Algunos mercados o espacios dedicados al comercio han tenido que cerrar o reducirse por la COVID-19. Esto desencadenó enfrentamientos entre autoridades ediles y vendedores.
Por José Pablo del Águila
El coronavirus obligó a modificar la dinámica del comercio. Mientras que antes los mercados y plazas eran puntos donde convergían vendedores de distintos municipios, ahora autoridades ediles cerraron algunos de estos espacios y tratan de reubicar a locatarios en distintas zonas para evitar aglomeraciones.
Esto aumentó enfrentamientos entre comerciantes de la economía informal y autoridades ediles, reconoce Miguel Ovalle, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam). Explicó que en municipios en rojo, por ejemplo, la sugerencia es clausurar plazas (mercados en la calle) porque entre vendedores y consumidores es difícil procurar que haya una persona por metro cuadrado.
Sin embargo, este es uno de los factores que más conflictos genera durante la pandemia, cuenta el presidente de la Anam. Un ejemplo es Joyabaj, Quiché, donde la alcaldía ordenó a comerciantes del mercado instalarse en la plaza frente a la comuna. Ante esto, los vendedores protestaron y destruyeron mobiliario de la comuna, según documentó la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quiché.
Acuerdos y Soluciones S.A. (AYSSA) es una entidad que estudia soluciones para conflictos sociales que impiden desarrollar actividades económicas y ambientales, identificaron entre el 15 de marzo y el 26 de agosto, 27 acciones de conflictividad social en 19 municipios por comerciantes que rechazan ser reubicados de sus puestos tradicionales.
Cuatro de estos conflictos incluyeron expresiones de violencia, como enfrentamientos con autoridades o destrucción de bienes públicos, por ejemplo. En Cobán, Alta Verapaz; Ixcán, Quiché y la cabecera departamental de Retalhuleu.
María José Aguilar, coordinadora del Sistema de Análisis de la Conflictividad Social de AYSSA, los problemas entre autoridades municipales y vendedores están presente a lo largo de la historia del país. El cuatro por ciento de las acciones de conflictividad social se relacionan con modificar condiciones de espacios del comercio.
A los vendedores les preocupa conservar su clientela y mantener ventajas como la visibilidad. Para evitar estas tensiones, no existe una “fórmula”, pero los funcionarios ediles pueden realizar acciones básicas.
Deben comunicar con claridad los riesgos de no acatar las medidas de prevención, que en este caso puede ser el contagio de la COVID-19 y la muerte. También debe existir una negociación con los grupos inconformes y dar tiempo para que los comerciantes acaten las disposiciones, explica la analista del AYSSA.
Por su parte, Miguel Colop, director de auxiliaturas de la PDH, asegura que en la mayoría de municipios que ha habido reubicaciones no se ha llegado a expresiones violentas. Algunos, como Cantel, Quetzaltenango o Totonicapán, crearon mercados cantonales que permiten evitar aglomeraciones, resalta Colop.
Para que esto sea posible debe existir mesas de diálogo constantes entre autoridades y comerciantes, que son quienes suelen verse afectados por las medidas de prevención. Estas negociaciones deben perseguir que “las personas obedezcan las disposiciones municipales, en garantía al respeto a los derechos humanos”, indicó Colop.