En mayo de 2006 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió el reglamento de aguas residuales. A mayo de 2026 sigue sin entrar en vigencia.
Por Jimena Porres
El Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos cumplió 20 años de haber sido emitido y de no ser aplicado. Establece criterios y requisitos que deben cumplirse para la descarga y reuso de aguas residuales. Desde su publicación la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) solicitó seis prórrogas para su implementación.
La última sucedió por el actual presidente Sebastián Siero, quien también es alcalde de Santa Catarina Pinula. Interpuso una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para incapacitar la normativa. “La autonomía se ve afectada porque nos dan obligaciones, pero no fondos”, explicó.
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Jeanne Samayoa, presidenta de la Alianza por la Cuenca del Motagua, dijo que Guatemala llegó a un punto de insostenibilidad. “El 95 % de los ríos están contaminados y esto en gran medida es por la falta de tratamiento de aguas negras”. Esto sucedió porque ni las municipalidades ni el sector privado priorizaron su tratamiento.
Según el Código Municipal el abastecimiento de agua y alcantarillado es una competencia propia del municipio. Pero algunas alcaldías no le dan importancia. “Tienen fondos para las fiestas patronales, pero no para la planta de tratamiento”, ilustró Samayoa. Contó cómo Panajachel, Sololá, ya las tiene construidas, pero no las opera porque no quiere pagar el mantenimiento.
Nuevo camino con la Ley de Aguas
El viceministro del agua, Jaime Carrera, contó que hay alcaldías que trabajan bien y otras que lo han descuidado. “Hemos encontrado mucha obra tirada. Sistemas de tratamiento que no utilizan o que han abandonado”.
Contó que hay algunas plantas nuevas que nunca comenzaron operaciones, y por lo tanto, demuestra complicaciones técnicas y desafíos políticos. “Hay alcaldes que no quisieron recibir una obra porque era un proyecto de la alcaldía anterior”.
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Samayoa y Carrera creen que la Ley de Aguas es una alternativa para sanear los ecosistemas que lo necesitan. Para Samayoa, el reglamento sí debería liberarse de la CC, pero también debe ir acompañado de la ley. “Los reglamentos se desprenden de una ley. Como no existe, el reglamento era llo único que teníamos. Y aún así lo quitaron”.
Para Carrera, la ley haría que las alcaldías y el Gobierno Central pudieran compartir la carga. “Desde una agencia especializada para asegurar que los sistemas son adecuados, eficientes, efectivos. Que no colisionan con los cambios de administración en los consejos y autoridades municipales. Eso le da más sostenibilidad a toda la obra”.
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