la licencia a los interesados se les impone una sanción, explica el vocero, Henry Pocasangre. Cuando se le preguntó cómo se penalizó a los dueños de este lugar por haberlo tenido en funcionamiento durante 10 años sin permiso, no respondió.
San Pablo Jocopilas sigue firme en no aprobar la operación del depósito de desechos y por eso, como Mazatenango, no almacena allí sus residuos. Los envía a “El Rancho”, un botadero ubicado en Chicacao. Según el MARN, este obtuvo la licencia en 2015.
La alcaldía continúa interesada en cerrar el vertedero de Valdivia, pero dice tener las manos atadas al menos durante 2022, porque este año vencerá la licencia otorgada por el MARN. Mientras tanto, el lugar continuará abierto, la basura de ciudades vecinas seguirá en San Pablo Jocopilas y la de este municipio, migrará a Chicacao.
Este es uno de los 2 mil 240 depósitos clandestinos de basura que existían en Guatemala en 2017. Ojoconmipisto solicitó por acceso a la información pública al MARN la ubicación de estos establecimientos a la fecha, pero en su sistema no se registran como tal. “Se han erradicado más de mil en estos cinco años”, fue el único detalle dado por la cartera.
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